Al asumir el 25 de mayo de 2003, Kirchner había dicho que “la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable”, y que reservaba “traje a rayas para los grandes evasores”. Otorgó la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a Gustavo Béliz, quien desde el llano militaba por un castigo de las empresas que abusaran del Estado, a las que se debía multar para reparar las arcas nacionales, denunciando ante la Auditoría General de la Nación (AGN) “el latrocinio de la Patria Contratista, de la Cámara Argentina de la Construcción y de los contratos de peajes por las autopistas”. La AGN retomaría las acusaciones en sus informes oficiales y los procedimientos judiciales serían implacables contra los corruptos.

Kirchner y Béliz
Kirchner y Béliz

Todo empezó con la confesión de Lionel Gabriel Michel Queudot que en 1976 había sido voluntario en las milicias cristianas de los hermanos Gemayel en el Líbano, hasta que en 1981 se “exiliara” voluntariamente en Suiza. Para escapar del triunfo socialista de François Mitterrand en Francia, fijó residencia en Ginebra. Y se puso a ejercer de broker en la jungla bancaria helvética, tenida por la más sofisticada del mercado financiero internacional, actuando de fiduciario. Finego, la compañía que utilizaba en Ginebra, había sido declarada en quiebra el 3 de febrero de 2003. Queudot proseguía trabajando como freelance en esa ciudad, compartiendo un despacho en la gestoría de servicios, Algest, Rue de Zurich 38, pero su reputación estaba mancillada. Desde hacía cuatro años se conocía por la prensa que había sido testaferro del dictador congolés Pascal Lissouba. En 1997 se constituyó en su comisionista financiero, fundando una sociedad casi gemela a la suya, fingiendo diferenciarla con las abreviaturas en inglés de las empresas comerciales en una de las antillas británicas del Caribe. A esa Finego Inc-BVI, el broker le abrió una cuenta en Suiza, donde la justicia confiscó más de cinco millones de dólares en enero de 1999. Era el saldo de cuarenta millones de dólares provenientes de sobornos pagados a Lissouba por el gigante petrolero francés ELF, ulteriormente absorbido por Total.

En Berna, ante el embajador argentino Guillermo González, Queudot había presentado pruebas de su accionar con políticos argentinos. El documento traslucía su participación, entre 1997 y 2000, en el pago de una coima de veinticinco millones de dólares a personeros del otrora presidente Carlos Menem.

Carlos Menem
Carlos Menem

La dádiva retribuía la concesión por el control del espacio radioeléctrico argentino al grupo francés Thales. Anteriormente llamada Thomson, la firma fue creada en 1893. Sigue siendo una de las más poderosas del planeta en el ramo de la electrónica militar y de seguridad. Referencia ineludible en las tecnologías espaciales y de información, con una participación del Estado, que detenta el 27% del capital, sus acciones se cotizan en bolsa. La rodea una aureola de corrupción que trastorna fronteras.

Embajador Guillermo González
Embajador Guillermo González

Ha envuelto también al  líder del ANC, Congreso Nacional Africano, y virtual  presidente de África del Sur, Jacob Zuma, denigrado por el tráfico de comisiones ocultas surtidas por Thales.

Jacob Zuma
Jacob Zuma

El gesto de Queudot había sido provocado por la publicación de una nota en el semanario francés Le Point del 3 de octubre de 2003. La crónica relataba sus andanzas, en el marco de lo ejecutado entre Carlos Menem y Thales. Dibujaba un circuito opaco para cuajar el cohecho en Ginebra, ciudad donde él vivía y se localizaba la suiza Finego. Los envíos de dinero se destinaban con predilección a distintas cuentas en los Estados Unidos, una operación que para el broker habría tenido por artífice a Jorge Justo Neuss, un lobbista argentino espasmódicamente afincado en París.

Jorge Neuss
Jorge Neuss

Queudot conocía a González por haberlo saludado fugazmente el mes anterior en Ginebra, al salir de una reunión con el ministro argentino de Justicia, Gustavo Beliz, quien lo convenció de que valía la pena confiar en los tribunales federales de Buenos Aires y testificar sobre la corrupción. La conversación tuvo lugar el 17 de marzo de 2004, fecha en que el ministro del presidente Kirchner interviniera ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que sesionaba en la ciudad suiza. El broker fue invitado a entrevistarse con Béliz, alertado por una fuente periodística de la predisposición del agente financiero a dar su versión de lo convenido entre Thales y Menem. En ese cónclave, concretado en la mansión privada del jefe de la misión argentina ante los organismos de la ONU en Ginebra, también estuvieron Daniel Morin, responsable de la Oficina Anticorrupción (OA) de la Argentina, y un traductor.

Daniel Morin
Daniel Morin

Morin no vivía de fantasías. Con la aplicación artesanal de un tipógrafo, se encargaba de perseguir judicialmente las infracciones cometidas por funcionarios gubernamentales. Era subordinado de Béliz en el Ministerio de Justicia y se había recibido de abogado en 1985, pasando a ser profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y, desde 1992, Fiscal Nacional de Instrucción en la Capital Federal. Visitaría de nuevo a Ginebra al caer abril de 2004. Se alojó en el Hotel Bernina, donde conversó con Queudot las formalidades de su declaración, y concurrió en tren a la audiencia de Berna, permaneciendo en la antesala. Después acompañó al broker hasta el coche que lo devolvería a Ginebra por la tarde.

