Silvia Tolchinsky
Silvia Tolchinsky

Silvia Tolchinsky está cruzando la frontera hacia Chile la mañana del lunes 9 de septiembre de 1980. Piensa que el reencuentro con sus hijos, a los que no ve desde hace seis meses, se está acercando. Lleva una hora de espera. Su documento, como el del resto de los pasajeros, está retenido en Migraciones. La llaman. Los gendarmes le piden que identifique su bolso y la trasladan a un cuarto apartado para revisarlo. Mientras muestra sus pertenencias, el ómnibus parte y los gendarmes se van. Ella queda con un grupo de personas de civil. Muchas veces se había bajado de un colectivo porque sentía que la estaban persiguiendo; muchas veces, también, había imaginado cómo sería el momento del asalto. Hasta que el asalto llegó: la insultan, la desnudan, le pegan y la encañonan.
Tolchinsky era la última militante montonera de la Contraofensiva de 1980 que quedaba en la Argentina. Había llegado en la Semana Santa de ese año para insertarse políticamente. Debía reconstruir la Organización en la zona sur del Gran Buenos Aires. Vivió seis meses en una casa de Lomas de Zamora; escribía boletines de prensa con noticias de los conflictos gremiales. Los repartía en centros barriales o en las puertas de fábricas o los colgaba en un gancho cerca de las estaciones o paradas de colectivos. También entregaba volantes. Caminaba mucho. Pero los resultados de su incursión fueron escasos. Poca gente le abría las puertas de su casa para conversar. Compartían las críticas a la dictadura, pero no deseaban comprometerse. La miraban con miedo. “No es el momento para que ustedes aparezcan por acá”, le decían.
A los 25 años, Tolchinsky ya era viuda. Había sido esposa de “Chufo”, Miguel Francisco Villarreal, un cuadro de la Columna Oeste, que además era biólogo y delegado sindical del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los dos, Villarreal y Tolchinsky, junto con sus tres hijos, se habían ido a Israel a mediados de 1977, donde vivían los padres de ella. Fue una partida obligada porque Tolchinsky tenía pendiente, cada vez con mayor urgencia, una operación en la columna vertebral, demasiado riesgosa como para realizarse en la clandestinidad. Después de la intervención quirúrgica, ambos partieron a México y en febrero de 1978 se separaron. La Organización envió a Chufo a la Argentina con la misión de establecerse en La Plata. En los dos últimos años las conducciones zonales se habían renovado vertiginosamente hasta extinguirse. Chufo debía recuperar cuadros de menor nivel que hubiesen quedado desenganchados y reconstituir la Columna. Cuando le sacaran la barra de metal que le habían puesto en la espalda, Tolchinsky lo acompañaría en la tarea. Desde la Argentina, Chufo le escribió: “No es que nos equivoquemos en lo que decimos. Es que los tiempos son otros”. Argentina ya había ganado el Mundial 78. Después de la euforia, la sociedad se sentía en paz con la dictadura.

Miguel Francisco Villarreal
Miguel Francisco Villarreal

Tolchinsky tenía citas con su marido a partir del 13 de julio en Buenos Aires. Seis días antes, Chufo es secuestrado.

Miguel Villarreal había acordado un encuentro en la Capital con una militante que debía viajar a México. Pero una vez que entró en el bar El Foro, en la esquina de Corrientes y Uruguay, sintió que varias miradas lo apuntaban desde distintas mesas. Prefirió salir y perderse en la multitud. Se introdujo a paso firme en la boca de subte de la estación Uruguay, que estaba en la esquina.

Esquina de Corrientes y Uruguay donde estaba el bar El Foro

Un grupo comando lo corrió por el andén, lo atrapó y empezó a llevarlo a la rastra. Frente a decenas de testigos, desde el suelo, Villarreal gritó su nombre, el de su madre, e ingirió la pastilla de cianuro. Cuando en horas de la tarde un grupo de personas se presentó en su casa de la calle 62, aduciendo ser compañeros de militancia de su hijo, su madre, que era una reconocida notaria de La Plata, ya sabía del secuestro. Sin embargo, no alcanzó a cerrarles la puerta. Los hombres irrumpieron con violencia y revisaron cada rincón en busca de documentos o lo que hubiera. Esposaron a todos, menos a una sobrina de once años, a la que obligaron a cocinar a punta de pistola y pusieron a atender el teléfono para decir que estaba todo normal. Luego le arrancarían su cadenita de oro y se llevarían a Cecilia, la hermana de Villarreal, a la mucama y el salario de ésta. Las dos fueron interrogadas por separado durante seis horas. Primero liberaron a la mucama y después a Cecilia, tras ser torturada en la ESMA durante dos días. Cinco días más tarde, un llamado telefónico informó a la madre de Villarreal que el cuerpo de su hijo había sido encontrado en un parque de la ciudad de La Plata. Para entregarlo, le pidieron que firmara una declaración policial que notificaba que su muerte había sido causada por un drama pasional.

 

Frente a la caída de su esposo, la Organización suspendió el viaje de ella a la Argentina y después de algunos meses, en 1979, la envió a Cuba. Tolchinsky llegó a la isla con sus tres hijos y empezó a desempeñarse en la Secretaría Técnica. Su responsable era Firmenich. Su trabajo consistía en ordenar el archivo histórico de la Organización, publicar y distribuir los boletines internos, reunir artículos de prensa, actualizar legajos de militantes de distintas estructuras. Con el paso de los meses, la tragedia siguió consumiendo a su familia. Hacia fines de 1979 se enteraría de que su hermano “Julliot”, Daniel Tolchinsky y su cuñada “Manuela”, Ana Wiessen, responsables de TEA zona oeste, habían desaparecido. Pero su marido muerto y su hermano y cuñada desaparecidos no completarían la lista de su tragedia personal. Al año siguiente, en marzo, Tolchinsky también sufriría la desaparición de su prima, Mónica Pinus de Binstock, asistente de Horacio Campiglia. Pocos días después de estas caídas, la Conducción Nacional determinó que emprendiera viaje a la Argentina. Ella obedeció y compartió esa decisión. Algunas veces había sido crítica con el verticalismo de Montoneros y las concepciones militaristas de las estructuras, pero coincidía con Chufo en que todas las diferencias debían discutirse dentro de la Organización y no fuera. Cuando Chufo murió, Tolchinsky ya no tuvo más dudas ni formuló planteos internos. Sintió que volvía a la Argentina por los dos. Sus hijos quedarían preservados en la guardería de Cuba.

Cinco meses después, en esa mañana de septiembre de 1980, cuando le toca a ella ser secuestrada, mientras está en un banco de madera de una cueva en medio de las montañas del cruce fronterizo, con los ojos vendados y las manos esposadas, esperando otros golpes o el comienzo del interrogatorio, le revelan algo inesperado: todos aquellos que ella imaginaba muertos no lo están. Los desaparecidos están vivos. Uno de sus captores se sienta a su lado y empieza a hablarle muy cerca, sobre la oreja. “Tuviste suerte en caer ahora, ya estamos en otra época. Las cosas cambiaron. Ya no se mata. Ahora te vamos a llevar a ver a tu hermano”. Ella no le cree. Una voz diferente se le acerca. Es un montonero desaparecido. “Yo estuve con tu hermano”. Le cuenta cosas muy personales de Daniel Tolchinsky para que le crea. Menciona las canciones que canta en cautiverio. Le dice que habla bajo, que se toma su tiempo, que nunca pierde la calma. “Es verdad lo que te dijeron. Ahora no torturan ni matan más a nadie”, afirma la voz. Tolchinsky nunca lo ve, pero muchos meses más tarde se entera de que esa voz es de Julio César Genoud. Genoud habla: “Tu hermano y tu cuñada viven. Creeme”. “¿Y mi prima?” “También. Son otros tiempos. Todos los que caímos en el 79 y 80 estamos vivos. Nos vamos a salvar. Ya no se mata más.” “¿Cómo? ¿Y lo de Molfino?”, pregunta Tolchinsky. En ese momento alguien interrumpe el diálogo. Genoud es apartado con violencia y vuelve a desaparecer. Para Tolchinsky vuelven los insultos y los golpes. Pero no son golpes. La violencia, por un momento, está pensada para generar ruido, no dolor. La puesta en escena de un interrogatorio. Después sí, llega el interrogatorio, la tortura, el dolor. El día de su detención es muy largo. La vuelven a trasladar en una camioneta, un viaje no muy lejano, un cuarto, su pie encadenado a un camastro. Es el atardecer. Escucha el crepitar de las ramas en el fuego, alcanza a oír conversaciones, algunas risas lejanas. Después, varios hombres entran en el cuarto y le preguntan cosas de su vida, de su militancia. Siente el olor del asado.

Le proponen dar una conferencia de prensa para negar las desapariciones y desmentir las denuncias de los organismos de derechos humanos mediante este discurso: fueron los propios militantes quienes desertaron de Montoneros y se ocultaron por temor a las represalias y para preservar sus vidas. Pero ella tiene el marido muerto, ¿qué debe decir de él? Los captores se van de la habitación, menos uno; le acerca su voz al oído. “Todos los que vienen de Buenos Aires son unos brutos. Yo soy de Mendoza. Si te hubiese conocido en otra oportunidad, quizá podríamos haber sido amigos.” Pasan dos días. Le prometen que la llevarán al encuentro de su hermano Daniel, en Campo de Mayo. Pero no es cierto. Vuelven a interrogarla. Las torturas continúan. Al día siguiente, nadie le habla. No pasa nada. Pero algo pasa.

El 13 de septiembre, cuatro días después de haber sido detenida en Mendoza, un comando entra en la casa en la que había vivido en Lomas de Zamora y secuestra a un matrimonio, “Juan”, Carlos Segismundo Karis, y “Emilia”, Nora Alicia Larrubia, ambos milicianos.

