RATAS EN LA JUSTICIA

A mediados de febrero de 2015 una noticia conmocionó a Argentina: un fiscal pidió que se impute a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el posible encubrimiento del peor atentado terrorista en la historia del país, la voladura del centro comunitario judío de la AMIA en Buenos Aires, en 1994.

La solicitud del fiscal, Gerardo Pollicita, se basaba en la denuncia que Alberto Nisman había hecho solo un mes antes y que había sacudido al país.

Nisman acusaba a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros altos cargos de conspirar para encubrir la supuesta participación de Irán en el atentado, algo negado por la Casa Rosada.

Horas antes de que el fiscal especial de la causa AMIA diera los detalles de su denuncia ante el Congreso, apareció muerto con una bala en su cabeza.

Los vericuetos legales llevaron a que la Sala I de la Cámara Federal rechace los recursos de apelación del Ministerio Público Fiscal y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) contra la resolución del juez Daniel Rafecas, que había desestimado la “reapertura” de la causa por la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman. La medida fue tomada por los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que también rechazaron aceptar como querellante a la mutual judía.

La DAIA había presentado un escrito ante la Sala I de la Cámara Federal en el que solicitó la reapertura de la causa de la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner en base a una grabación telefónica. Aseguran que en dicho audio el ex canciller Héctor Timerman le contó al ex titular de la AMIA Guillermo Borger que Irán había sido el autor del atentado.

Días antes Rafecas explicó que en la causa que había iniciado el fallecido fiscal “no había una hipótesis delictiva” que justificara la apertura de un expediente “con las enormes consecuencias institucionales, personales, internacionales y nacionales” que traía aparejado. Aunque todavía no está confirmado, se especula con que la decisión sea apelada y el caso pase a la Cámara de Casación Penal.

Además dijo que esto no es nuevo y apuntó sus cañones contra los magistrados de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, contra el juez federal Daniel Rafecas y contra el fiscal Javier De Luca. «Las ratas vienen zapateando desde hace rato. Esto paso ayer, pero viene pasando desde el año pasado. La nave insignia de esta impunidad se llama Justicia Legítima. Infectaron muchos sectores», enfatizó.

Quién es quién

Empecemos por el fiscal De Luca.

Fiscal Javier De Luca

Siempre atento a las necesidades del kirchnerismo, De Luca tiene una larga tradición de decisiones controvertidas. No sólo fue el fiscal que terminó de enterrar la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA y suele dictaminar a favor de delincuentes de todo tipo, sino que es propietario de una serie de curiosas definiciones. Por ejemplo, asegura que en un Estado democrático los ciudadanos no tienen por qué responder preguntas de la policía, a los delitos los rebautizó como «conflictos sociales», cree que el Código Penal es «sexista, racista y clasista» y piensa que «el castigo es una solución irracional, una trampa».

El vocal de Justicia Legítima volvió a dictaminar a favor de un delincuente arrestado con cinco kilos de marihuana. Opinó que la policía no tenía derecho a demorarlo para identificarlo. En otro expediente había dicho que es «inhumano» exigirle a la novia de un preso que no le lleve droga a la cárcel a su pareja y que 28 porros es «casi nada».

La diputada nacional  Elisa Carrió acusó al fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier de Luca de «cómplice de asesinato», luego de que desistiera de continuar con la investigación de la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman contra la Presidenta por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA.

«El caso se va a abrir de nuevo y la vergüenza le va a caer encima a este señor De Luca o como se llame porque ya es cómplice de un asesinato y de encubrimiento de una causa», sostuvo, y tras ello lo calificó de «perverso».

Sala I de la Cámara Federal

Para entender la actitud de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, hay que conocer sus currículums. A saber:

Juez Eduardo Freiler

Eduardo «Chiche» Freiler tiene en su extenso currículum un valor intangible que en Tribunales pesa a veces más que el conocimiento o la trayectoria: suerte. ¿De qué hablamos?La respuesta la ha dado Romina Manguel en el diario La Nación hace unos años:

Freiler tiene suerte. A tal punto de haber conseguido salir ileso, física y moralmente, del accidente más absurdo que se recuerde en los tribunales de Comodoro Py. Noche de boliche, despedida del año 2004, festejos varios y al final, su Renault Laguna incrustado contra una columna de cemento y él atrapado durante más de una hora hasta que entre los empleados de la Cámara y los bomberos lograron rescatarlo. No se rompió ni un hueso. Pero el espectáculo prometía coletazos. «Mañana lo destrozan», auguró uno de los magistrados que lo acompañaban. E hizo la cuenta: camarista+madrugada+un par de copas+ auto estrellado= escándalo mediático. Pero en la Justicia nunca uno más uno es dos, y unas pocas líneas perdidas que nadie recuerda sepultaron la noticia que no fue.