Quedot admitía que sus relaciones con Jorge Neuss arrancaban en la década de los 80, antes de independizarse con Finego, y durante su trabajo para la financiera Gold Hill de Nyon, próxima a Lausana. El tándem captaba depósitos de particulares latinoamericanos que se invertían en Suiza, y conectaba negociantes de gas argentino o especuladores de metal plata del Perú. Jorge Neuss era uno de los nietos del fundador de la embotelladora de jugos de pomelos que ostentara su apellido y se movía internacionalmente con un pasaporte alemán. Jugaba al golf con Carlos Menem y George Bush senior. Tenía un piso amueblado lujosamente en el 12 de la Avenue Montaigne de París, cuyo valor superaba el millón de dólares. Varias fuentes dicen haberlo visto por allí en tiempos de la dictadura militar 1976-1983, señalando que habría intercedido para obtenerle misiles franceses en los fragores de la Guerra de Malvinas. A Neuss y Queudot los presentó el financiero helvético Pierre Ivan Kern, cercano al primero y socio del segundo, en tanto accionista minoritario de Finego.

Pierre Iván Kern
Pierre Iván Kern

Cuatro años más tarde la metodología que aplicara pareció duplicarse con la firma alemana Siemens. En noviembre de 2008, el Tribunal Supremo de España hizo cosa juzgada la condena de dirigentes socialistas durante los gobiernos de Felipe González, quienes en 1991 cobraron seis millones de dólares de estipendios por otorgar a Siemens el AVE, el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla. En fechas aledañas, la prensa sacó a relucir el mea culpa de la empresa por haber sobornado en 332 contratos por 1.400 millones de dólares, enhebrando a Irak, Bangladesh, Brasil, Venezuela, China, Rusia, México, Israel y Vietnam.

Felipe González
Felipe González

También en la Argentina por el supuesto pago a través de la compañía Mfast Consulting, domiciliada en Nidau, Cantón de Berna, de sobornos por 80 millones de dólares para que en 1998 le fuera adjudicado al conglomerado alemán la licitación por 1.260 millones de dólares de la digitalización de los documentos nacionales de identidad en la Argentina (DNI). Lo habría consumado en presunto favor de Carlos Menem, de dos de sus acólitos, Carlos Corach y Hugo Franco, y del directivo argentino de Siemens, Carlos Raúl Sergi.

 

Carlos Corach
Carlos Corach
Hugo Franco
Hugo Franco
Carlos Sergi
Carlos Sergi

Como en una especie de continuidad de prontuarios por encima de los gobiernos, ese mismo Sergi de los DNI con Siemens, pero ahora con la sociedad intermediaria Traktel, en nombre de la estadounidense Northrop, postuló para quedarse con la radarización del territorio nacional, una licitación de 2.000 millones de dólares lanzada por Néstor Kirchner en 2004. Aquellas coimas de Siemens que remiten a Menem y los suyos habrían renacido con el gobierno de Néstor Kirchner, manteniéndose hasta enero de 2007.

El 7 de enero de 2004, el CEO de Siemens Argentina, Matthias Kleinhempel, llamó a Munich. Cuando cortó con el ejecutivo de SBS, Bernd Regendantz , le envió un fax con 9 hojas adjuntas, una breve explicación y copias de todas las facturas truchas necesarias para destrabarle los pagos al lobbista todoterreno Carlos Sergi.

Matthias Kleinhempel
Matthias Kleinhempel
Bernd Regendantz
Bernd Regendantz

Todo ese material, sin embargo, debió someterse a un código encriptado de trabajo basado en dos palabras -“generar ganancias”-, pero redactadas en inglés -“Make Profit”-, en las que a cada letra se le asignó un número correlativo. Así, si un ejecutivo le pedía a los cajeros en Munich que archivaran un contrato en el “legajo APP”, la “A” significaba “2” y cada “P” un “5”. De ese modo, lo que el informante en verdad indicaba a la sede central por medio de un email, un memorando o apenas un Post-It era que la coima a abonar por ese contrato era del 2,55 por ciento……..Simple y brutal.

Cuando tras tantos años de esfuerzo, tanto dinero invertido en maquinarias, en programas de computación, en infraestructura edilicia, en contraespionaje y en coimas, se suspendieron los proyectos programados, para Siemens significó un terremoto que llegó hasta la cúspide misma de la multinacional.

Volker Jung
Volker Jung

Su CEO global, Heinrich von Pierer, Von Pierer reaccionó furioso. Y su colega de directorio en representación de Siemens Business Services (SBS), Volker Jung , fue más allá. La noticia destrabó su lengua.

-La Argentina es peor que Irán –soltó, iracundo.

-¿A qué viene esa comparación? –le preguntó un ejecutivo de rango medio alto de SBS, Michael Kutschenreuter, con fama propia en el circuito negro.

-Los iraníes también son corruptos, pero al menos ellos mantienen su palabra –atizó-. Pagan y cumplen con los proyectos. Los argentinos, en cambio, son corruptos, pero además no son confiables.

Bajo el aluvional equipamiento, desde usinas térmicas hasta trenes, los 80 millones de dólares por los DNI subieron a un total de 105 millones. En diez años, Siemens pagó 15 millones de dólares a “entidades controladas por el gobierno” de Menem, 35 millones a un “grupo consultor”, y 54 millones a “otras entidades”.