Carlos Segismundo Karis
Carlos Segismundo Karis
Nora Alicia Larrubia
Nora Alicia Larrubia

Un día después, Tolchinsky sube a un avión. Está vendada pero el piloto igual teme que pueda reconocerlo. Sin embargo, en el curso del vuelo, es objeto de las bromas de los custodios. “¿La tiramos por acá?” Por radio, Tolchinsky escucha que el aeropuerto de Campo de Mayo autoriza el descenso de la nave. Aterriza. Pero ella no ve a su hermano. Hay un cambio de mando. Es puesta en un auto, una barrera se alza y abandona la guarnición militar. El trayecto es corto. Llega a una casaquinta. Tiene una tranquera, un parque adelante, una vivienda al fondo. Hay un comedor, cocina y baño, tres habitaciones. Está ubicada en la calle Conesa 101, en Bella Vista. Los dueños se la alquilaron por una temporada a un grupo de personas para ser utilizada hasta el fin de las vacaciones de verano. La casaquinta está bajo el mando del Batallón de Inteligencia 601. Es un centro clandestino paralelo al de Campo de Mayo.

Aparentemente, Tolchinsky no va allí por una sola razón: ella sabe de la muerte de Molfino y en la guarnición militar está secuestrada Marcela Molfino, su hija. Los desaparecidos no deben saber que las muertes continúan. Tolchinsky sigue vendada y atada a un camastro. Sus manos también están unidas con grilletes de acero. Casi no se puede mover. Por la noche, encadenada como está, uno de sus captores, “Tito”, la coloca boca abajo y la viola. Vive sometida y esclavizada. Además de “Tito”, empieza a escuchar los nombres de otros captores: “El Gallego Juan”, “Melena”, “Perico”, “Rubén”, “Vicky”, “Santillán”.

Tolchinsky no es la única prisionera en la casaquinta. En otra de las habitaciones está el padre Adur, secuestrado a fines de junio. Puede escucharlo gritar de dolor. Es un interrogatorio con tortura simultánea. Cuando ella no responde una pregunta en forma inmediata, Adur grita. Cuando ella habla, Adur deja de gritar. Como asistente de Firmenich, le preguntan qué sabe la Conducción sobre lo que sucedió con los grupos TEA y TEI en la Argentina, le preguntan qué están haciendo los ex detenidos-desaparecidos que fueron liberados de la ESMA. Una tarde, le aflojan las cadenas y las vendas para que pueda sentarse en el camastro y mirar hacia abajo. La visita Lorenzo Viñas. Él le dice su nombre y se sienta a su lado. Los dos están engrillados y con los ojos vendados, pero sentados uno al lado del otro, en el camastro. El carcelero permite que se vean. Ella había conocido a su hermana, Adelaida, antes de que fuera secuestrada en 1976 en el zoológico de Buenos Aires. Él le muestra la foto en la que está abrazando a su hija Paula; tenía veinte días cuando se la sacaron. Es su única pertenencia. Viñas tiene contados los días que lleva secuestrado. Cuenta también que lo torturaron mucho. El carcelero lo corrobora y pone de relieve su valentía. “Le dimos máquina y nada. No hablaba. Y si hablaba, mentía. Nos hacía ir de una punta a la otra de la ciudad y nunca encontramos nada. Se burlaba de nosotros. Una noche, uno se cansó de darle máquina y dijo que iba a parar para tomar un café, y éste pidió otro con leche, dos medialunas y tres de azúcar.” En mérito a su valor, le devolvieron la foto con su hija. El carcelero habla de Viñas con mucho respeto. Le pide que muestre cómo le quedaron las piernas. Viñas comenta su preocupación por la situación económica de su esposa. Le habían asegurado que parte del dinero que tenía cuando fue secuestrado, doce mil dólares, se lo habían entregado a ella. Viñas no lo cree. El carcelero vuelve a asegurar que es cierto. Pero no es cierto.

Los captores van rotando en la casaquinta. Siempre hay gente nueva. Los fines de semana llegan otros miembros del Batallón 601, oficiales con mayores responsabilidades operativas, que vuelven para interrogar a Tolchinsky y aprovechan sus horas libres para reposar en el parque. Ya llegó la primavera. La hacen bañar desnuda a la vista de todos, escuchan música alta. Pero ellos tienen otras obligaciones. Viajan a El Salvador para asesorar a los escuadrones de la muerte en análisis de información y procedimientos psicológicos para los interrogatorios. La represión estatal salvadoreña se hace más eficiente en virtud del asesoramiento argentino. Los oficiales de inteligencia transmiten sus conocimientos y experiencias: combatir las organizaciones opositoras desde la periferia hasta su núcleo organizativo; realizar operativos de contrainsurgencia con grupos paralelos al Ejército; aplicar el mecanismo de secuestro-tortura-producción de información y ejecución del enemigo; utilizar la atrocidad de la represión como instrumento de cohesión y solidaridad interna. Los argentinos gozan de prestigio internacional. Es uno de los pocos ejércitos del mundo que combatió con éxito a la guerrilla urbana. Después de los Estados Unidos, es el mayor proveedor de instructores a sus pares centroamericanos.
Daniel Tolchinsky vive. Su hermana se entera por una carta que él le escribe desde Campo de Mayo. Ella le contesta. Se intercambian dos cartas que llegan por mano de sus captores. Su hermano da a entender que lo que le dijo Genoud es cierto: todos los caídos en la Contraofensiva de 1979 y 1980 están vivos. Su esposa Ana, María Antonia Berger, Adriana Lesgart, Marcela Molfino y su esposo Guillermo Amarilla, el mismo Genoud, Mariana Guangiroli, Zuker, Campiglia…, todos están vivos.
Hasta fines de septiembre de 1980, en la casaquinta del Batallón 601 hay tres secuestrados: Tolchinsky, Viñas y Adur. Pero la convivencia entre ellos, además de compartimentada, es efímera. Se producen rotaciones. El día que traen al abogado Héctor Amílcar Archetti, de 37 años, detenido en Las Cuevas, Mendoza, lo torturan y lo ponen en la habitación de Adur. Y a Adur se lo llevan. Lo trasladan. Nadie vuelve a saber de él. Sólo su hermana, quizá, puede intuir algo: el 21 de septiembre de ese año la llaman por teléfono, la insultan y le dicen que ese día no lo olvidará en su vida.

Héctor Amílcar Archetti
Héctor Amílcar Archetti

Cuando trasladan a Viñas, le permiten que se despida de Tolchinsky desde la puerta. Viñas parece contento. Les recomienda a los carceleros que cuiden “a la petisa”. Se va a ir. Hay mucho movimiento, mucho despliegue de gente. Los carceleros comentan que van a liberar a Viñas. Tolchinsky cree que lo van a matar, pero no sabe si Viñas se da cuenta. Supone que sí, pero si es así, no entiende por qué lo acepta de esa manera. Viñas la saluda, Tolchinsky se desmaya. Pero ese día, por la tormenta, no se lo llevan. Lo trasladan al día siguiente.

El 4 de noviembre de 1980, en reemplazo de Viñas, traen a la casaquinta a Antonio Lepere, un mecánico de 44 años, secuestrado a pocos metros del taller de colectivos de la línea 160 donde trabajaba. Muchos años antes, por los años sesenta, Lepere había militado en el Sindicato del Tractor, en Rosario. Cuando lo secuestraron estaba fuera de circulación. Lepere debe autoincriminarse para liberarse del centro clandestino. Los oficiales de inteligencia le dan documentos falsos, le alquilan una casa en Lomas de Zamora, la llenan de bombas y armas, lo encadenan para que no se mueva y luego irrumpen siete patrulleros de la comisaría local: el 21 de diciembre lo detienen, le abren una causa por “asociación ilícita calificada” y un Consejo de Guerra lo condena a veintitrés años de prisión, que purga incluso durante la democracia, hasta que logra la revisión de su caso. El abogado Archetti, en cambio, viaja a Paso de los Libres. Lo utilizan para marcar montoneros en la frontera.

En el verano de 1981, Tolchinsky es trasladada, pero continúa encadenada en otros dos centros clandestinos que funcionan en residencias de la zona de Bella Vista. Llegan dos chilenos secuestrados en el sur argentino. El Batallón 601 no sabe si son espías del gobierno trasandino o militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los torturan hasta saberlo. Son del MIR. Los trasladan. En la casa circula menos gente, hay menos interrogatorios, tampoco hay más cartas de su hermano. Ella pregunta por los desaparecidos. ¿Dónde están los desaparecidos? Es el grito de miles de madres. Un día escucha que los van a matar a todos. Como se dan cuenta de que escuchó, le aclaran que a ella no. Tolchinsky pregunta por su hermano, su cuñada y su prima. A ellos tampoco. Pero le responden como si ya no estuvieran. Los desaparecidos de Campo de Mayo fueron trasladados. Los desaparecidos ya están muertos.
Pero con Tolchinsky la situación se relaja. Le quitan las esposas. Le confían secretos de la represión. Su prima Mónica Pinus se resistió al secuestro a golpes de cartera. A Jesús María Luján, el Gallego Willy, lo mataron a palos porque trató de advertir a Mendizábal y a Croatto que iban a ser secuestrados. A Noemí Molfino le pusieron una inyección. A Tolchinsky le piden colaboración; que haga un análisis de la coyuntura económica, si conviene comprar dólares o no; también que evalúe si es útil para el gobierno mostrar los cuerpos de los desaparecidos o si es preferible mantenerlos ocultos para siempre. En agosto de 1981, Tolchinsky viaja a Paso de los Libres. Ahora la controla el Destacamento de Inteligencia de esa ciudad. Más de diez militares se ocupan de su custodia. Llega a una casa en la que puede oír la voz de Archetti. Está muy cerca de la frontera con Brasil. A los dos los llevan en auto, custodiados, hasta el puesto migratorio del puente internacional. Los llevan a marcar. Es la rutina. Deben observar por una mirilla, reconocer montoneros, apuntarlos. Archetti y Tolchinsky cumplen horarios diferentes. Mientras a Archetti lo obligan a cubrir el movimiento de personas por la noche, ella duerme. Y viceversa. Tolchinsky no piensa en escaparse. No puede pensarlo. A poco de llegar a Paso de los Libres, el represor Julio Héctor Simón, “el Turco”, suboficial retirado de la policía, le trae las fotos que les tomó a sus hijos en Buenos Aires. No es un gesto de cortesía. Es una amenaza.

Julio Hector Simon
Julio Hector Simon (actual)

Tolchinsky vive siete meses en la frontera, hasta marzo de 1982. A partir de entonces, la trasladan a un departamento de Buenos Aires. Pero Archetti se queda en Paso de los Libres. Les recita poemas a sus captores y extraña a sus hijos, sus libros, las charlas detrás de un Cinzano, los vermicelli con pesto de Pippo. El 2 de abril Galtieri invade las Islas Malvinas.