Hijo de un empleado del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires y de un ama de casa, cursó la primaria y la secundaria en colegios del Estado. Y después de una errática incursión en la Facultad de Ingeniería, aterrizó en la Universidad Católica de La Plata, donde se recibió de abogado. Por esos días conoció al ministro de Justicia, Julio Alak, con quien compartían Interak, un grupo juvenil del Club Rotary. Y a una novia que lo rebautizó «Chiche» por una novela en la que se referían así al protagonista.

De vuelta en Necochea puso un estudio en el que trabajó poco. De la mano de un intendente peronista, asumió como secretario de Turismo del municipio con apenas 26 años. Y en uno de esos veranos de la costa conoció a la que sería su mujer, Marcela Pérez Pardo, camarista en el fuero civil, de la que hoy está divorciado. Ella sería mucho más que un romance de verano: la madre de sus tres hijos y su trampolín a los primeros cargos en la Justicia.

La de Freiler y su suegra no es una historia como la mayoría. Esther «Monona» Pereyra Arandía tampoco es una mujer como tantas.

Casada con Osvaldo Zenón Pérez Pardo, ex funcionario de Isabel Perón, «Monona» se convirtió en los ojos de Alberto Pierri en la Cámara de Diputados mientras él la presidió. Desde el puesto clave de secretaria parlamentaria, Monona tenía poder y contactos. Y le dio un empujoncito a su yerno que lo dejó al frente de la fiscalía de instrucción número 22, donde estuvo un año.

La suerte se cruzó en el camino de Freiler. La suerte y el prejuicio, en medio del feroz ataque a la AMIA en julio del 94. Un hombre cercano a la procuración creyó que Freiler era judío, el apellido al menos le sonaba así. Y con esa convicción lo sumó al grupo de fiscales coadyuvantes en la investigación del atentado a la mutual.

Aquel error le dio visibilidad, roce y contactos políticos. Y él aprovechó el error. Dejó la comisión de fiscales intuyendo que la investigación iba a terminar tan mal como de hecho lo hizo (el juez y los dos fiscales de la causa terminaron procesados). Pero se llevó la amistad con uno de los hombres que mayor gravitación tenían en la Justicia durante la era menemista: Jorge Anzorreguy, el hermano del «Señor 5″, Hugo, quien estaba al frente de la SIDE. Pero Jorge Anzorreguy era una leyenda en sí mismo. » Si él no está el día que jurás, tu nombramiento es inválido», era una de las leyes no escritas en los tribunales de los años 90. Chiche Freiler juró a mediados de diciembre del 94 como fiscal federal, el fuero del poder por excelencia. Y Jorge Anzorreguy estuvo ahí.

Además el camarista que removió a Claudio Bonadio es pariente de los Mercado-Kirchner.  Así es la historia.

Corría el año 2001, Néstor Kirchner no era ni siquiera un proyecto de candidato a Presidente cuando el estudiante de abogacía, Patricio Ricardo Pereyra Arandía, conocía a Natalia Mercado, hija del extinto Armando «Bombón» Mercado y de la candidata a gobernadora por Santa Cruz y actual Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Dos años después sellaron su amor en Exaltación de la Cruz, localidad en la que se realizó la fiesta de casamiento.

Con Kirchner como Presidente, la pareja se mudó al sur, específicamente a El Calafate en la que obtuvieron terrenos fiscales a un precio vil. No fueron los únicos. Según el portal Sin Reservas, Romina Mercado compró en esa época 10.600 m2 a $7,5 el metro. Como fiscal, se investigó a sí misma. Su ex pareja, Santiago María Lozada, fue el juez que intervino en varias causas contra el matrimonio Kirchner como los famosos fondos de Santa Cruz. El juez amigo de Víctor Alejandro Manzanares, cajoneó la causa rápidamente. Manzanares fue el contador de la familia presidencial.

En las tierras regaladas por el ex intendente de El Calafate, Néstor Méndez, Mercado y Pereyra Arandía construyeron la hostería Los Sauces. Según las malas lenguas, el nombre fue idea de la propia Presidenta para competir contra Los Álamos, hostería de Angélica Girometti de Guatti, mujer que fue muy cercana al ex Presidente Kirchner.