Alstom

La competidora francesa de Siemens,  Alstom —en similitud con Thales, que triangulara el cohecho vía una sociedad intermediaria suiza— se apropiaría igualmente del arquetipo. A instancias de Bruno Käelin, ejecutivo de su filial suiza en Baden, pero con funciones autónomas de broker en Cegelec, una sociedad de utilería en Ginebra, se blanquearon 500 millones de francos suizos a partir de 1995, especialmente gracias al Tempus Private Bank de Zurich, comisiones ocultas distribuidas para conseguir ilegalmente ventajas y penetrar mercados en Brasil, Singapur, Venezuela, Indonesia, México, Italia y Zambia.

Bruno Kaelin
Bruno Kaelin

Según la prensa brasilera, las sospechas se prolongan hasta mediados de 2008 y contaminan a la Argentina. Alstom apuntaba a firmar contratos con el gobierno de los Kirchner que ascenderían a veinte mil millones de dólares para construir tres ramales del Tren de Alta Velocidad (TAVE), más conocido como el “tren bala”, que uniría Buenos Aires con Rosario-Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, contratos sobre los que pesan denuncias judiciales por presunta defraudación a la administración pública.

La corporación Thales Spectrum de Argentina SA (TSA) ganaría la licitación para administrar el espacio radioeléctrico nacional. Abierta en septiembre de 1996, entraría en vigor el 1° de julio del año siguiente, poco antes de que comenzaran a rodar por Ginebra las grageas del cohecho por veinticinco millones de dólares. La Auditoria General de la Nación (AGN), emitió en julio de 2003,un informe sobre el primer lustro de TSA en el cumplimiento de “los compromisos contractuales exigidos al concesionario del espectro radioeléctrico”.

Thales

El colofón era lapidario: Thales no había respetado las condiciones por las que le adjudicaran un servicio que nadie en el mundo privatizara hasta entonces. El examen del “beneficio neto social a favor del Estado y del público en general que se derivó de la ejecución del contrato entre julio de 1997”, cuando se inició la concesión, “y diciembre de 2001”, al cerrarse el lapso auditado, exhibía un sonoro descalabro. La frustración perjudicaba a la República Argentina, cuyo anhelo de mejorar la explotación de un recurso nacional la hiciera delegar su autoridad de policía de la bóveda atmosférica, suponiendo que el país no pudiera desempeñarlo autónomamente. A TSA se le confió monitorear a los 30 mil usuarios de frecuencias de las radios, los canales de TV, radioenlaces, sin contar la telefonía celular y el trunking (telefonía más radio). Se le encomendó también mantener despejado de ondas el sector celeste correspondiente a las fuerzas de seguridad y contralor aéreo, pero la rapacidad de quienes usufructuaron la concesión fue devastadora.

El 29 de abril de 2004, víspera del desembarco de Lionel Queudot en la embajada argentina en Berna, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina, Gustavo Osvaldo Beliz, terminaba de redactar con Suiza un Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal. El convenio fue inicialado en el Palacio Federal helvético, sede conjunta del Ejecutivo y del Parlamento en Berna. Los diez integrantes de las delegaciones de los dos gobiernos, seis argentinos y cuatro suizos, culminaron una ardua negociación, emprendida poco después de que, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner se hiciera con el bastón de mando de la República. El histórico documento actualizaba una vetusta convención bilateral relativa a la extradición, vigente desde 1912 y que no contempla los considerados delitos modernos, como el fraude o la estafa fiscal. Pero lo sustancial de los 35 artículos del proyecto preparaba el camino de la cooperación entre las capitales para luchar “contra el crimen internacional”, en particular “el lavado de dinero, el tráfico ilegal de estupefacientes, la corrupción y el terrorismo”. El texto, escrito en castellano y francés, quedaba listo para la firma de los ministros o presidentes en las ceremonias protocolares, y el posterior “mecanismo parlamentario de ratificación”. Sin embargo, a Béliz lo defenestraron, liquidando sus pretensiones de abatir la criminalidad organizada. Y el Tratado con Suiza fue arrumbado por sus sucesores, Horacio Rosatti, Alberto Juan Bautista Iribarne y Aníbal Fernández.

Horacio Rosatti
Horacio Rosatti
Alberto Iribarne
Alberto Iribarne
Aníbal Fernández
Aníbal Fernández

Sería evidente que para Béliz dar este paso significaba proseguir con sus planes de modernización del Estado en el área que le competía, donde la guerra contra la corrupción era preponderante. El entendimiento con Suiza se intercalaba en el diseño de dotar al país de una Agencia Federal de Seguridad, que aplastara las bandas policiales, interrumpiera el ejercicio arbitrario de la inteligencia en la SIDE, y recuperara los botines del saqueo con que se menoscabara la economía en los gobiernos precedentes. Justamente en Menem se cimentaba el andamiaje que intentaba erigir Béliz, por cuanto abundaban indicios de fondos del ex presidente depositados ilegalmente en Suiza. Por la ley anti-blanqueo de 1998 que obliga a los bancos suizos a “comunicar” cuentas sospechosas, y al promediar 2001, el Ministerio de Justicia y Policía en Berna había admitido la denuncia de una cuenta del ex presidente argentino en la UBS de Ginebra. También otra de su secretario privado, Ramón Hernández, en la sucursal de Zurich del Banco del Gotardo, bajo la piel de Spark Foundation, una sociedad de Liechtenstein.