La Argentina pierde la guerra. Tolchinsky continúa desaparecida. Pero le prometen la libertad. También le permiten ver desde un auto a sus tres hijos a la salida de la escuela. Ellos no saben quién los mira. Sus abuelos les dijeron que su madre no está. Su familia cree que está muerta. Los militares empiezan a abandonar el poder. La gente empieza a salir a la calle. A fines de 1982, Tolchinsky habla por primera vez con un familiar, su tío Mauricio Bogan. Le explica que vive. Después se comunica con sus padres, que residen en el exterior, y se reencuentran con ella. Tolchinsky vuelve a ver a sus hijos. Al principio, sólo puede estar con ellos los sábados y domingos; el resto de la semana vuelve con sus captores. En enero de 1983, Tolchinsky vive con sus hijos en un departamento que le compra su padre. Queda en libertad vigilada. Pero siente que está viva, que todo es posible. Sale a pasear con sus hijos los fines de semana, los va a buscar al colegio, recorre librerías. En una oportunidad se encuentra con viejos amigos en la calle. Emocionada, les cuenta que estuvo secuestrada. Fue sometida y humillada, pero sobrevivió. Está sobreviviendo. Les cuenta también que la llevaron a Paso de los Libres a marcar montoneros. Sus interlocutores la miran, horrorizados. “¿Cómo pudiste hacer eso?” “Yo no lo decidía. Nunca hice nada por mi cuenta. Pero igual no marqué a nadie.” No le creen. Se lo había dicho El Turco Simón cuando veía que pasaba el tiempo y no la mataban: “Igual te cagamos la vida porque no te va a creer nadie”. Tolchinsky instala una biblioteca con talleres infantiles frente al zoológico. Pone un cartel en la puerta: “La casa de Daniel T.”. Pero sigue controlada, los autos estacionan al frente, los captores aparecen por sorpresa: “Cómo va”. Tolchinsky se da cuenta de que todo el que se acerca a ella corre peligro, se da cuenta de que la van a matar, de que se tiene que ir. Decide revelar su calvario al rabino Marshall Meyer. Le explica que quiere dejar el país pero la policía le niega el pasaporte. La embajada israelí en Buenos Aires le entrega documentación para salir de la Argentina. A fines de junio de 1983, Silvia Tolchinsky se va a Israel con sus hijos. Al mes siguiente llega Claudio Gustavo Scagliusi, un miembro del Batallón 601 de Inteligencia, para convivir con ella. Archetti nunca aparece.

Scagliusi es hijo de un general de brigada retirado del Ejército. Cuando empezó la dictadura tenía veintiún años y estudiaba Arquitectura. El ejército fue su ámbito social. Según su propia versión, allí conoció a su novia, la hija del general Alberto Valín, jefe de Inteligencia del Ejército con mando directo sobre el Batallón 601 y asesor de la Guardia Nacional de Anastasio Somoza durante la insurrección en Nicaragua. Valín posibilitó el ingreso de Scagliusi en el Batallón 601. Scagliusi conoció a Silvia Tolchinsky cuando ella estaba en cautiverio.

Rabino Marshall Meyer
Rabino Marshall Meyer

 

Durante muchos años, Claudio Scagliusi no fue afectado por la causa judicial que investiga los secuestros y desapariciones de montoneros en la Contraofensiva del año 1980. El expediente se había iniciado casi por azar, a partir de una infidencia del general Cristino Nicolaides. En abril de 1981, cuando era comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Nicolaides convocó a más de cuatrocientos políticos, empresarios y sindicalistas, las “fuerzas vivas” de la ciudad de Córdoba, para exponer sobre temas del “quehacer nacional” y para recordar que “la subversión no era un tema histórico”, sino que tenía plena vigencia. Para explicarlo con claridad, el general reveló que habían desbaratado varias células de “extremistas argentinos adiestrados en El Líbano, que consiguieron ingresar al país para asesinar a personalidades nacionales”. Ganado por la confianza que le ofrecía el auditorio, Nicolaides comentó que había tenido oportunidad de “conversar con uno de esos delincuentes y les aseguro que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos”.

Unos años más tarde, en 1983, la madre de Julio César Genoud presentó un recurso de habeas corpus en favor de su hijo, pero el juez Martín Anzoátegui rechazó la acción. Tampoco obtuvo respuesta de la policía, de los comandos militares ni del Ministerio del Interior. Al año siguiente, una vez restablecidas las garantías constitucionales, casi todos los familiares de los miembros del pelotón TEI que fueron secuestrados en 1980 presentaron su querella en la justicia y solicitaron el testimonio de Nicolaides y de aquellos que habían sido testigos de sus dichos; entre ellos el entonces vicepresidente, el radical cordobés Víctor Martínez. Pero el expediente judicial no avanzó.
Hubo un tiempo muerto de casi quince años. Hasta que una tarde de octubre de 1997 apareció un sargento retirado de apellido González en un talk show televisivo conducido por Mauro Viale y contó que al hijo del actor Marcos Zuker, que estaba desaparecido, lo habían matado en el polígono de Campo de Mayo por orden del Comandante de Institutos Militares del Ejército Argentino, Cristino Nicolaides. Hasta entonces pocos sabían que Zuker tenía un hijo montonero y mucho menos que había sido fusilado en la guarnición militar. Y aunque González jamás se presentó ante la justicia para señalar dónde habían enterrado a Ricardo Zuker, a partir de su relato en televisión las actuaciones judiciales se multiplicaron. Uno de los pilares del expediente fue el informe producido en marzo de 1980 por la Central de Reunión del Batallón 601, donde se mencionaba la detención de trece miembros de la “Banda de Delincuentes Terroristas Montoneros”. Una de las copias fue hallada en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense.

Otro testimonio clave fue el de Silvia Tolchinsky, que puso fin a su silencio en julio 1994 y, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, relató su cautiverio en una declaración por escrito. No quería hacerlo en forma oral. Indicó que la habían secuestrado miembros de Inteligencia de Institutos Militares de Campo de Mayo. El responsable del primer centro clandestino en el que estuvo era el coronel (RE) Santiago Hoya. Mencionó los apodos de sus interrogadores y carceleros, “Ana”, “Vicky”, “Mónica”, “Carlos”, “Claudia”, y comentó incluso que algunos de ellos estudiaban Derecho en la Universidad de Belgrano. Escribió que desde que viajó a Paso de los Libres pasó a depender de “Cacho” Feito, ése era su apellido real. Julio Simón, conocido como El Turco, era quien la había trasladado a esa ciudad y también la visitaba en la casa donde estaba secuestrada. Y el coronel Simón, jefe de Inteligencia del Destacamento 123 Paso de los Libres, la bautizó con el nombre de “María”, porque era judía como la madre de Jesús. Durante más de dos años de cautiverio, había conocido a dos militares de alta jerarquía, el coronel Alejandro  Arias Duval y el coronel Jorge Muzzio.

Coronel Arias Duval (2012)
Coronel Arias Duval (2012)

El testimonio de Tolchinsky tuvo un efecto revulsivo para los familiares de los desaparecidos. Por un lado, ella era la única que podía acercarlos a la vida otra vez. Los había visto en cautiverio, le habían hablado. Con ella, sus muertes escapaban del vacío. Alcanzaban un lugar físico posible. Tenían responsables más directos. ¿Pero por qué había demorado tanto tiempo en transmitir lo que había sucedido? ¿Por qué había sido la única sobreviviente, la única excluida de un lote de fusilados? Y algo más personal: ¿por qué desde el momento en que quedó en libertad decidió vivir con uno de sus captores? No había respuestas sencillas para tantas preguntas. Tolchinsky había perdido a sus seres queridos, también había padecido el infierno y también era parte de otro mundo, un mundo de emociones contradictorias, con reglas diferentes, un mundo más oscuro, donde la víctima y su verdugo, o su salvador, podían encontrarse y también amarse.
Claudia Allegrini, la esposa de Lorenzo Viñas, lamentó los años que demoró Tolchinsky para dar testimonio. Había perdido un tiempo precioso para realizar más indagaciones sobre el cautiverio de su marido. El otro testigo, Antonio Lepere, había muerto en Bolivia en 1987. Poco después de conocer su declaración en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Allegrini le pidió a Tolchinsky que también declarara frente a la justicia italiana, en el juicio contra los militares argentinos por las desapariciones de Viñas y de Horacio Campiglia, quienes poseían la ciudadanía de ese país europeo. Tolchinsky le pidió más precisiones para decidir si testimoniaba o no. Le pidió que la dejara elegir.

La causa de la Contraofensiva, en tanto, siguió con rumbo incierto hasta que en el año 1998 la tomó el juez federal Claudio Bonadío. Al poco tiempo de hacerse con el expediente le hizo llegar a Tolchinsky su tarjeta personal y le ofreció que se comunicara directamente con él para una declaración judicial. A través de un correo electrónico, Tolchinsky se prestó de buena fe a colaborar.

Juez Claudio Bonadio (1998)
Juez Claudio Bonadio (1998)

 

Tolchinsky no sabía qué podía aportar de nuevo. Lo sustancial con referencia a su secuestro y cautiverio ya lo había dicho, pero podía hablar otra vez. En marzo de 2001, Bonadío le pidió que se trasladase desde Barcelona, donde vivía, hasta Madrid. El 20 de abril, Tolchinsky declaró en la embajada argentina. Su relato fue prácticamente idéntico al que había realizado siete años antes. La diferencia fueron las fotos del personal del Batallón 601 que el juez le mostró para que los identificase. Tolchinsky reconoció sólo a dos de ellos, el coronel Arias Duval y el coronel Muzzio, pero no pudo hacerlo con otros que antes había mencionado. Tampoco dijo que hubiese sido torturada. Le costaba hablar. Su declaración parecía caminar sobre un hilo delgado. ¿Qué quería el juez? ¿Por qué había viajado a España por una declaración que de antemano ya conocía?