El joven Pereyra Arandía rápidamente fue acogido por la familia Kirchner. La confianza era mayúscula y Patricio se convirtió en el “asador” preferido de Néstor en la quinta de Olivos. El joven estudiante de abogacía luego sería director formal de Hotesur hasta diciembre del 2014. Asumió como director de la firma, según el boletín oficial 31564, el 2 de enero del 2009. Actualmente es apoderado de Idea S.A. que administra los hoteles vinculados a la Presidenta como Alto Calafate, La Aldea y Las Dunas. Él mismo negoció con Aerolíneas Argentinas el hospedaje de la tripulación, semanalmente, en el primero de los hoteles. Lo hizo el 20 de septiembre del 2013 según pudo corroborar el juez Claudio Bonadio que lo investigaba como hombre clave en el entramado de lavado de dinero. El marido de Natalia Mercado, según la base de datos Nosis, se dedica a los “negocios inmobiliarios”.

La tía de Patricio, ex director titular de acciones clase C en Hotesur, es María Esther Pereyra Arandía conocida como “Monona” la recordada secretaria parlamentaria durante el menemismo en el Congreso. Años atrás, la periodista Romina Manguel recordaba en el diario La Nación, que “Monona” era los “ojos de Alberto Pierri en la Cámara de Diputados”. La influyente mujer estaba casada con el ex funcionario de “Isabelita”Perón, Osvaldo Zenón Pérez Pardo.

“Monona” fue la suegra del camarista preferido del kirchnerismo, Eduardo “Chiche” Freiler. Uno de los dos camaristas que apartó de la causa Hotesur al juez Claudio Bonadio estaba casado con Marcela Pérez Pardo. Por lo tanto fue durante años primo político de una de las personas que investigaba: Patricio Pereyra Arandía, hombre de extrema confianza de la familia presidencial. De hecho su rostro apareció en los canales de todo el mundo escoltando a Máximo Kirchner en el velorio de su padre al costado derecho del ex fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.

Daniel Santoro descubrió que el hermano de una persona que formó parte del directorio de Hotesur, Mariano Ricardo Pereyra Arandía, trabaja con el camarista que decidió la remoción del juez que investigaba dichas sociedades.

La carrera judicial de Freiler no sólo tuvo que ver con “Monona” sino también con sus contactos con el kirchnerismo a través de su familia política. La ex secretaria parlamentaria colocó a su yerno al frente de la fiscalía de instrucción Nº22 en los años noventa. Freiler participaría en la investigación por el atentado a la AMIA y se acercaría al hermano del “Señor 5” en tiempos de Menem: Jorge Anzorreguy tal como investigó Manguel en su momento.

Al llegar a fiscal federal se divorció de Marcela Pérez Pardo que también tiene una amplia trayectoria en la justicia. Según otra fiscal que conoce a Freiler: “Llegó donde tenía que llegar y se alejó de su mujer, hizo buenas migas con Amado Boudou en la década ganada”. De hecho en Necochea tuvo un estudio jurídico en el que ejerció, durante un breve período, como abogado. El camarista integrante de Justicia Legítima es un caso único: es socio de una financiera en Puerto Madero descubierta por el programa PPT. Se trata de Sociedad Minning Pride.

El programa de Jorge Lanata reveló que Eduardo Freiler, camarista de la Sala I de la Cámara Federal, tiene una financiera en Puerto Madero. Se llama Minning Pride SA y fue creada en 2012. El dato figura en Nosis, una base de datos comerciales. Lo más llamativo es que Freiler no usó terceros. Figura como uno de los dueños. Los otros dos son Marcelo Ruben Sutton y Carla María Lago, esposa del hermano del juez Ariel Lijo. La sociedad se creó en 2012 y hasta ahora nadie se había dado cuenta. Según contó Lanata en su programa de radio (escuchar audio), Freiler no declaró la financiera en su declaración jurada, ni declaró rentas por ese negocio.

Otro dato llamativo es que la financiera funciona en Olga Cossettini 1553, el mismo edificio donde se recluyó Néstor Kirchner cuando dejó la presidencia, en 2007.