Ramón Hernández
Ramón Hernández

Las cuentas fueron delatadas por los propios bancos y, en total, abrigaban alrededor de siete millones de dólares, sin saber lo que recibieran y movieran anteriormente. El descubrimiento se debió a la detención preventiva que se le dictara a Menem el 7 de junio de 2001 por las presuntas responsabilidades en el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante sus mandatos. Es costumbre que las instituciones financieras suizas escarben en su clientela cuando los diarios pregonan casos de corrupción, y escudriñen cuentas para informarlas a las autoridades gubernamentales.

En 2003, el itinerario que llevaba a Béliz a Suiza engarzaba con la restitución de capitales esquilmados al país, por la que se esforzaban en el gabinete de Kirchner. El propósito era recurrente en la agenda con el presidente, quien empero lo mantenía en un cono de sombra. Cuando Béliz le anunció que saldría de viaje en noviembre de 2003, Kirchner no se opuso. Sólo respondió: “Los muchachos se van a empezar a preocupar”. Era la primera vez que la SIDE se descolgaba en los diálogos entre los dos hombres, erigiéndose en una especie de frontera intangible que era peligroso franquear. La SIDE barajaba otra opción para buscar activos ilegales en el exterior: una agencia privada estadounidense ofertaba rastrear las cuentas en trueque por un porcentaje de lo que se recuperara. En los demás frentes de fricción entre los privilegios de la SIDE y las áreas confiadas a Béliz, el choque sería igual de frontal. Y terminaría fomentando que Kirchner lo expulsara del gobierno el sábado 24 de julio de 2004.

El embajador Guillermo González batalló para que la visita de Béliz a Berna en noviembre de 2003 diera resultados palpables. Anteriormente, Guillermo González ya había sido embajador en Suiza para Menem y Duhalde, y bajo Kirchner trataba de agilizar la interlocución bilateral. Su voluntarismo hacía sonar la hora de los esclarecimientos y de la depuración de responsabilidades políticas y judiciales. Con un embajador de carrera que prescindía de las chicanas peronistas por ser afiliado a la UCR, y que mantenía un alto nivel de presencia en los medios de comunicación helvéticos, sumado a un abogado local mandatado por el Estado argentino, Suiza estaba al borde de convertirse en un campo de belicosidad a cielo abierto entre Kirchner y Menem. Para Beliz la inminente refriega tenía visos de revancha. Como secretario de Estado de la Función Pública y ministro del Interior con Menem entre 1989 y 1993, había renunciado a sus funciones señalando la corrupción de la administración. Su causa renacía con Kirchner en 2003.

Desde noviembre de 2003 se sucedían las reuniones en Olivos para ajustar detalles del megaplán trienal de Justicia y Seguridad trazado por Beliz. Compuesto por 17 proyectos de ley y 40 medidas administrativas, y encaminado a brindar “mayor transparencia, eficacia y responsabilidad social al ámbito policial”.

Entre los meses de mayo y junio de 2004, mientras Daniel Morin redactaba su acusación contra Thales, dos denuncias arribaron a los juzgados federales de Buenos Aires que pretendía regenerar Beliz. Las dos apuntaban a Kirchner.

La primera recayó en el incombustible Jorge Urso. Venía promovida por los abogados,Juan Carlos Iglesias, simpatizante de la UCR, y el peronista Juan Gabriel Labaké. Planteaban “apología del crimen, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. La sugestión debatía el uso que el gobierno provincial de Santa Cruz “hizo de los más de quinientos millones de dólares que la Nación le concedió por regalías petroleras mal liquidadas”, un desembolso acontecido en 1993, dineral invertido por el entonces gobernador Kirchner en el exterior, un laberinto con terminal en el Credit Suisse de Zurich.

Juez Jorge Urso
Juez Jorge Urso

La segunda denuncia fue a parar a dominios del inmutable Juan José Galeano. La patrocinaba el abogado Iglesias, quien barruntaba enriquecimiento ilícito sobre el patrimonio del matrimonio presidencial, poniendo bajo la lupa un conglomerado de bienes inmuebles en la Patagonia y Buenos Aires, automóviles y depósitos bancarios en el país y en el extranjero, cuya contabilidad no es fácil desencriptar aún hoy, cotejando los libros y los artículos que se han escrito. Lo importante no debió ser a cuánto podía ascender la fortuna, multiplicada por cinco en ocho años, sino el pedido de que la Justicia escrutara las declaraciones juradas de los esposos, compulsara registros de propiedad y ordenara peritajes. Aunque se fuera presidente o senadora, eran evidentes los riesgos de no salir indemnes: la discrecionalidad del juez suele ser imprevisible y nadie está exento de un error u omisión.

Juez Juan José Galeano
Juez Juan José Galeano

Sin embargo la actititud de Béliz ante la jueza María Servini de Cubría sería clave en el desarrollo de las circunstancias. Funcionaria con autoridad electoral, Servini de Cubría arbitraba en cuestiones internas del peronismo, y entre su personal alistaba a la hija abogada del inconfundible agente de la SIDE Antonio “Jaime” Stiuso.