El juez quería saber quién era el marido de Tolchinsky. Algunos familiares de desaparecidos comentaron en el juzgado que había estado relacionado con el Batallón 601. Pero nadie sabía su nombre; y los que lo sabían, no lo decían. Bonadío quería incorporarlo al expediente. Al final de la declaración de Tolchinsky, dio esa tentativa por perdida. Ella no lo mencionó. Pero antes de firmarla, cuando leyó que se había declarado “viuda”, hizo notar que su estado civil ya era otro. Dijo que estaba casada en segundas nupcias con Claudio Scagliusi. El juez incorporó ese nombre en la declaración. A partir de entonces, el expediente empezó a moverse en torno al marido de Tolchinsky. Bonadío ya tenía su domicilio en Barcelona y lo primero que hizo al llegar a Buenos Aires fue pedir su legajo en el Ejército. Pocos días más tarde, recogió un testimonio de Edith Aixa María Bona Estevez, la esposa del desaparecido Gervasio Guadix, en el que ella declaró que “entre los familiares de desaparecidos siempre se menciona que el marido de Silvia Tolchinsky es hijo de un militar de alta graduación que participó en la represión y se dice que fue quien consiguió que pueda ver a sus hijos cuando estuvo detenida-desaparecida e incluso algunos comentan que fue él quien la ayudó a recuperar su libertad”. Cuando el legajo del Ejército llegó a su despacho, Bonadío tomó conocimiento de que Scagliusi había pertenecido desde 1978 hasta 1983 al Batallón de Inteligencia 601, como Personal Civil de Inteligencia del Ejército Argentino. A esa altura del expediente, Bonadío ya tenía por cierto que “dicha unidad tuvo un grado de participación en la detención y posterior desaparición de muchas de las víctimas de esta causa, entre las que también corresponde mencionar a Silvia Tolchinsky”.
Con ese argumento, el 17 de julio de 2001, Bonadío solicitó a Interpol la detención preventiva de Scagliusi para iniciar el procedimiento de extradición a la Argentina y les anticipó que consideraba posible que utilizara el nombre de “Carlos Guillermo Sforza”, su cobertura como agente secreto. El dato clave para dictarle el auto de prisión preventiva lo había brindado su propia esposa: Tolchinsky había mencionado a Cacho Feito como uno de los que la privaron de su libertad. El legajo personal de Scagliusi indicaba que se había desempeñado en el Grupo Especial 50 del sargento ayudante Alfredo Omar Feito y que uno de los motivos de su renuncia remitido al jefe del grupo era que estaba estudiando Bellas Artes, que le requería dedicación exclusiva.

Alfredo Omar Feito
Alfredo Omar Feito

El pedido de extradición sacudió a Tolchinsky. Tras su declaración, su marido aparecía como el único acusado, mientras que los militares que ella había mencionado seguían en libertad. Muchos ex detenidos-desaparecidos también expresaron su malestar contra el juez porque “sólo perseguía a los perejiles”. Era evidente que, con el pedido de extradición, al juez no le interesaba solamente determinar qué grado de participación habría tenido Scagliusi en los hechos delictivos del Batallón 601. También quería que él mismo le informara sobre las actuaciones de sus superiores y le hiciera fluir una investigación judicial intrincada, que no lograba reunir testimonios “desde adentro”. El juez quería que Scagliusi hablara. Si hablaba se salvaba.

Durante la década del noventa, en Barcelona, Silvia Tolchinsky había continuado la amistad con Ana María Ávalos, la madre de Verónica Cabilla, la joven de 16 años, miembro del grupo TEI, secuestrada en febrero de 1980. Tanto a Ana como a Verónica, Tolchinsky las había conocido en México.

Ana María Ávalos
Ana María Ávalos (actual)

 

 

 

 

 

 

Verónica Cabilla
Verónica Cabilla

 

A diferencia de otras montoneras que una vez en libertad habían unido su vida a la de sus victimarios y clausuraban para siempre sus relaciones pasadas, Tolchinsky nunca cerró las puertas a los familiares de desaparecidos. Es cierto que los que viajaban a España para visitarla habían escuchado comentarios sobre ella —”sigue capturada por los servicios”, “no se sabe cómo se salvó”—, pero la necesidad de saber qué había pasado con sus hijos o hermanos, si había llegado a verlos en algún centro clandestino, era razón suficiente como para dejar los prejuicios de lado. Tolchinsky siempre era muy amable como anfitriona. Los invitaba a cenar en su casa, se recordaban tiempos de padecimiento durante el exilio, incluso se reconocía autocrítica de su misión en la Argentina de 1980 —”fui a levantar las masas populares de la zona sur…”, recordaba con una porción de ironía—, pero sobre el tema puntual, su cautiverio, no agregaba más de lo que ya había escrito. Los que la visitaban no se llevaban nada nuevo. La presencia de Scagliusi creaba una atmósfera negativa en la mesa de su casa. No por algún comportamiento particular suyo —se mantenía callado, miraba, apenas vertía algún comentario—, sino porque no se sabía quién era. Esta confusión había surgido en los primeros años de los noventa cuando Tolchinsky lo había presentado primero como un catalán y después como alguien que la había ayudado a sobrevivir durante su cautiverio. Entonces se supo que había trabajado para el Ejército. Pero los familiares de los desaparecidos querían saber algo más: “¿Él puede aportar alguna información?”. Frente a esa pregunta, Tolchinsky era muy convincente. Scagliusi no sabía nada porque no era operativo. Había sido algo así como un chofer, apartado de todo, que había conocido al final de su cautiverio. En ese punto, los familiares siempre se iban de Barcelona con alguna duda, que quizás en el futuro podría llegar a zanjarse.

En agosto de 2001, cuando detuvieron a Scagliusi, Ana María Ávalos se solidarizó de inmediato con él y con Tolchinsky, pero cuando en la misma comisaría le hicieron conocer el exhorto judicial que fundamentaba la detención, la amistad con el matrimonio se pulverizó al instante. Ávalos quedó shockeada al pensar que quien había sido el salvador de su amiga también podía haber sido el represor de su hija. Recordó que él miraba las fotos de Verónica en los portarretratos de su casa, se persignaba frente a ella, y tuvo un segundo de lucidez o de paranoia: la conoció. Esa misma noche, Ávalos, que había perdido momentáneamente el habla, recibió el llamado telefónico de Firmenich, al que sólo debía escuchar: “Vos eras la única estúpida de Barcelona que no sabía que Scagliusi era agente del 601”, le dijo.

La afirmación de Scagliusi sobre la falta de medios y capacidad operativa del Batallón 601 para los procedimientos es desmentida por otro miembro del Batallón, Norberto Cendón. Este declaró a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) que personal de ese organismo militar viajaba al exterior y tenía a cargo un equipo de “marcadores” en la frontera para detectar montoneros. El sistema, denominado “Operación Murciélago”, había sido organizado por el coronel Carlos Tepedino, quien pertenecía a Jefatura II de Inteligencia del Ejército y tuvo al Batallón bajo su mando. Durante la década del ’90, Tepedino fue contratado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Martín Balza, como adscripto del Departamento de Informática de Inteligencia II, donde custodió los archivos de la represión ilegal.

 

Néstor Norberto Cendón
Néstor Norberto Cendón
Coronel Carlos Tepedino
Coronel Carlos Tepedino (actual(

Por otra parte, desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2004, el juzgado federal de Paso de los Libres investiga nueve casos de secuestro de montoneros ocurridos en el puente internacional durante 1980. Un documento, asentado en el expediente, elaborado por el agente civil de Inteligencia Carlos Waern del Destacamento 123 de esa localidad, da cuenta de la rutina del procedimiento: “Cuando se detectaba a un guerrillero, el marcador avisaba a su custodia, éste salía y con el mayor disimulo avisaba a Gendarmería y volvía a la oficina. Estos lo derivaban al edificio de la guardia donde lo detenían. Por radio comunicaban la novedad al Destacamento de Inteligencia que posteriormente venía a buscar al montonero (personal militar de civil) y lo llevaban a dependencias que poseen en Gendarmería (local 13) para interrogarlo.

Carlos Waern
Carlos Waern (actual)

El sistema provocó con el tiempo dos modificaciones: que personal civil local apoyara al Turco [en referencia al El Turco Julio Héctor Simón], y la necesidad de enviar a los detenidos a un lugar más reservado y alejado de Gendarmería”. Waern reveló que los detenidos eran llevados al centro clandestino “La Polaca”, una chacra ubicada a un kilómetro del puente internacional, donde eran interrogados bajo tortura. No existen denuncias de secuestros durante los años 1981 y 1982, cuando Tolchinsky y Archetti estaban en el puente.

Centro Clandestino de Detención -La Polaca
Centro Clandestino de Detención -La Polaca

El juicio por la extradición de Scagliusi en la Audiencia Nacional española demandó un poco más de un año, porque no quería venir a declarar a la Argentina. Su defensa giró en torno a diferentes puntos. Primero, negó cualquier vinculación con secuestros y desapariciones forzadas. Expresó que nunca estuvo denunciado en ninguna lista de ningún organismo de derechos humanos. Además de eso, el juez Bonadío no precisaba ningún tipo de autoría o participación en los supuestos delitos que hubiere cometido. Por otra parte, ya había adquirido la nacionalidad española. De modo que aceptaba declarar, pero en España. Scagliusi apoyó sus argumentos en las declaraciones del presidente de Gobierno José María Aznar, quien, en defensa de las empresas españolas, había denunciado que en la Argentina no había seguridad jurídica. Adicional a esto, Scagliusi dijo que si volvía a la Argentina corría peligro su integridad física. Como había ayudado a la liberación de una prisionera montonera, era considerado un “traidor” por los “militares impunes” y, por ende, podría ser objeto de una venganza. Tolchinsky también declaró a favor de su marido: argumentó que, lejos de cometer actividades delictivas contra ella, su marido había ayudado a su liberación. Pero precisamente éste era el punto más delicado: si Scagliusi había logrado salvarla, se suponía que tenía el suficiente poder como para hacerlo. Es decir, la explicación que lo beneficiaba a la vez lo ponía bajo sospecha.

En forma simultánea a su defensa en España, Scagliusi había dejado de ser el único preso en la causa de la Contraofensiva. En julio de 2002 el juez Bonadío ordenó cuarenta y dos detenciones entre militares y agentes civiles de Inteligencia del Batallón 601, miembros de Jefatura II de Inteligencia, del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y distintos Comandantes en Jefe del Ejército que actuaron entre 1978 y 1980. Algunos de ellos —como Luis Arias Duval, Antonio Herminio Simón, Santiago Hoya, Alfredo Feito— habían sido mencionados por Tolchinsky. Cristino Nicolaides y El Turco Julio Simón, ex suboficial de policía que actuaba en grupos de tareas del Batallón 601, ya estaban detenidos por apropiación de menores. El coronel Jorge Muzzio había muerto. Otros cinco militares permanecieron prófugos.