Fuente de extrema confianza de la familia Mercado y Pereyra Arandía recuerda que, “ya en el 2005 se hablaba de La Rosadita” y “de las reuniones con Néstor Kirchner en Puerto Madero”. Mientras tanto, la causa Hotesur navega en la intrascendencia. Dos camaristas votaron a favor de apartar al juez Claudio Bonadio luego de allanar la inmobiliaria de Máximo Kirchner. Nadie sabía, hasta hoy, que uno de ellos es pariente político de uno de sus ex directores. El juez que reemplazó a Bonadio fue Daniel Rafecas, casualmente, íntimo amigo del camarista pariente del ex director de Hotesur. Vaya paradoja, el 14 de octubre del 2004, en los albores del kirchnerismo, Freiler juró como camarista y Rafecas como juez. El Presidente de la Cámara Federal Porteña, Martín Irurzun, les tomó juramento en Comodoro Py 2002, pasillos que Cristina Fernández de Kirchner no desea recorrer.

Juez Jorge Ballestero

Jorge Ballestero: en este caso, quien desgrana su currículum ha sido Jorge Lanata. Lo hizo hace más de 10 años, cuando este aún no era camarista:

Durante los once años que, como fiscal federal, ocupó las oficinas del quinto piso de Comodoro Py 2002 intentó darles vuelta la cara a las formalidades de «la familia» e imponer orgulloso su falta de pedigrí.

Cuando le preguntan por su dúplex de Palermo Chico, Jorge “Paty”Ballestero responde:

-“Yo no tengo un departamento, tengo una deuda.

Una deuda, sin embargo, es más que nada:

-“De Paty todos se acuerdan que vivía en Caballito, que andaba con un auto hecho mierda… —“cita, con melancolía, una fuente de Comodoro Py.

Pero en ese entonces Ballestero no había sobreseído a Miguel Angel Vicco en la causa de la mala leche, o a Sofovich por contratar con Sofovich en ATC. Ballestero vivía en Hidalgo al 300, primero 8, en un departamento de setenta metros que era bastante más chico que su actual cochera de 92,6 metros cuadrados.

Paty comenzó la carrera judicial en 1975, como auxiliar de séptima, y siempre se mantuvo con su escaso salario judicial.

El diploma que se presenta en su pliego tiene demasiadas erratas: la UBA lo extiende el 5 de diciembre de 1984 (pero el pliego asegura que se recibió el 29 de abril de 1988), está a nombre de otra persona —“dice Ballestrero— “que nació en otro sitio oriundo de Río Negro“, aunque Paty nació en Capital el 13 de enero de 1956.

Antes de saltar a juez de la mano de Jorge Anzorreguy, Ballestero se desempeñó como fiscal: su causa de mayor importancia fue la del desvío de un crédito que la banca suiza había entregado a YPF, pero terminó en la provincia de La Rioja financiando un acueducto. Raúl Granillo Ocampo estaba, en esa causa, procesado como funcionario pero también como estrella invitada: es accionista de Río Manso, la empresa constructora del ducto. Ballestero archivó la denuncia.

En julio de 1995, el juez Ballestero comenzó un largo sueño de prosperidad: mientras se interrumpía la instrucción en la causa del oro, Paty compró un dúplex de 310 metros en Figueroa Alcorta al 3000, pisos segundo y tercero, entre Tagle y Mariscal Castilla. Allí paga altas expensas (que llegan a nombre de su segunda mujer) y las tareas de remodelación del palier y de pintura de la cochera subieron el gasto otros miles de pesos más.

Ballestero le compró su dúplex a Ricardo Yofre (hermano del Tata, ex subsecretario general de Videla y jefe de la campaña de Angeloz) en 295 mil pesos, cerrando el acuerdo en la inmobiliaria Exa de la calle Arroyo. Paty asegura que, para financiar la operación, obtuvo un préstamo de ciento cincuenta mil dólares del Banco Macro, una entidad mayorista que habitualmente no entrega préstamos a particulares, aunque sí lo hizo en este caso y en el de otros magistrados .

Por el contrario, un testigo de la operación le aseguró a Marcelo Zlotogwiazda (tal como lo relata en su exhaustiva investigación sobre La Mafia del Oro) que el juez pagó 195 mil dólares al contado y los restantes cien mil fueron financiados por el Macro. Otro dato que revela una importante cantidad de efectivo en el bolsillo de Ballestero durante esos años refiere a que, antes de mudarse, el juez remodeló los cuatro baños, cambió los pisos y pintó todo el dúplex. Dos vecinos coincidieron en afirmar que esa tarea puede haberle costado entre 40 y 50 mil pesos. La cifra del arreglo, sin embargo, no amilanó al juez, que semanas más tarde viajó a Estados Unidos en compañía de su familia y compró al volver, en otros cincuenta mil, una camioneta Toyota Runner azul cero kilómetro que podía verse en la playa de Tribunales hasta que se desatara el escándalo de enriquecimiento ilícito de los jueces. En ese momento Paty abandonó la placa judicial por la chapa AIF 725, que aún mantiene.