María Servini de Cubría
Jueza María Servini de Cubría

Beliz tenía a la magistrada en la mira. Su reforma judicial pregonaba sacarle jurisdicción electoral, en el marco de fundir a los 12 jueces federales porteños en un fuero global de 57 jueces para la Capital del país, y juzgar los delitos contra la administración pública por jurados populares, contrarrestando así toda perspectiva de arreglo impuesto por el poder político. Hipotéticamente, el dilema de fondo podía encuadrárselo en una extorsión. No era descabellado imaginar que si se avanzaba en atropellar a la jurisdicción federal, eventualmente progresarían las denuncias electorales contra el peronismo y el gobierno de Kirchner. El precedente no estaba exento de envenenar las cuarenta causas por corrupción que se le habían ido conformando al gobierno, y seguramente por eso el plan Béliz no terminaba de convencer a Kirchner. El jefe del Estado razonaba bruscamente: “Prefiero doce delincuentes a los que les cuento las costillas, que más de cuarenta que ni sé cómo se llaman”. En ese mar agitado navegaban los dos sumarios que intranquilizaban a la pareja gubernamental. Entonces, el presidente optó. Dos años más tarde, Servini de Cubría enterró las denuncias por el financiamiento de la campaña electoral de Kirchner en 2003, cuyo tesorero fuera Alberto Fernández. El Ministerio Público no apeló.

Alberto Fernández
Alberto Fernández

El 22 de julio de 2004, el comisario general Eduardo Prados fue exonerado.”Fue relevado porque el Presidente dio instrucciones sobre cómo organizar el operativo de seguridad. Al darse determinadas circunstancias y no seguir esas instrucciones, se produjeron los cambios”, anunció Daniel Scioli, por pedido de Kirchner. Curiosamente, el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, faltó en la comunicación de semejante vuelco en la política de su área.

Comisario Eduardo Prados
Comisario Eduardo Prados

Lo reemplazó Néstor Jorge Valleca, a quien la agrupación HIJOS le reprochara haber reprimido en septiembre de 1998 una manifestación estudiantil contra el represor Miguel Etchecolatz, incidente sin esclarecer totalmente.

Comisario Néstor Valleca
Comisario Néstor Valleca

El sábado siguiente lo voltearon a Béliz, quien declamó su testamento político, reiterando ante las cámaras de televisión lo que les recitara a los Kirchner y a Alberto Fernández en Olivos. “Y yo me creí esto de la lucha contra la corrupción”, se reprochó por lo bajo, divulgando por lo alto que, a los 42 años, abandonaba la política para siempre. “A Kirchner no le interesa la seguridad”, aseveró el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, en su acongojada renuncia. Corolario: se desestimaron las 21 iniciativas del plan trienal de Seguridad y Justicia, y fue desactivado el “FBI autóctono”, que preveía como correlato traspasar las comisarías federales de la capital a la ciudad autónoma de Buenos Aires. La Policía Federal paró la limpieza.

Norberto Quantín
Norberto Quantín

“Vos podés sentir que si pinchás teléfonos para tener información sos más poderoso, pero vas a ser esclavo de quien los pincha.” El silencio inundó la sala de la quinta de Olivos y Gustavo Béliz, entonces ministro de Justicia, sintió que no tenía retorno. “Dejá, de eso me encargo yo”, cerró el diálogo el presidente Néstor Kirchner, con la senadora Cristina Fernández como testigo.

En esa reunión, el 23 de julio de 2004, que marcó el final de Beliz como ministro, les había advertido a los Kirchner sobre maniobras ilegales y corrupción que se escondían en las operaciones de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y había señalado al poderoso director de Contrainteligencia “Jaime” Stiusso como el máximo responsable. Horas después el ministro fue despedido con una llamada telefónica. Stiusso ya hacía aportes importantes a Kirchner.

Unos días más tarde, fueron los propios familiares de víctimas de la AMIA los que llevaron su preocupación hasta el despacho presidencial. Kirchner había levantado el secreto de los archivos de inteligencia sobre el atentado. Pero cuando los familiares iban a buscar la información, los recibía Stiusso.

El ministro Gustavo Béliz dijo que “sectores mafiosos” de la policía y de los servicios de inteligencia del Estado, “con ramificaciones en el poder judicial”, estaban intentando desplazarle del cargo. La Secretaría de Inteligencia del Estado estaba bajo control de dos amigos y ex funcionarios de la provincia de Santa Cruz cuando Kirchner era el gobernador.

Primero fue Sergio Acevedo reemplazado por Héctor Icazuriaga.

Sergio Acevedo
Sergio Acevedo
Héctor Icazuriaga
Héctor Icazuriaga

Kirchner se desprendió de Béliz porque era “muy conflictivo y todos los quilombos me rebotan acá todo el tiempo”, inconfundible mensaje para el sucesor Rosatti. Alberto Fernández forzó la renuncia de Prados y precipitó a Quantín y Béliz en la hoguera de los medios de comunicación. Habían cumplido las consignas presidenciales de no reprimir desmanes alentados por provocadores supuestamente no identificados, pero se hizo creer a la opinión pública que desobedecieron a Kirchner, cuando fue al revés. La piedra de la discordia había sido arrojada el 16 de julio precedente, cuando la protesta de unos 300 vendedores ambulantes, taxistas, prostitutas y travestis contra los debates realizados en el parlamento de la ciudad de Buenos Aires para modificar el Código de Convivencia en ciertas zonas de la Capital, degeneró abruptamente en disturbios frente al edificio de la legislatura porteña. La desproporcionada acometida duró cuatro horas. Hubo vidrios rotos a cascotazos, el incendio de las puertas en la fachada del recinto, rotura de muebles y computadoras. En el desquicio del casco céntrico, el periodista Gerardo Young, biógrafo inmisericorde de Stiuso, recabó la presencia de “extraños muchachos”, probablemente “agentes de la SIDE infiltrados para armar quilombo”.