La Audiencia Nacional refutó las argumentaciones de Scagliusi y acordó su extradición a la Argentina, a condición de que no se lo condenara a una pena de por vida. El 7 de diciembre de 2002, luego de permanecer más de un año detenido en España, el ex agente civil de Inteligencia del Batallón 601 fue detenido al llegar al aeropuerto de Ezeiza.
En ese momento, un grupo de ex detenidos y familiares de desaparecidos iniciaron una campaña en favor de Scagliusi por considerar que estaban juzgando al que había ayudado a liberar a una prisionera. En el fondo, al juzgarlo a él, también estaban juzgando a ambos en un sentido político y también moral. La conspiración tenía una base: era un contraataque de los servicios de inteligencia. El caso de Scagliusi desató posiciones encontradas entre familiares y víctimas de la represión ilegal. Muchos podían solidarizarse con Tolchinsky por su padecimiento personal, pero hacerlo por la detención de un ex agente del Batallón 601, aunque fuese su marido, era bastante incómodo. La claridad de los puntos de vista por los que siempre se había juzgado la actuación de los represores ahora se distorsionaba. ¿A Scagliusi debía considerárselo un represor? Su extradición, y el hecho de que fuera el primer detenido de la causa judicial de la Contraofensiva de 1980, había dejado expuesta su historia personal con Tolchinsky; una historia compleja para entender y explicar, que a partir de entonces quedaba exhibida en las fojas de un expediente: Tolchinsky como víctima y testimonio principal de la acusación. Su marido como uno de los acusados.

En forma simultánea, y por fuera de la causa judicial, el de víctima no era el único rol que competía a Silvia Tolchinsky. La precisión de la información que trasuntaban los informes del Batallón 601 sobre la estructura y la organización de Montoneros —incluso dando cuenta de la utilización de una computadora TRS 2 Sistem por parte de la Comandancia montonera en su oficina de Cuba o los nombres del médico, la psicóloga y la asesora pedagógica que supervisaban a los hijos de los militantes en la guardería de La Habana— hizo alimentar la idea de que las caídas de la Contraofensiva de 1979 y 1980 se habían producido por la captación por parte del Ejército de un montonero, que tenía acceso a ese nivel de información.
En el marco de esa teoría, Tolchinsky no fue ajena a las sospechas. Existían dos antecedentes por los cuales podía ser razonable dudar de ella: había trabajado en la Secretaría Técnica de Montoneros durante el año 1979, con acceso a información interna de la Organización, y, también, por el hecho de que formara pareja con un ex agente de Inteligencia del Batallón 601. El teniente general (RE) Cristino Nicolaides intentó sacar provecho de la “teoría de la infiltración” y de las dudas que podían caber sobre Tolchinsky para desacreditar su testimonio en la causa judicial, que había puesto en prisión a casi cuarenta militares y agentes civiles de Inteligencia. A través de un escrito presentado a la justicia, el ex militar declaró que la Jefatura II de Inteligencia había logrado captar a una “alta integrante” de la cúpula montonera —cuyo nombre no recordaba— y que ella había provisto la nómina de los integrantes que se entrenaban para regresar a la Argentina. Según Nicolaides, esas informaciones fueron trasladadas a servicios de inteligencia europeos y de Medio Oriente, los que habían neutralizado el ingreso “de los terroristas” en el exterior. De este modo, desmintió que él hubiera tomado contacto con alguno de ellos, como se publicó en abril de 1981. Para él, los miembros de la Contraofensiva nunca ingresaron al país: desaparecieron en el exterior. Es decir, Nicolaides desmintió los informes producidos por el Batallón 601, que dan cuenta de las detenciones de los montoneros. La línea de argumentación continuó con una hipótesis explosiva: Tolchinsky nunca había sido detenida ni había estado en cautiverio. Según Nicolaides, su denuncia había sido una invención personal a fin de no ser objeto de represalias por parte de sus ex compañeros por las delaciones en las que habría incurrido. En realidad, luego de su captación, explicó Nicolaides, la Jefatura II de Inteligencia la había preservado física, psíquica y económicamente e incluso había recuperado a sus hijos de Cuba para que volvieran a vivir con ella. El hecho de que viviera con un agente de Inteligencia, aunque Nicolaides no lo mencionaba específicamente, intentaba dar crédito a esa tesis.
Pero esa tesis no resultaba muy difícil de rebatir. Por un lado, el mecánico Antonio Lepere, en una carta publicada en el diario La Voz el 24 de enero de 1984 y en su testimonio a la CONADEP en abril del mismo año, mencionó que había compartido con Tolchinsky su cautiverio en la casa clandestina de Bella Vista. Su único error fue recordarla como Graciela en vez de Silvia. Por otra parte, el Batallón 601 produjo un documento titulado “Bajas de efectivos de la BDT en frontera”, de donde surge la información de su detención el 9 de septiembre de 1980 en Las Cuevas, Mendoza, como “la Teniente 1o, Chela”, que, como también informa el Batallón 601, era el nombre de guerra de Silvia Tolchinsky. Y por último, mientras estaba desaparecida, sus hijos habían sido retirados de la guardería por su suegra.

La teoría de la “infiltración” está sustentada a partir de los informes números 2 y 3 de la Central de Reunión de Inteligencia del Batallón 601. Si bien la información es bastante precisa, la fuente no necesariamente tuvo que ser obra de un “infiltrado”. Para el tiempo en que se produjeron esos informes —uno en mayo, el otro en junio de 1980—, ya habían caído todos los integrantes de la Contraofensiva de 1979 y 1980, muchos de los cuales —como se advierte en otros documentos del mismo Batallón— habían sido “interrogados” sobre el funcionamiento de Montoneros. En cuanto a la minuciosa descripción sobre la cúpula montonera en el informe 3 (cuenta con 93 páginas), Horacio Campiglia, caído en marzo de 1980, era miembro del Comando Táctico responsable de los grupos TEA y TEI y, como miembro de la Conducción, viajaba en forma asidua a Cuba y estaba en conocimiento de esas informaciones. Se supo que Campiglia estuvo detenido en Campo de Mayo antes de la producción de los documentos del Batallón 601. Sin embargo, es cierto que las Fuerzas Armadas recibían información de las posibles identidades con las que los montoneros podrían reingresar a la Argentina. En un documento de inteligencia producido en 1979 y asentado en la foja 1190 del cuerpo VI de la causa de la Contraofensiva, se afirma que Mario Firmenich podría cruzar la frontera bajo el nombre de “Juan Pablo Morelli”, cédula 7.216.306, y Fernando Vaca Narvaja con el de “Julio Raúl Labarra”, cédula 7.761.415. También, el legajo personal del teniente coronel Rodolfo Edgardo González Ramírez permite observar la tarea de inteligencia sobre Montoneros. González Ramírez, designado como “elemento operacional” por Jefatura II de Inteligencia y el Batallón de Inteligencia 601, testimonia en su legajo que en abril de 1978 fue seleccionado para cumplir “una misión altamente secreta. Es así como en los meses de julio/agosto de 1978 se obtienen los primeros resultados positivos tras una paciente pero continua ‘reunión de información’, resultados que permiten en 1979 lograr con la decidida y arriesgada actuación del causante, un éxito militar que necesariamente solicitó explicar en forma personal y verbal por la discreción y seguridad que impone este antecedente y las connotaciones posteriores a su desarrollo”. González Ramírez menciona a la cúpula del Batallón 601 como aval de esta misión. Cuando la justicia obtuvo su legajo, González Ramírez ya había muerto.

Finalmente, pese a las aspiraciones del juez y de muchos familiares de secuestrados, el aporte de Scagliusi en la causa judicial de la Contraofensiva fue nulo. Pocos días antes de que fuera extraditado, Tolchinsky se excusó de dar precisiones, en un reportaje al diario Página/12, sobre la actuación de su marido, al indicar que él mismo las daría ante el juez, pero una vez que fue trasladado al juzgado, Scagliusi negó los cargos; eligió no declarar, y con su silencio protegió a los miembros del Batallón 601. En diciembre de 2002, Bonadío amplió las pruebas en su contra y le decretó la prisión preventiva por asociación ilícita, al igual que al resto de los militares ya detenidos. La argumentación central fue su pertenencia al Grupo Especial 50 del Batallón 601. Bonadío aportó elementos que permitían inferir que quienes integraban ese grupo eran agentes de Inteligencia con capacidad de realizar secuestros y acceder a centros clandestinos. Eran “agentes operativos”, por lo cual cada uno de ellos tenía conocimiento de los fines delictivos de sus actuaciones.

Para llegar a esta conclusión el juez se basó en los legajos de los agentes civiles de Inteligencia Carlos Barreira y Rubén Graciano, quienes, como Scagliusi, pertenecían al mismo Grupo Especial 50 y tenían su misma categoría en el Batallón 601, denominada “In 14”. Los agentes civiles recibían una remuneración complementaria por “actividad riesgosa – tarea especial” y también realizaban secuestros de personas. Para probar esto, tomó como ejemplo las heridas que recibió Feito cuando fue alcanzado accidentalmente por un disparo de la ametralladora Ingram del agente civil Barreira en una “comisión de servicio”. Otro elemento valorado por el juez para definir la situación procesal de Scagliusi fue que quienes habían dado aval a su nombramiento en el Batallón 601 eran el entonces segundo jefe del Grupo de Tareas 2, Enrique José del Pino, y el mayor Rodolfo Edgardo González Ramírez, que estaba a cargo de dicho Grupo de Tareas 2. Bonadío, en el auto de prisión preventiva, concluyó que “los miembros del Grupo Especial 50, que formaba parte del Grupo de Tareas 2, han tenido participación tanto en privaciones ilegítimas de la libertad como así también en secuestros, interrogatorios y si bien no se han agregado elementos que comprueben en forma directa este exterminio, también desplegaban operaciones de eliminación de personas”. Sin embargo, el juez no logró describir ninguna conducta de Scagliusi en los hechos delictivos imputados.