Mareado por las burbujas del efectivo, el juez olvidó un detalle importante a la hora de comprar su 4 x 4: medir si pasaba por el garaje. La puerta común del garaje del edificio tuvo que levantarse doce centímetros, provocando en el resto del consorcio cierta indignación que puede advertirse en una carta que el administrador de la propiedad hizo llegar al correo de lectores de La Nación. Ahora el incidente ya fue olvidado, y el portero cuenta con algunos pesos más de ingreso fijo: son los que Ballestero le paga todos los meses para que mantenga limpia la camioneta.

El juez Ballestero no sólo alude a créditos cuando le preguntan por su tren de vida: también lo atribuye a la febril actividad de Adriana Ethel Satragno, su mujer, a la que presenta como —decoradora top— de Punta del Este. Consultado , el arquitecto Alejandro Borenztein dijo que nunca había escuchado hablar de tal decoradora top. Lo mismo afirmaron tres decoradores del balneario consultados para esta nota. Adriana no sólo es “top”, sino que también parece “secret”.

La mujer de Paty, sin embargo, declaró a la DGI cincuenta mil dólares de consumo en 1996, veinte mil ahorrados y una base de facturación —incluyendo deducciones— de setenta mil.

El 13 de enero de 1996, Ámbito Financiero no sólo se ocupó de la crónica sobre el cumpleaños de Ballestero, sino que facilitó sus instalaciones de Solanas como anfitrión del juez. En las crónicas de Quinchos del lunes 15, Ámbito muestra a juez y decoradora junto a Scioli y Karina Rabollini, Alberto Piotti y Rodolfo Cuiña, este último dueño de la Casa Rodó, denunciado por evasión impositiva en 1992. Cuiña es, a la vez, quien le presta a Paty su palco en River y quien, según el juez, le habría vendido un BMW que el juez había reconocido como —un regalo del dueño de Rodó— frente a los mellizos ReggiardoTolosa, tutelados por Ballestero durante la sustanciación del caso Miara (Samuel Miara).

Para el Banco Central, Paty tiene dos deudas: 88.700 dólares al Banco Macro y 2.500 al Citibank. Para el Congreso, tiene una: un pedido de juicio político firmado por el diputado Polino.

Juez Eduardo Farah

Eduardo Farah, es un personaje harto denunciado  por su connivencia con el narcotráfico marplatense . Un botón de muestra ha sido la pésima instrucción que hizo en la causa «pez blanco», la cual permitió que el expediente quedara en la nada. El premio por la labor cumplida en la ciudad balnearia, ha sido su asunción a camarista en la influyente Cámara Federal porteña.

Sin embargo,Farah es el camarista federal que votó a favor de que se investigue la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner que fue desestimada esta tarde por el tribunal de la Sala I de la Cámara, que también integran los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (quienes votaron para confirmar el rechazo a la presentación judicial).

El juez rechaza la desestimación del juez Daniel Rafecas . «La hipótesis de la fiscalía, analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada. Y la omisión de hacerlo no es inocua, ni para un análisis de índole teórico ni para confrontar y evaluar los indicios colectados con carácter previo a la denuncia….. Negar su apertura no sólo es incorrecto, contraría lo estipulado por la ley (arts. 123, 180 y 193 del CPPN)»

Estos jueces sorprendieron cuando trascendió que la Sala I de la Cámara Federal porteña resolvió apartar al juez federal Daniel Rafecas del caso Ciccone, luego de que el socio y amigo del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, lo acusara por falta de «imparcialidad».

El juzgado que decidió esa medida estaba integrado por los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, tristemente célebre por sus fallos siempre reñidos con la honestidad judicial.

Esos jueces fueron, por ejemplo, quienes sobreseyeron en noviembre de 2011 al secretario de Energía, Daniel Cameron, a ex funcionarios y ex ejecutivos en la causa por presunto pago de sobreprecios en la ampliación de gasoductos en el país en el 2005, por parte de la empresa sueca Skanska.