Un día después de su destitución Béliz completó la estocada que le valió el exilio y un juicio aún no concluído. En el programa de Mariano Grondona, Hora clave, mostró una foto con el rostro de Stiusso, pero también lanzó una serie de denuncias que desnudaron el manejo kirchnerista de la millonaria caja de inteligencia. A partir de ese momento, ya sin trabajo, no pudo conseguir empleo en la Argentina, y emigró a Washington, gracias a un contrato en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y luego en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Según su denuncia, Stiusso era el verdadero poder en las catacumbas de la Secretaría de Inteligencia. Y fue más allá: sugirió que la campaña electoral que llevó a Kirchner a la presidencia se financió con fondos reservados de la SIDE, que en 2003 tuvo una inyección extra de $ 100 millones. En 2003, el presupuesto de la SIDE era de $ 138 millones y, en 2004, se blanqueó aquel refuerzo, para pasar a $ 238 millones.

Durante el juicio iniciado por Stiusso por haber violado secretos de Estado al mostrar su fotografía, el ex ministro describió al poderoso y temido agente de la SIDE como un extorsionador de jueces y políticos, y lo vinculó con las grabaciones del juez Norberto Oyarbide en un prostíbulo gay, en los años 90.

Juez Norberto Oyarbide
Juez Norberto Oyarbide

El 16 de septiembre de 2004, el presidente Kirchner subió al Senado los pliegos para cubrir tres años de vacíos en la justicia federal porteña. Al mes siguiente fueron entronizados cuatro nuevos jueces. Dos de ellos interesan a este relato.

Guillermo Tristán Montenegro asumió el Juzgado Nº 7, que subrogaba Urso, domicilio del sumario Thales, y de la causa por el botín petrolero de la gobernación de Santa Cruz, abovedado en el Credit Suisse de Zurich.

Guillermo Montenegro
Juez Guillermo Montenegro

A Julián Daniel Ercolini le tocó el Juzgado Nº 10 que substituía Galeano, lupa del supuesto enriquecimiento ilícito de los Kirchner.

Juez Julián Ercolini
Juez Julián Ercolini

Urso dejó por herencia una comisión rogatoria notificada a Suiza en septiembre 2004, cuya ejecución quedó en suspenso. Berna admitió que era posible proceder contra Kirchner por presunta gestión desleal de fondos públicos, pero necesitaba antes que una autoridad competente en Buenos Aires se pronunciara sobre las inmunidades que gozan los jefes de Estado, de sinfonía en la ley argentina. Montenegro no contestó porque miraba para Santa Cruz. Interpretó que los fondos en cuestión no eran federales, sino provinciales, y se desligó del procedimiento.

A principios de junio de 2005, en los tribunales de Río Gallegos le tocó sobreseer al juez Santiago María Lozada, concubino de Romina Mercado, sobrina de Kirchner, y la Corte Suprema de la Nación se declaró incompetente para revisar el sobreseimiento.

Juez Santiago Lozada
Juez Santiago Lozada

Ercolini encaró algo semejante, aunque las casualidades pudieron ser trágicas. El fiscal Eduardo Taiano formuló su requerimiento de instrucción pidiendo los temibles controles de costumbre, pero “el único análisis global sobre el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner lo realizó el contador puesto por el matrimonio”, narran los periodistas Pablo Abiad y Mariano Thieberger, en su exhaustivo volumen sobre la Justicia a medida de los Kirchner, libro aparecido hace tres años. Sin ese peritaje esencial, la resolución de sobreseimiento fue dictada por Ercolini el 23 de marzo de 2005.

Fiscal Eduardo Taiano
Fiscal Eduardo Taiano

Tal vez el fiscal Taiano sopesaba recurrir, pero el día indicado para que desenvainara la estilográfica con que debía firmar, su hijo de 17 años fue blanco de un secuestro exprés. Al chico lo raptaron por unas horas. El padre no apeló.