No obstante estos argumentos, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Correccional y Criminal Federal de la Capital Federal resolvió la liberación de Claudio Scagliusi en abril de 2003. Al revisar lo actuado por el juez, la Cámara indicó que en la prisión preventiva no se habían acompañado elementos que permitieran fundar su participación efectiva en los hechos investigados en la causa. Además, trazó un corte de responsabilidades según la jerarquía, que permitió establecer que tanto Scagliusi como otros agentes civiles del Batallón 601, por su condición de dependientes, al tomar conocimiento de una actividad ilegítima, no tenían capacidad de hacerla cesar. Tenían conocimiento de los delitos pero no responsabilidad, pues carecían de mando.

Scagliusi pudo regresar a España en septiembre de 2003. Concedió un único reportaje a la revista TXT, que se publicó el 22 de agosto. Allí Scagliusi afirmó que conoció a Silvia Tolchinsky en noviembre de 1981 cuando llevó a “un tipo de un grupo operativo” al centro clandestino de Paso de los Libres, donde ella permanecía prisionera. Scagliusi indicó que al día siguiente regresó a Buenos Aires y retomó su relación con ella en marzo de 1982, cuando estaba en cautiverio en un departamento de Barrio Norte.

En los meses que siguieron, la novedad más importante en la causa no estuvo relacionada con Scagliusi sino con los tres únicos sobrevivientes de la Conducción montonera, Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja.

 

Después del año 1980, Montoneros había continuado promocionando los retornos de militantes pero les recomendaba que lo hicieran fuera de los aparatos de la Organización y se integraran a otros, para correr menos riesgos. Los últimos dos miembros de la Conducción secuestrados y muertos en la Argentina fueron Raúl Yager y Eduardo Pereira Rossi, en abril y mayo de 1983, respectivamente.

Raúl Clemente Yager
Raúl Clemente Yager
Eduardo Pereira Rossi
Eduardo Pereira Rossi

A esa altura, Montoneros se había acercado a la línea interna del peronismo “Intransigencia y Movilización”, liderada por el caudillo catamarqueño Vicente Leónidas Saadi.

Vicente Leónidas Saadi
Vicente Leónidas Saadi

Lejos de aceptar los errores estratégicos cometidos , la cúpula montonera se abocó a la tarea de su salvación. A través de la gestión de algunos de sus miembros sugirieron al precandidato presidencial Carlos Menem la posibilidad  de apoyo político a cambio de indultos tanto para la “familia militar” como para la familia “subversiva”.

Así un día , en Punta Alta, el riojano tomó el micrófono y con la audacia y el carisma que lo hizo famoso, Menem le hablaba a la “familia militar” sobre un futuro de “reconciliación nacional”, “sin rencores ni persecuciones”. El operativo indultos, una de las últimas misiones montoneras, estaba en marcha.

En elecciones internas del justicialismo,  Menem le terminó ganando a Antonio Cafiero el 9 de julio de 1988. Aquel acto en Punta Alta fue el primer jalón visible de un acercamiento que la cúpula montonera –reorganizada en el Peronismo Revolucionario– había iniciado con el gobernador riojano, y que terminó formalizándose en un acuerdo reservado a través del cual Montoneros apoyó a Menem en lo que entonces parecía un gigantesco camino hacia la Presidencia. A cambio, el precandidato les prometió “solucionar la situación de los compañeros presos –como Mario Firmenich– o ‘perseguidos por la justicia’”. La maniobra, por supuesto, también incluía a los militares condenados por la represión ilegal.

Menem-Duhalde (1989)
Menem-Duhalde (1989)

La trama secreta de un acuerdo político sellado a espaldas de los argentinos, con la intención de cerrar el ciclo de juicios impulsado por Raúl Alfonsín y el objetivo manifiesto de dejar atrás definitivamente dos décadas de persecuciones, atentados, secuestros, torturas y muerte , se explica así.

Alfonsín había cumplido con su promesa de juzgar a los ex comandantes de la dictadura y a la cúpula de las organizaciones guerrilleras.

Raúl Alfonsín
Raúl Alfonsín

Capturado en Brasil, Mario Firmenich había sido extraditado a Argentina y condenado a prisión perpetua en 1985, mientras que varios de sus ex compañeros afrontaban decenas de causas penales. Pero algo había cambiado: a través de los años, el espanto y la tragedia habían ido macerando en todos ellos un largo viaje de las armas a las urnas. Los dirigentes montoneros que quedaban –en la cárcel o en el exilio– se habían incorporado a la política democrática a través del Peronismo Revolucionario (PR).

Aquel viaje deparaba más sorpresas: en el documento “Nuestra propuesta política de autocrítica y reconciliación nacional dentro del pacto para la transición democrática”, fechado el 14 de junio de 1987 y firmado por la Mesa Nacional y el Consejo Federal del PR, aparece por primera vez el objetivo de cerrar los juicios y revertir las condenas contra los ex guerrilleros y también contra los represores.
En la página 12 de este complejo y por tramos bizarro trabajo, sus autores dicen que “en lo tocante a la autocrítica y reconciliación nacional, cabe decir que es el primer paso para cualquier solución que, reconociendo las causas de los enfrentamientos entre hermanos, le pongan fin e impidan su reiteración. Esto será el fruto de un compromiso político de la sociedad, el cual dará las soluciones jurídicas correspondientes que ayuden a cerrar las heridas ocasionadas”.
Dos párrafos después, el texto es más explícito aún: “En la medida en que las Fuerzas Armadas participen y se encuadren en la autocrítica y reconciliación nacional, también quedarán incluidas en el acuerdo para saldar el pasado en el contexto de una alternativa de poder superadora de la transición.”
El documento admite que “los padres, madres, esposas y esposos, los hijos, familiares o amigos entrañables muertos, son sencillamente una pérdida que ninguna consideración política nos puede reparar”, y reconoce que “debemos ser concientes que así como nosotros tenemos heridas abiertas bajo la responsabilidad de otros sectores nacionales o del movimiento popular, también esos otros sectores tienen heridas abiertas bajo responsabilidad de los montoneros o de otros sectores peronistas que hoy no tienen continuidad orgánica, e inclusive bajo la responsabilidad del ERP”.
“El problema argentino no se resuelve con el ‘olvido forzoso’ y por lo tanto irreal. Tampoco ‘juzgando a todo el mundo’, porque el problema nacional no es la violación formal del Código Penal; no es un problema de ‘delincuencia individual’ o de ‘bandas’; es un problema de guerra civil por ausencia de Proyecto Nacional”, advierte el paper. “El problema argentino se resuelve yendo al fondo del mismo: por eso planteamos la necesidad del proceso de autocrítica nacional como punto de partida de un futuro provechoso y compartido. Eso requiere luego de alguna forma de consagración jurídica positiva, que será la formalidad que institucionalice un nuevo pacto político”.
El documento lleva la firma de la plana máxima de Montoneros y varios ex referentes de la Tendencia Revolucionaria peronista, integrantes de la Mesa Nacional del PR: Mario Firmenich (su autor), Roberto Cirilo Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti, los ex gobernadores Oscar Bidegain (Buenos Aires) y Jorge Cepernic (Santa Cruz), Pablo Unamuno, Jorge Salmón, Inés López, Héctor Pardo, Oscar Viñas y Guillermo Martínez Agüero. También firman los representantes provinciales del Consejo Federal, entre ellos el histórico dirigente porteño Gustavo Gemelli y también el hoy piquetero kirchnerista Emilio Pérsico.

Mario Firmenich (1989)
Mario Firmenich (1989)
Roberto Perdía
Roberto Perdía

 

 

 

 

Fernando Vaca Narvaja (1977)
Fernando Vaca Narvaja (1977)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodolfo Galimberti
Rodolfo Galimberti
Oscar Bidegain
Oscar Bidegain
Jorge Cepernic
Jorge Cepernic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Gemelli y Patricia Vaca Narvaja
Gustavo Gemelli y Patricia Vaca Narvaja
Pablo Unamuno
Pablo Unamuno
Guillermo Martínez Agüero
Guillermo Martínez Agüero

 

Emilio Pérsico (actual)
Emilio Pérsico (actual)

 

Con este papel “conceptual”, los montoneros iniciaron el camino de la negociación. Una de las dos personas clave de aquellas negociaciones, el entonces secretario del PR y delegado personal de Mario “Pepe” Firmenich, Pablo Unamuno cuenta que  “A fines del 87, en el peronismo se venía la elección del candidato presidencial entre Menem y Cafiero, y nosotros teníamos que decidir por cuál jugarnos”, recuerda. “Pepe, Mario Montoto, yo y algunos más queríamos a Menem, Perdía, el Vasco (Fernando Vaca Narvaja) y Pérsico preferían a Cafiero, Galimberti estaba más jugado todavía, y otros dudaban. Entonces hicimos un Consejo Federal en la ciudad mexicana de Cuernavaca y redactamos un breve documento de ocho puntos. El segundo decía algo así como que ‘el candidato que acepte la resolución del PR de promover el cese de la persecución judicial a los compañeros y libere a los detenidos, tendrá nuestro apoyo’”. Se había dado el segundo paso.

“Ese mismo verano de 1988 lo contactamos a Menem, a través de su jefe de campaña, Julio Mera Figueroa.

Julio Mera Figueroa
Julio Mera Figueroa

Lo encaramos en Mar del Plata. Fuimos Jorge Salmón, Gemelli y yo. Estaba en cueros, esperando un asado. Le contamos la idea y nos contestó de inmediato: ‘Bueno muchachos, dénle para adelante’. Nos quedamos fríos. Esperábamos más negociaciones, pero Menem arreglaba las cosas así. Le pedimos que formalizara ese compromiso y ahí nomás lo llamó a Eduardo Duhalde para que armara una rueda de prensa en Buenos Aires”, dice el ex militante revolucionario, quien hoy trabaja junto a Patricia Bullrich, otra vieja integrante de Montoneros.
En aquella conferencia estuvieron, entre otros, Duhalde, Jorge Rachid y Fernando “Pato” Galmarini por el menemismo; Unamuno y el veterano ex gobernador santacruceño –referente de Néstor Kirchner– Jorge Cepernic. La foto del encuentro ilustró una solicitada con la que el PR hacía público su apoyo a Menem, difundida el 23 de marzo de 1988 y que hoy vuelve a publicar Clarín. Las menciones a la “autocrítica” y la “reconciliación” eran muy vagas, y de ninguna manera explicitaban el contenido del pacto sellado por los montoneros con Menem.
“Con él nunca hablamos de indultos”, aclara Unamuno. “Nuestra idea era una solución como la que años después adoptó Nelson Mandela en Sudáfrica: cerrar todas las acciones penales pendientes para aquellos que hicieran público su arrepentimiento y que aportaran información sobre hechos desconocidos o personas desaparecidas. Y quien no aceptara eso se quedaría afuera del perdón. Pero Menem sólo nos decía ‘yo lo voy a resolver, quédense tranquilos’.”