Además de Cameron y otros ex funcionarios, la Cámara también dejó sin efecto los procesamientos de varios ex directivos de la firma Skanska, así como de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y de Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Lo interesante del caso es que la de la Cámara no coincide con lo que llegó a admitir la empresa de construcción. Es que la compañía sueca Skanska reconoció en el año 2006 haber pagado «comisiones indebidas» a funcionarios públicos vinculados en la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

Célebres por sus fallos a favor del narcotráfico —siempre bajo argumento de «consumo personal»— Freiler, Farah y Ballestero, han sido los mismos que intentaron una insólita jugada para hacer zafar a la ex ministra Felisa Miceli del expediente que la investiga por el hallazgo de una bolsa con mucho dinero en el baño de su despacho en la cartera de Economía.

No debe dejarse de lado la causa por enriquecimiento ilícito que compromete al ex secretario Ricardo Jaime. Los camaristas ordenaron oportunamente al juez que lleva adelante la investigación desechar como prueba los mails reveladores que se encontraron en la computadora de Manuel Vázquez, íntimo del ex titular de la cartera de Transporte.

Esa docilidad para con los funcionarios del kirchnerismo, no funciona igual con referentes de la oposición. Solo hay que recordar que los camaristas fueron los que, con mucha menos evidencia que la que había en el expediente Miceli, ratificaron el procesamiento de Mauricio Macri por la causa de las escuchas ilegales…

Los fallos de esta Cámara confirman la tesis de que la Justicia no quiere investigar al poder.

 Secretos de Daniel Rafecas, el nuevo juez de la causa Hotesur

El juez Rafecas hoy está en boca de todos tras reemplazar a Claudio Bonadio en la causa Hotesur. Tuvo decenas de casos sensibles y mantuvo un ida y vuelta con el kirchnerismo. De perfil bajo, fue denunciado por mal desempeño en varias oportunidades. Su rol en la causa Ciccone y la historia de su hermano cineasta. 

Su última decisión trascendental había sido desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman, pero su carrera registra un importante número de causas. Llegó al juzgado federal número 3 en 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner llevaba adelante una verdadera renovación del Poder Judicial. 

Otros tiempos. Rafecas y Bonadio, hoy en el eje de la polémica.

A partir de allí tuvo en sus manos causas de relevancia. Actualmente suma cinco denuncias por supuesto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Aunque ninguno de los procesos avanzó de manera significativa, en distintos momentos se especuló con la posibilidad de que sea removido de su cargo por sus idas y vueltas con el Gobierno.

Coimas

El magistrado tuvo la causa por coimas en el Senado y envió a juicio oral a Fernando De la Rúa. El juez recibió la causa ya iniciada, y una de sus primeras medidas fue procesar al ex presidente junto a otros 8 imputados. Rafecas estaba convencido de que el ex presidente había coordinado las negociaciones con diputados opositores a los que les ofrecieron 4.300.000 pesos en coimas para que aprobaran la ley de flexibilización laboral propuesta por el FMI.


Rafecas junto a Estela de Carlotto y Juan Cabandié.

El ex-presidente Fernando de la Rúa, imputado por las causa de los sobornos en el Senado, declaró en 2008 que «Hay una razón política en el fallo del juez», refiriéndose a Daniel Rafecas. El ex-senador Ricardo Branda, también imputado en esta causa, y mientras ejercía como vicepresidente segundo del Banco Central, calificó al Juez Rafecas como «zurupeto [intruso en la profesión notarial] o malintencionado, para ser leve, por no decirle burro jurídico»; Branda fue removido de su cargo en el Banco Central por el entonces presidente Néstor Kirchner a recomendación del Congreso, debido al procesamiento judicial.

El ex-Senador Augusto Alasino, también procesado por esa causa y a la espera del juicio oral, criticó duramente al Juez en declaraciones periodísticas luego de ser indagado en 2006: «es una operación perversa del Gobierno y del juez Rafecas» y «El Galeano de Kirchner va a ser Rafecas y el Telleldín de Galeano va a ser Pontaquarto». El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Hernán Ordiales, declaró con respecto a la causa Ciccone (que involucra al vicepresidente Amado Boudou) que «Existe una actitud irregular del juez [por Daniel Rafecas] al dar información sobre la causa y tener una conducta incompatible con la imparcialidad que debe tener todo magistrado. Hay que investigarlo». A su vez, el Vicepresidente de la Nación, en declaraciones periodísticas definió la causa Ciccone como «cachivache mediático jurídico»1 y acusó a Daniel Rafecas de manejar su juzgado como una «agencia de noticias».