Deslavados en tribunales, no se apaciguan los interrogantes que socavan la fortuna bicéfala de los Kirchner. El 31 de diciembre de 2003, el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz “certificó” al flamante gobernador, Sergio Acevedo, que los “líquidos disponibles” colocados fuera del país ascendían a 507.420.707,21 dólares estadounidenses. El 1° de agosto de 2005, Acevedo prescribió su restitución a la provincia, la cual recién finalizó con el segundo de sus sucesores, Daniel Peralta. Pero lo devuelto ascendió a 390 millones de dólares, quedando sin saberse adónde fue a parar la diferencia. El 25 de marzo de 2008, ese saldo de 390 millones de dólares retornó a Buenos Aires vía Basilea, para zafar de una demanda de confiscación de la Justicia de los Estados Unidos, que buscaba resarcirse de pasivos del Estado argentino relativos a sumas impagas de la deuda externa, de los cuales sólo 320 de esos millones se acreditaron en una cuenta de la Sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación en Buenos Aires. Nunca se supo la cantidad inicial que se giró al extranjero, del total sufragado por el Ministerio de Economía nacional quince años atrás al gobernador Kirchner en calidad de regalías mal liquidadas a la provincia de Santa Cruz. Se desconoce la fecha de salida del país de ese dinero y cuál fue el itinerario exacto del capital, que habría partido hacia el Morgan Stanley de Nueva York, bifurcando luego a Luxemburgo y la Confederación Helvética, confluyendo en el Credit Suisse de Zurich. Tampoco se han identificado fehacientemente los agentes financieros que mediaron en el extenso recorrido de la inversión y sus emolumentos, y las comisiones que suelen deducir tanto el banquero como el cliente. Menos aún el rendimiento del capital, que debió duplicarse en diez años a una tasa normal del 6% o 7% anual, y si los intereses pudieron derivar, total o parcialmente, a otras cuentas.

En la documentación ventilada en la prensa surge que al menos uno de los gestores de la operación fue Aldo Luis Ducler, exsecretario de Planeamiento y de Hacienda de la última dictadura militar argentina 1976-1983, tenido por dueño del banco M.A. y de la casa de cambios Mercado Abierto.

Aldo Ducler
Aldo Ducler

El dinero de los narcotraficantes del cartel de Juárez infiltró esas instituciones blanqueándose capitales de Amado Carrillo Fuentes, fallecido líder del cartel de Juárez, operaciones discernidas en el informe de 2001 del Senado de los Estados Unidos. Esta información también había sido aludida en la bancarrota del Banco General de Negocios, relacionado con 5 millones de dólares descubiertos en una cuenta del Credit Suisse, que Suiza propuso entregar a la Argentina en 2003, fracasando en el intento.
Ciertos reportes bancarios sobre el deambular errante del tesoro santacruceño iban dirigidos a las oficinas de Ducler situada en Avenida Corrientes 415 de Buenos Aires.

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Jorge Capitanich fue socio de Aldo Ducler, y su consultora integró el fondo de inversión Fondagro. Por caso, el ex diputado radical Carlos Ullrich denunció que fue Coqui el que presentó a Ducler a potenciales inversores del norte del país, reunidos en el Hotel Covadonga a tal efecto.

El nexo político de Ducler con Capitanich data de 1999, cuando el banquero fue asesor de Ramón “Palito” Ortega en la campaña presidencial. El tucumano había sido, a su vez, el padrino político del chaqueño e impulsó su carrera política antes de que se convirtiera en secretario de Desarrollo Social nacional.

El vínculo entre Capitanich y Ducler llegaría a ser comercial. En los 90, el gobernador de Chaco creó varias sociedades, entre ellas la consultora M-Unit SRL. Esta firma incursionó en el negocio de la explotación agrícola como integrante del fondo de inversión Fondagro. Sus socios eran otras tres empresas: Mercofond, Custodia Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión, Separ y Mercado Abierto, la financiera de Ducler acusada por los Estados Unidos.

Según reveló oportunamente el periodista Alfredo Leuco, fueron “tiempos de gloria, de plata dulce para MA Bank, la banca offshore de Mercado Abierto, la financiera de Ducler”.

Néstor Kirchner utilizó a su vez los servicios de Ducler para enviar afuera del país los hoy evaporados fondos de Santa Cruz, dinero que le fue entregado como compensación por regalías petroleras mal liquidadas por Domingo Cavallo.

Aquel pago millonario a Kirchner fue un premio del menemismo a la militancia de la provincia de Santa Cruz a favor de la privatización de YPF, que tuvo como miembro informante a Oscar Parrilli.

“En ese momento, Kirchner era su gobernador preferido: el mejor alumno del modelo de convertibilidad”, recuerda Leuco.

En esa oscura trama aparece la silueta del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien asesoró por más de cuatro años a Capitanich y hasta escribieron un libro juntos. “Axel trabajó en la consultora M-Unit que tuvo grandes contratos con Gildo Insfrán en Formosa, incluso la privatización de su banco, y que fue parte de la sociedad con Aldo Ducler”, según Leuco.

Capitanich-Kicillof
Capitanich-Kicillof

 

Está comprobado que, desde cuentas bancarias monitoreadas hasta entonces por Ducler, se hicieron al menos cuatro transferencias a la cuenta 0835-860194-3, abierta el 5 de marzo de 2003 en el Credit Suisse.

Allí se transfirieron fondos de Morgan Stanley pertenecientes a los Kirchner. Parte de las transacciones fueron publicadas oportunamente por el periodista Walter Goobar:

-El 12 de marzo de 2003, 220 millones de dólares.

-El 12 de marzo de 2003, 60 millones de dólares.

-El 13 de marzo de 2003, 60 millones de dólares.

-El 17 de marzo de 2003, 60 millones de dólares.

Al 31 de diciembre de 2003, el saldo era de 402.737.082 dólares. Otra cuenta se abrió en la Unión de Bancos Suizos.

“Para la UBS, la provincia de Santa Cruz es el cliente 0240486-608, pero en lugar de enviar los resúmenes de cuentas a la gobernación de la provincia, al Ministerio de Economía o a la Casa de Santa Cruz, los suizos los enviaban a Reconquista 360”, asegura Goobar.