En la cárcel, Firmenich estaba lejos de tranquilizarse. Temeroso de alguna sorpresa o traición, le pedía a sus mensajeros que Menem diera señales públicas de que respetaría el pacto. “Pepe tenía dos personas de enlace con Menem: Mario ‘Pascualito’ Montoto, que era su hombre de máxima confianza y le manejaba sus asuntos privados; y yo, que era el jetón”, sonríe Unamuno.

Mario Montoto (actual)
Mario Montoto (actual)

Montoto y Cepernic, entonces, se sumaron a la mesa chica “Menem Presidente”. “Yo tenía máxima confianza con Carlos: iba a su casa en La Rioja, participaba de los asados, de los picaditos. Me preguntaba mucho por Firmenich, quería saber cómo estaba”. Los temas importantes se tocaban en diez minutos, a veces en medio de la cena, delante de invitados o de los hijos del precandidato. La respuesta siempre era la misma: “Ya sé, Pablito, yo me voy a ocupar de lo de ustedes”.
El 9 de julio del 88, contra todos los pronósticos, el caudillo riojano venció por paliza al más previsible –y hasta entonces ascendente– gobernador Cafiero, y se consagró como candidato presidencial del PJ. “En aquel momento, esa nominación era casi equivalente a la Presidencia, porque el ciclo radical ya estaba agotado”, revive Unamuno. “Yo sentía muy fuerte la presión del Pepe por un lado y las evasivas de Menem por el otro. Entonces a Firmenich se le ocurrió que una buena forma de que se blanqueara nuestro acuerdo era armar una reunión entre Carlos y don Oscar Bidegain, el ex gobernador de Buenos Aires electo en 1973 y que estaba exiliado en España, prófugo de la justicia argentina”.
Menem aceptó. Apenas terminada la interna iba a hacer un viaje por Siria, Grecia y Francia, y ahí se podía organizar la reunión. Pero había una objeción: el riojano no quería ir a España, para no tener que encontrarse con Isabel Perón. “Teníamos que convencer a don Oscar de que viajara a París y no sabíamos cómo: él era un viejo muy formal, y Menem, todo lo contrario. Temíamos que no hubiera química entre ellos, y el encuentro terminara mal”. Entonces surgió otro plan: hablar con “la Toni”, la esposa de Bidegain, que era una española izquierdista muy comprometida. “Dejen que yo hable con Oscar”, les dijo a Unamuno y Montoto, encargados de la delicada misión. “Al día siguiente él nos llamó para decirnos que sí, con una condición que todavía me emociona: ‘no quiero que pidan nada para mí’. Por supuesto, no le hicimos caso”, dice Unamuno.

La cumbre se hizo a fines de julio del 88, en el Hotel Plaza Atheneé de París, uno de los más caros del mundo, rodeados por los jeques árabes que circulaban por los alfombrados corredores: “yo coordiné todo con Ramón Hernández, el secretario de Menem”, explica Unamuno. “Entonces le repetí a Menem que estábamos con él, pero que tenía que resolver la situación de don Oscar, de Pepe y del resto de los muchachos. El volvió a decir que sí, y yo me relajé”.

Ese fue, quizás, el error más grave: lejos de la informalidad de la interna del PJ, todos los ojos del país y unos cuantos del mundo –que intentaban descifrar al excéntrico candidato argentino– estaban fijos sobre Menem. Y ya no se podían cometer errores. Unamuno se aclara la voz: “En octubre del 88, Carlos hace otra gira por Europa y decide que lo acompañe. Mientras él arrancaba por Alemania, yo lo esperaba en Roma. Y entonces un viejo amigo de la infancia que era periodista y trabajaba para el diario alfonsinista El Ciudadano me pide una entrevista. Yo acepté, y con todo desparpajo le dije que Menem iba a liberar a Firmenich. Fue un escándalo fenomenal”.
Sí, fenomenal. Alentada por la necesidad de los radicales de sembrar dudas sobre la solvencia de Menem, la versión se propagó como el polen en primavera. El candidato multiplicó sus apariciones para desmentirla. “Niego que vaya a conceder una amnistía o indulto para aquellos que participaron en violaciones a los derechos humanos”, repetía, aunque también hablaba de la necesidad de “pacificar el país”. Aunque a puertas cerradas Menem lo tranquilizó a Unamuno, el fuego seguía lloviendo sobre él. Además de los radicales, con excepción de Mera Figueroa y alguno más, el equipo de campaña menemista quería lincharlo. “Anunciaron que el Consejo del partido me sancionaría, pero al final –meses después– ni siquiera trataron el tema. Igual, el Pepe me aconsejó que no aclarara nada y me enfrió mandándome a España como enlace con Bidegain. Nunca más volví al riñón menemista”, suspira Unamuno.

¿Quiénes eran los más escandalizados en ese entorno con el plan de liberar a guerrilleros y represores? Curiosamente, quienes años después serían vistos como los más derechistas del gobierno: Eduardo Menem, Carlos Corach, Eduardo Bauzá, César Arias. Los “celestes”, una de las dos líneas que junto a los “rojo punzó” nutrió de contenido ideológico al gobierno menemista en sus primeros años. Clarín intentó entrevistar a Eduardo Menem –uno de los más cerriles opositores a los indultos– pero la muerte de su hermano mayor Munir suspendió el encuentro que había sido acordado.
César Arias, en cambio, accedió: “Yo recién me enteré un mes antes de que Carlos anunciara los indultos. Una tarde estaba mirando por una ventana de su despacho y me pidió que me acercara. ‘Lo que le voy a decir es información reservada: voy a indultar a los ex comandantes’, me soltó. Quedé duro. Me dijo que lo haría para consolidar la pacificación nacional, y que no lo comentara. Yo entendí de inmediato: si este hombre que estuvo preso y le confiscaron sus bienes tomó esta decisión, es porque tiene toda la autoridad para hacerlo”. ¿Usted estuvo de acuerdo, Arias? “Yo entendí que era una decisión tomada y que nadie podría cambiarla”, gambeteó el ex secretario de Justicia de Menem.

Eduardo Menem
Eduardo Menem
Carlos Corach
Carlos Corach

 

Eduardo Bauzá
Eduardo Bauzá
César Arias
César Arias

 

 

 

Los primeros tiempos del gobierno peronista fueron volcánicos: el aquelarre ideológico de los funcionarios que acompañaban al Presidente combinaba a peronistas ortodoxos con ex montoneros y liberales; la pacificación prometida contemplaba desde un impensado abrazo con el almirante Isaac Rojas –personificación suprema del antiperonismo– con la repatriacion de los restos de Juan Manuel de Rosas.

Almirante Isaac Rojas - Presidente Carlos Menem
Almirante Isaac Rojas – Presidente Carlos Menem

Y los indultos, por supuesto. Primero, en octubre de 1989, para los carapintadas, los cuadros militares no alcanzados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los comandantes que llevaron al país a la guerra de Malvinas y decenas de acusados de hechos “subversivos”. Después, el 30 de diciembre de 1990, para Videla, Massera y los demás ex comandantes, y para Mario Firmenich. En total, más de 300 personas. Aunque no se aceptó la variante “sudafricana”, y a pesar de que el 75% de los argentinos estaba en contra, la promesa había sido cumplida. Tal era la resistencia en el seno del Gobierno, que dos fuentes coincidieron en que el militante montonero Mario Montoto tuvo que redactar personalmente parte de los decretos.

Firmenich, Perdía y Vaca Narvaja aceptaron los decretos de indulto dictados por el presidente Carlos Menem, a quien le ofrecieron su apoyo político. También lanzaron un “compromiso solemne por la pacificación y la reconciliación nacional”.

El 21 de agosto de 2003 el Congreso Nacional declara la nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final.

Una vez que la corte suprema declarara la inconstitucionalidad de esta leyes comenzaron los juicios contra los que participaron en la represión ilegal del Estado durante la dictadura militar  que gobernó  Argentina entre 1976 y 1983.

La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

La Ley de Obediencia Debida  también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció  que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara baja un proyecto para anular estas leyes.

El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la que se declaran “insanablemente nulas” estas leyes.

El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 21 de agosto de 2003.
La ley que anuló las “leyes del perdón y de la impunidad” fue promulgada por el presidente Néstor Kirchner el 2 de septiembre de 2003.

El juez federal Claudio Bonadío que declaró primero que nadie la inconstitucionalidad de las leyes de punto final, mandó a detener a los ex jefes terroristas Fernando Vaca Narvaja (propietario de  una gomería en el barrio de Flores de la Capital) y Roberto Cirilo Perdía (funcionario de la estatal Universidad de Lanús) para indagarlos por  la causa que parecía olvidada. También pidió a Interpol la captura de Mario Firmenich (hoy economista con residencia en Barcelona).

La captura de los ex jefes guerrilleros ocurrió a dos semanas de la detención de 41 militares y un civil acusados por el juez español Baltasar Garzón de cometer crímenes de lesa humanidad y a sólo 24 horas de que la Cámara de Diputados anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Juez Baltasar Garzón
Juez Baltasar Garzón

Al ordenar su detención, Bonadío consideró que «existe un grado de sospecha que en el secuestro, privación ilegal de la libertad, su posterior desaparición forzada y homicidios» de una quincena de montoneros «habrían tenido responsabilidad los integrantes de la conducción nacional» de esa organización. En los fundamentos de la medida,Bonadío afirmó que la «conducción nacional (de la Organización Montoneros) era consciente del riesgo que se corría» al ordenar el regreso al país de los militantes que estaban en el exterior.

Las indagatorias del juez apuntarían a pedir explicaciones sobre los motivos que llevaron a la conducción de Montoneros a ordenar en febrero de 1980 que 15 militantes, entre ellos dos menores, regresaran a la Argentina dos meses después de haber salido pese a que sabían que «la estructura logística estaba copada por los servicios» de inteligencia.