En 2013, De la Rúa fue encontrado inocente. El tribunal oral que sobreseyó al ex presidente dedicó fuertes cuestionamientos al trabajo del magistrado. “La forma en que procedió el juez Daniel Rafecas patentiza su parcialidad y falta de ecuanimidad en la investigación de los hechos”, sostuvieron.

Papel Prensa

Otra causa sensible que instruyó el juzgado federal número 3 fue la que investigaba la presunta apropiación ilegal de Papel Prensa, la imprenta de diarios que habría favorecido al Grupo Clarín. La investigación, llamada “La madre de todas las batallas”, llegó en 2010 en pleno auge de la guerra del multimedios con el Gobierno.

La actuación de Rafecas en la causa le valió críticas tanto de ambos sectores. Ese año, de forma prematura, se declaró incompetente de la instrucción y delegó la causa al Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza.

Hermano cineasta

Lejos de la justicia, el hermano del juez, Diego Rafecas, es cineasta y mantiene fuertes vínculos con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Sin embargo este lazo le habría causado dolores de cabeza.


Diego Rafecas junto a Moria Casan y Enrique Pinti.

El Consejo de la Magistratura, encargado de elegir y controlar a los jueces, impulsó una investigación contra Rafecas en la que el magistrado sobreseyó por el delito de malversación de fondos públicos a ex funcionarios del Incaa. En la causa eran investigados socios comerciales de un socio de su hermano Diego. El cineasta había sido beneficiado con millonarios créditos.


Diego junto al reconocido cineasta Armand Assante.


El consejero detalló en su denuncia los nexos entre los imputados y el hermano del juez, y lo acusó de “no haberse excusado”, “no haber ahondado en la investigación”, de “falta de parcialidad e independencia”. 

Apartan al juez Rafecas de la causa que involucra a Boudou

La Cámara aceptó un pedido del socio del vicepresidente; acusan al magistrado de haber ayudado a la defensa

 

El juez federal Daniel Rafecas  no investigó a Amado Boudou: la Sala I de la Cámara Federal lo apartó  del caso Ciccone, en el que el vicepresidente está acusado de negociaciones incompatibles con su cargo y lavado de dinero. El fundamento de los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero fue que el juez actuó de modo tal que los acusados pueden tener hoy un fundado «temor de parcialidad». El fallo hizo lugar al pedido de uno de los imputados, José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Hoy se sorteará un nuevo juez, que será el encargado, además, de definir la situación del fiscal del caso, Carlos Rívolo. Paralelamente, en el Consejo de la Magistratura seguirá adelante la denuncia promovida por el Gobierno contra Rafecas. La conducta del juez -afirmó la Cámara- encuadró en una de las causales previstas por la ley para separarlo del caso: «Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados».

 

Se conocieron 196 mensajes telefónicos cruzados entre el juez y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, que era amigo desde hacía 20 años de Rafecas y participaba de la estrategia de defensa de Boudou, Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, directivo de la nueva Ciccone. En esos correos, el juez le dio recomendaciones para manejar el caso ante la prensa y sugerencias sobre cómo proceder en la causa en los primeros momentos de la investigación. La existencia de esos mensajes -que en parte desmienten la versión pública que dio Boudou- la reveló el propio vicepresidente, después de que Rafecas ordenó allanar un departamento de su propiedad en Puerto Madero. Esa medida la había pedido el fiscal Rívolo, que es quien hasta ahora ha impulsado la investigación contra Boudou. Hoy, la suerte de Rívolo es incierta. Como la defensa de Núñez Carmona también lo recusó a él, el nuevo juez de la causa deberá decidir si lo separa del caso. Ayer, la Cámara dio una señal clara en contra del fiscal. Dedicó un largo párrafo a alertar sobre «una posible actuación coordinada» entre Rívolo y Rafecas, cuando la ley le impone al juez mantener equidistancia entre el fiscal y los defensores.

Las conversaciones entre ambos eran contundentes: «No podemos tener tanta mala suerte que no haya ningún antecedente!!», le escribió Rafecas a Danuzzo, cuando hablaban de la extraña consulta de la AFIP a Boudou para darle una moratoria a Ciccone.