Otros llegaron al despacho porteño de Juan Carlos Cassagne, uno de los ideólogos de las privatizaciones con Carlos Menem, después integrante de los directorios de algunas de las empresas privatizadas, entre ellas Thales. Fue muy laborioso para los tribunales procesar a Cassagne por defraudación al Estado, quedando diferido si cobró coimas.

Juan Carlos Cassagne
Juan Carlos Cassagne

Durante el transcurso del año 2001, la Cámara de Diputados creó la Comisión contra el Lavado de Dinero que congregó a la entonces diputada y actual ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrio, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, José Vitar, Gustavo Gutiérrez, Franco Caviglia, Horacio Pernasetti, Daniel Scioli y el hoy difunto Carlos Soria. Bajo su custodia estuvo la recopilación de toda la documentación del informe del Senado estadounidense, vulgarizado como las “cajas”.

Esa documentación fue archivada sin consecuencias políticas ni judiciales. Quizá Néstor Kirchner se enteró que su primer ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, acariciaba la intención de reabrir esas “cajas” y vaya a saber si también por eso lo eyectó de su gobierno en julio de 2004.

El 30 de noviembre de 2005, al concluir su mandato de jefa por concurso interno en el Banco Central para dirigir la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia (UIF), Alicia López no quiso renovarlo, sin duda escaldada por el desperdicio de la oportunidad para rescatar los fondos suizos del Banco General de Negocios (BGN). Acusó “cansancio moral” por la falta de apoyo oficial a su labor para luchar contra el lavado de dinero.

Alicia López
Alicia López

La juez Servini de Cubría incitó dos causas penales federales, que fueron a parar a los juzgados de Jorge Ballestero y Julián Ercolini. Le recriminaron a López encubrimiento a raíz de sus críticas al gobierno, e incompatibilidad con la función pública al postularse para capacitar funcionarios, tareas docentes y académicas que debían llevarse a cabo durante la gestión de Gustavo Béliz. Pese a que los fiscales no vieron delitos, Ballestero esperó hasta fines de 2007 para archivar las causas, en tanto que Ercolini mantiene abierto el sumario. El 20 de noviembre de 2006, se hizo pública una reunión del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl Anthony Wayne, con Alberto Iribarne, entonces ministro de Justicia, inoxidable por haber servido en funciones de gran responsabilidad tanto a Menem como a Kirchner. El comunicado difundió la satisfacción por “el nivel de cooperación alcanzado en una amplia gama de temas”, pero desestimó las cuentas de Nueva York y Filadelfia, ómnibus de los sobornos por la privatización del espacio radioeléctrico argentino.

Earl Anthony Wayne
Earl Anthony Wayne

El 28 de septiembre de 2007, los tribunales de Buenos Aires anunciaron el envío a juicio oral de la causa por el ocultamiento de ciertos bienes de Menem al fisco, donde perdura en ausencia su cuenta de Ginebra,

“¿Qué cuenta? No hay ninguna cuenta mía en Suiza. Fue un invento. Fueron a Suiza (Gustavo) Béliz y el juez (Norberto) Oyarbide y no había nada”, exclamó Menem preanunciando su defensa. La fecha de la vista es todavía incierta porque en mayo de 2008 la Oficina Anticorrupción (OA) planteó volver a hacer un exhorto a Ginebra reclamando dicha cuenta, esencial para solventar el proceso. El 12 de noviembre de 2008, el Tribunal Oral hizo lugar a la demanda, y ordenó enviar comisiones rogatorias a Suiza, por Menem, y a Liechtenstein, para verificar la titularidad de Ramón Hernández en la sociedad de su cuenta en Zurich.

Heredado del juez Norberto Oyharbide, el expediente está hoy bajo el mando del  juez titular Sebastián Casanello, quien asumió en octubre de 2012. Prosigue la investigación en cuanto al cohecho, tanto para el ex-presidente Menem como para los otros doce incriminados. Es el quinto magistrado de los que se han sucedido al frente de la causa. Respecto a las coimas de Thales, llama particularmente la atención que la situación de Carlos Menem lleve diez años en el limbo, haciendo fintas de intocable. A los 83 años, espera gozar de sus fueros de senador nacional hasta el 9 de diciembre de 2017.

Juez Sebastián Casanello
Juez Sebastián Casanello

Pródiga en sorpresas, la suerte pudo haber tomado un camino menos explícito, si el senador Menem hubiera aceptado la propuesta que le habría hecho llegar Kirchner. A cambio de lograr frenar las causas judiciales en su contra, se le pedía el voto que le faltaba al gobierno para hacer aprobar en el Congreso las retenciones agropecuarias. Fue el 17 de julio de 2008 y Menem rechazó el ofrecimiento porque no lo creyó realizable. Estropeó el intento de la presidenta Cristina de subir los impuestos a las exportaciones agrícolas, y así, todo siguió como antes.

Incrustadas en la banca helvética, las efigies de Menem y Kirchner, al igual que las coimas y robos que se muestran en  este artículo, se han enmohecido por la impunidad y el olvido.

Kirchner-Menem
Kirchner-Menem

Fuente: Juan Gasparini, Hugo Alconada Mom, informe Carrió, recopilación propia

 

 

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