Esto ocurrió , como hemos visto, en lo que se conoció como la segunda contraofensiva, ya que había existido una anterior en 1979, operación que causó la muerte de una decena y media de militantes a los que sus jefes hicieron regresar desde el exterior después de escapar.

«Los integrantes de la conducción nacional de la organización montonera no podían desconocer que la Operación Guardamuebles era conocida por la inteligencia del gobierno militar, toda vez que eran plenamente conscientes de cuáles eran los métodos de obtención de información de los servicios de inteligencia del aparato represor ilegal, estructurado por el gobierno argentino de la época»
, escribió el juez en su resolución.

Fundamentos

La Operación Guardamuebles, detalló Bonadío, fue bautizada así porque en 1979 se escondieron en locales armas y documentos de Montoneros, luego del fracaso de una primera contraofensiva. Un año después, en 1980, 17 militantes -entre ellos dos menores- fueron secuestrados y desaparecieron apenas regresaron al país para otro intento de contraofensiva.

«El inicio de las detenciones se debió al arresto de una persona que pretendía retirar muebles de un guardamuebles de la Ciudad de Buenos Aires», refirió.

El 14 de agosto de 2003 Vaca Narvaja fue apresado cuando salía de su casa del barrio porteño de Floresta, en tanto que Perdía fue detenido en Tucumán al 1500, en el centro porteño, y ahora compartió su lugar de detención con la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, con prisión preventiva  acusada de peculado.

Tras ser apresados por personal de Interpol, ambos fueron alojados en la sede de la Unidad Antiterrorista de la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo, y quedaron presos en la planta baja de la dependencia, en un piso diferente al que se encuentra detenida Alsogaray.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, destacó que la orden de detención contra los ex montoneros significa que no hay «nada contra los militares».

«Es un proceso que permite que todos los argentinos sean iguales ante la ley. Y todos son todos. No es un hecho contra los militares, como se lo quiso ver en algún momento», señaló Fernández.

Sorpresivamente, en el mismo día, Patricia Vaca Narvaja, secretaria de Derechos del Consumidor del gobierno de Kirchner y hermana del detenido, acusó al juez Bonadío de «reimplantar» la «teoría de los dos demonios» que en su tiempo esbozó el presidente Raúl Alfonsín.

Patricia Vaca Narvaja
Patricia Vaca Narvaja

Mientras continuaba indagando sobre la maquinaria represiva del Batallón 601, Bonadío empezó a buscar y recibir testimonios de ex militantes montoneros y familiares de desaparecidos, quienes criticaron distintos aspectos de la Contraofensiva: la convocatoria semipública de militantes, la desaprensión de los criterios de seguridad con que fueron enviados a la Argentina, la magra capitalización política que se obtuvo con las acciones armadas y, por sobre todo, la continuidad de la maniobra en 1980, pese a las múltiples bajas del año anterior. Según la perspectiva del juez, al adoptar esta decisión, la Conducción montonera había sido funcional a la represión ilegal, porque no podían desconocer que los militares habían detectado los depósitos de armas en Buenos Aires. Y pese a que no podían desconocerlo, aplicaron en la segunda Contraofensiva la misma planificación en la logística de armamentos, explosivos y comunicaciones que en la primera. Bonadío concluía que al repetir las mismas condiciones operativas “no existía posibilidad alguna de que los trece militantes que volvían a la Argentina no fueran capturados por las fuerzas represivas del Proceso de Reorganización Nacional”. Lo novedoso del argumento del juez para ordenar la detención de los tres ex miembros de la Conducción era que no los imputaba por ordenar los atentados de los grupos TEI, que en 1979 habían causado muertos y heridos, sino que lo hacía por haber entrenado en forma deficiente a sus subordinados, y que, además, teniendo la responsabilidad del control del aparato de la Organización, los habían expuesto a “un riesgo mayor del aceptable” en la misión que se les encomendaba y que fue determinante para que perdieran la vida.

Cuando Bonadío dictó las órdenes de detención, la teoría de la “infiltración” de la Conducción montonera recrudeció y se focalizó en la figura de Firmenich: la presunta colaboración que habrían prestado servicios secretos del Ejército a Montoneros para el secuestro del general Aramburu en 1970; la posibilidad de su colaboración con el jefe de Inteligencia del Ejército, el coronel Alberto Valín; la hipótesis del supuesto acuerdo con el jefe de la Armada, Emilio Massera, en 1978 y la excarcelación de su esposa durante la dictadura militar fueron algunos de los datos que presentaban al jefe montonero como “doble agente”. Un elemento que puede ser tenido en cuenta para matizar esta hipótesis es el documento del Departamento de Estado producido el 21 de agosto de 1980, donde, al recoger información de su fuente militar, el funcionario de la embajada estadounidense escribió: “Por otra parte, los servicios de seguridad argentinos tienen ahora tres equipos trabajando en el exterior con la misión específica de matar a Firmenich”.

Firmenich, que vivía en España, no se puso conforme a derecho, y Perdía y Vaca Narvaja mantuvieron una línea argumental de su defensa que no se diferenció. Se manifestaron víctimas de una persecución política, como lo habían sido miles de desaparecidos en los tiempos de la dictadura, y que se los detenía por el supuesto delito de haberla resistido. Sobre el caso puntual de la Contraofensiva, cuando el juez les preguntó detalles de la maniobra o nombres de guerra de los combatientes, Perdía no los recordaba y Vaca Narvaja decía que no iba a delatarlos; específicamente, sobre los guardamuebles, Perdía dijo que él no podía saber donde se guardaban “los materiales” y que al iniciar la Contraofensiva de 1980 no estaba enterado de que los militares ya los hubiesen detectado. Vaca Narvaja se excusó de realizar precisiones porque, para esa época, él estaba en Nicaragua. Los dos se negaron a responder preguntas formuladas “a partir de los informes secretos del Ejército, producidos bajo tormento en campos de concentración”.

En su auto de prisión preventiva, Bonadío consideró que los sobrevivientes de la Conducción eran penalmente responsables como “partícipes necesarios” de trece hechos —los miembros del grupo TEI desmantelado en 1980—, aunque los desligó de responsabilidad por las capturas de Campiglia y Pinus en Brasil en marzo del mismo año. Firmenich se mantuvo prófugo. Perdía y Vaca Narvaja estuvieron en prisión hasta el 20 de octubre.

Ese día, la Sala II de la Cámara Federal dictaminó que la detención de ambos era arbitraria —tanto como el pedido de captura de Firmenich—, porque el juez Bonadío no tenía elementos de prueba mínimos que permitieran sospechar que habían incurrido en algún delito en los hechos que investigaba. La Cámara, además, apartó al juez de la causa.

La causa de la Contraofensiva pasó al Juzgado Federal número 2, del juez Jorge Luis Ballestero, y luego al número 4, a cargo del doctor Ariel Oscar Lijo. La Fiscalía reclamó 25 años de prisión para los militares detenidos y pidió al juez que abriera el proceso a prueba y dictara sentencia.

Juez Jorge Luis Ballestero (actual)
Juez Jorge Luis Ballestero (actual)
Juez Ariel Lijo (actual)
Juez Ariel Lijo (actual)

 

Por la causa “Contraofensiva de Montoneros” el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, condenó el 18 de diciembre de 2007,  a Cristino Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval, Santiago Manuel Hoya, Juan Carlos Gualdo, Waldo Carmen Roldán, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri y Julio Héctor Simón.

El 31 de mayo de 2012 condenó a Antonio Herminio Simón a 19 años de prisión y a Alfredo Omar Feito a 10 años de prisión, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. Fue en el marco de la causa n° 8905/07, “Simón Antonio Herminio y otros s/ privación ilegal de la libertad”, comúnmente conocida como “contraofensiva de montoneros”.

Mario Firmenich en la actualidad

Desde que está radicado en España, trabajó como profesor asociado en el departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona (UAB), donde se doctoró en Economía en 1999, con la tutoría del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, escribió diversos artículos para publicaciones especializadas en economía y publicó Eutopía, en 2004, un libro en el que plantea un proyecto alternativo al modelo neoliberal.
Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, en Reus, una pequeña ciudad que conforma parte del área metropolitana denominada Camp deTarragona, en la provincia de Tarragona, en Cataluña.En la tercera planta donde funcionan los despachos de las asignaturas de Economía de la universidad se encuentra el aula de profesores número 33, que comparte con otros profesionales. Sobre la pared, una placa indica su nombre: Firmenich M. Eduardo, entre el de otros tantos docentes.

 

Profesor Mario Firmenich
Profesor Mario Firmenich
Firmenich hoy en día
Firmenich hoy en día

Roberto Cirilo Perdía

Actualmente es miembro del Colegio de Abogados, profesor en la Universidad de Lanús y escritor

Roberto Cirilo Perdía (actual)
Roberto Cirilo Perdía (actual)

Fernando Vaca Narvaja

(Nota de 2012 Diario El País de España)

Vaca Narvaja, que en estudios y formación acredita haber sido liceísta del Ejército (no es ingeniero) ocupará el ministerio de Obras Públicas en la provincia patagónica de Río Negro (sur). Lo fichó el Gobernador kirchnerista Alberto Weretilneck, que era vicegobernador y ascendió cuando el gobernador titular, Carlos Soria, fue asesinado de un disparo en la cabeza por su esposa, en un supuesto ataque de celos.

Soria había nombrado a Vaca Narvaja al frente del llamado Tren Patagónico. Y antes estuvo a cargo en Río Negro del plan de construcción de viviendas sociales “Sueños Compartidos”, de las Madres de Plaza de Mayo, que finalizó en un escándalo por el supuesto desvío de 250 millones de pesos (42 millones de euros) de dinero público, según la prensa argentina.

La prensa de Río Negro y los opositores reaccionaron negativamente ante el nombramiento de Vaca Narvaja. El gobernador Weretilneck respondió a las críticas: “Recuerda al macartismo y la caza de brujas; es patético”. Y el ex jefe guerrillero, menos virulento, intento relativizar las opiniones en su contra comentado que “ese pasado” suyo “es algo que todos conocen, es inocultable”.

Fernando Vaca Narvaja
Fernando Vaca Narvaja

 

Fuente principal: Fuimos soldados,Marcelo Larraquy

Resto de la información: recopilación personal

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