 

Para los camaristas, esa supuesta actuación coordinada con Rafecas «explicaría por qué el acusador no exigió su apartamiento pese a la noticia de que había informado detalles de la causa, o aconsejado a un abogado ligado a su contraparte». Rívolo no sólo no recusó al juez, sino que además presentó un escrito en el que minimizó la importancia de los mensajes; alegó que no había señales de «una falta de imparcialidad» de Rafecas y dijo que jamás durante la investigación se había visto «impedido, coartado, presionado ni influenciado» por el juez.

 

ENFRENTADOS

 

 

En aquella presentación, Rívolo coincidió con Rafecas en que Danuzzo era extraño a la causa porque no estaba presentado en el expediente. Este fue uno de los argumentos que esgrimió el juez para defender su permanencia en la causa. «No es posible considerar a Danuzzo Iturraspe un extraño ajeno al proceso -le respondió la Cámara-. El intercambio no ocurrió entre el juez y un extraño, sino entre el juez y un abogado de su confianza íntimamente allegado a uno o más imputados, sin descartar que él mismo podría aparecer de algún modo mencionado en la investigación.» Esta referencia se debe a que Rafecas sabía que Danuzzo era, además, director suplente de una empresa de Boudou y Núñez Carmona.

 

¿Por qué envió Rafecas estos mensajes? Según el juez, porque cuando los escribió la investigación la llevaba la fiscalía, él creía que era una causa «puramente mediática» y Danuzzo era un amigo al que vio preocupado. Según Núñez Carmona, para hacer que los acusados cometieran «yerros procesales». Para la Cámara, la finalidad no importa porque cualquiera fuera la intención la conducta del juez encuadra en una de las causales que prevé el Código Procesal para separarlo del caso. En uno de los últimos mensajes revelados, Rafecas le decía a Danuzzo -que se había enojado por una medida del juez- que sus correos anteriores «no debían tomarse como directivas». Los camaristas sostuvieron que para la ley eso es irrelevante. «A ella le bastan los consejos y opiniones, pues el acento está puesto en la trascendencia de que éstos provengan del propio juez de la causa, incluso sin importar su buena fe», afirmaron, en su pasaje más benévolo para con Rafecas.

Piden la destitución del juez Daniel Rafecas

En una solicitada publicada en LA NACION, cientos de personalidades exigen que el funcionario judicial sea removido de su cargo por su «parcialidad» frente a la denuncia de Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner en el caso AMIA

 

 

 

 

Enfocado durante los últimos meses en el caso de José López, el juez federal Daniel Rafecas -que desestimó la posibilidad de que se reabriera la causa presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y algunos de sus funcionarios por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA- enfrenta hoy un contundente pedido para que sea removido de su cargo por «manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura». En una solicitada publicada hoy en LA NACION, cientos de personalidades como Waldo Wolff (diputado de Cambiemos y ex vicepresidente de la DAIA), Luis Miguel Etchevehere (presidente de la Sociedad Rural Argentina), el empresario Gustavo Grobocopatel, la activista Graciela Fernández Meijide, los periodistas Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco y Fanny Mandelbaum y el ensayista Santiago Kovadloff, entre otros, exigen la destitución del juez Rafecas por considerarlo «parcial» en algunas causas, como la mencionada contra la ex mandataria. «Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura (…) El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas», sostiene el escrito. El pedido también condena la actuación de la Sala I de la Cámara Federal, que confirmó la decisión de Rafecas con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la «destacable disidencia» de Eduardo Farah.

 

Los firmantes de la solicitada manifestaron apoyar «con fervor» la apertura de la causa iniciada por Nisman, calificando de «intolerable parcialidad» la actuación de Rafecas y los magistrados que acompañaron su decisión. En tanto, en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se encuentran dos denuncias más contra el juez, una de ellas presentada por el diputado Wolff, en la que indica que Rafecas habría «tergiversado documentación con el objetivo de desacreditar la figura de Nisman», y presentó como pruebas dos documentos que Nisman había dejado en la Fiscalía especial AMIA, uno que elogiaba al gobierno de Cristina Kirchner por su actuación en la investigación del atentado a la mutual judía y otro que lo denostaba. «Esa supuesta contradicción fue mencionada por el juez Rafecas para desestimar la denuncia que había hecho Nisman antes de morir y archivar las actuaciones», sostiene Wolff en la denuncia.

 

El texto de la solicitada

Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timmerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013. Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo récord. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas. La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr, Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de este último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia. Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad. Apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la AMIA, constituye también otro delito de lesa humanidad. Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA, el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro «temor de parcialidad», Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su «meritoria» desestimación del pedido del Fiscal Nisman. Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria.