Santucho y Gorriarán Merlo (1973)
Santucho y Gorriarán Merlo (1973)

 

Según el “Informe Especial Mensual de Inteligencia N° 15/77” (Abril 1977) realizado por el “Grupo de Tareas 1” sobre la “Situación del PRT-ERP”, el Buró Político de la organización armada “se ha trasladado al exterior… continuando desde allí la lucha y ordenando por intermedio de la creación de una secretaría política o conducción política con sede en nuestro territorio, ejecutora y realizadora de las órdenes emanadas del Buró”. De acuerdo con el informe, los dirigentes que se encontraban en el exterior “serían”:
• Arnold Juan Kremer, “Capitán Luis” o “Luis Mattini”.
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, “El Pelado” o “Comandante Ricardo”.
• Carlos Emilio All, “Capitán Alejandro” o “El Cuervo”.
• Raúl Concetti, “Rogelio Galeano” o “El gringo Luis”.
• Carlos Orzacoa, “El Vasco” o “Daniel”.
• Julio Oropel, “El Negro Jorge”.
• Y, aparte, las esposas de All y Gorriarán Merlo.

Luis Mattini (Arnold Kremer) (actual)
Luis Mattini (Arnold Kremer) (actual)
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo

 

El “secretariado político”, en el país, estaba integrado entre otros por:
Hugo Alfredo Irurzún, “Capitán Santiago”.(Muerto en Paraguay tras haber asesinado a Anastasio Somoza Debayle , junto a Gorriarán Merlo que huyó)
• Juan Carlos Ledesma, “Vizcachón”.
• Eduardo Martín Streger, “Teniente Martín” o “La Tía”.
• Javier Ramón Coccoz, “Teniente Pancho”. A cargo de inteligencia.
• Luis María Aguirre, “Tato” o “El Negro”. A cargo de proselitismo militar.
• Sonia Alicia Blessa, “Ángela”. A cargo de documentación nacional.
• Elena Codan, “Paula”. A cargo de personal nacional.
• María Nora Munitis de Merbilhaá, “Alicia”. A cargo de internacional (en el país).

Cadáver de Irurzún
Cadáver de Irurzún (en Paraguay tras asesinar a Somoza)
Eduardo Martín Streger
Eduardo Martín Streger
coccoz
Javier Ramón Coccoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El secretariado tendría “las mismas funciones que ejercía el Buró de la organización, o sea que tomaría todas las tareas partidarias y del ejército pero siguiendo siempre la orientación dada desde el exterior”. Esta determinación “fue tomada al igual que otras de importancia en la reunión de los últimos Comité Ejecutivo de la organización que se tenga conocimiento a fines de 1976”. En esas reuniones se resolvió: “a) Volver a estudiar las etapas de la guerra prolongada; b) Una autocrítica a la concepción espontaneísta, y c) Disolver o achicar según las necesidades o conveniencias los grandes aparatos partidarios. […] Esto trae la ventaja de contar con menos integrantes y por lo tanto ofrecer menos blancos”.
El informe es una radiografía del PRT-ERP en ese momento, con muy pocas conclusiones: estaba perforado por la inteligencia militar y se hallaba al borde de la extinción. En sus 32 páginas se observa el conocimiento detallado de cada una de las regionales, sus responsables, sus efectivos. Por ejemplo: “La Regional Buenos Aires Norte-Oeste. Se estima en unos 72 miembros, los cuales se encontrarían distribuidos de la siguiente manera: PRT, 25 efectivos; ERP, 17 efectivos y Juventud Guevarista, 30 efectivos”. El trabajo de los miembros abarcaba “en la Zona Oeste, las fábricas de Chrysler, Mercedes Benz, Cantábrica y Santa Rosa. Y en la Zona Norte, General Motors, Ford, Fiat, Astarsa, siendo casi nula su actividad en Tensa y Del Carlo, donde perdieron gran parte de sus efectivos”. A la “Regional Buenos Aires Sur”, el informe le adjudicaba 87 miembros. Y la más poderosa en ese momento era la “Regional Capital Federal” con 90 integrantes (PRT, 30; ERP, 15 y Juventud Guevarista, 45 efectivos), “la mayoría de los cuales milita en los frentes secundarios y universitarios”. La otrora activa y conocida “Regional Riberas del Paraná fue destruida en un 95%”. En resumen, los militares sabían que en abril de 1977, el PRT-ERP: “a) carecía de jefes y cuadros experimentados; b) falta de periferia; c) dificultades para el apoyo logístico de sus integrantes, y d) desconfianza en la conducción”.
Es decir, ya poco quedaba de los 6.000 miembros de los que habló Domingo Mena durante la cumbre de la quinta de Moreno, en la que casi cae toda la conducción guerrillera. Ya no se podía seguir la directiva de Mario Roberto Santucho (vuelta a señalar en este informe): “La guerrilla se debería sentir, moverse, como pez en el agua”.
A partir de la página 19, el informe deja de ocuparse de la cuestión militar de la organización y observa, no sin impotencia, la situación internacional en la que ha caído la Argentina como resultado de su enfrentamiento interno, “guerra civil” o como quiera denominársela. La Inteligencia Militar sigue los pasos de un sinnúmero de abogados e intelectuales ligados con la insurgencia, y manifiesta que “lo más grave es que, a pesar de las mentiras que se dijeron en algunos casos, es que fueron escuchados por diversas personalidades de todo el mundo, como ocurrió en el Senado de los EE.UU., donde dieron una conferencia sobre el tema que nos atañe los doctores Gustavo Roca, Héctor Sandler y Lucio Garzón Maceda, o bien como ocurrió con Su Santidad, el papa Pablo VI, que recibió personalmente a familiares del tristemente célebre Mario Roberto Santucho (NG) ‘Robi’, jefe máximo del PRT-ERP”.
Otro informe de Inteligencia Militar N° 17/77, del mes de junio, sobre la “Juventud Guevarista”, detalló que en febrero de 1977 se reunió su Mesa Nacional, bajo el nombre de “Rodolfo Ortiz” (a) “Horacio” donde se trazó el estado paupérrimo de la organización, tras la caída de tres miembros de su dirección en septiembre de 1976 (incluido su “secretario general”).
Para el año 1977 las organizaciones armadas ERP-Fracción Roja, ERP 22 de Agosto, Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y Comando Populares de Liberación (CPL) habían sido totalmente aniquiladas. Sólo quedaba Montoneros.También las fuerzas de seguridad secuestraban militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno que se habían exiliado en la Argentina, y enviaban los interrogatorios al país vecino o llegaban agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para interrogarlos.Lo mismo sucedía con ciudadanos uruguayos.Es el caso de Marcelo Gelman , hijo del poeta Juan Gelman , y su esposa María Claudia García Iruretagoyena que estaba embarazada.

Marcelo Gelman
Marcelo Gelman
Claudia G.I.de Gelman
Claudia García Iruretagoyena de Gelman

 

 

Hubo casos emblemáticos que hicieron estragos en la moral de los militantes del ERP.
Por ejemplo, fue secuestrado Ricardo Gaya, un oficial de la Policía Federal que revistaba en Coordinación Federal y era militante del ERP; luego secuestraron a su hermano y a su esposa, quien tuvo un hijo en Campo de Mayo.

Ricardo Alberto Gaya
Ricardo Alberto Gaya
Ana García de Gaya
Ana García de Gaya

 

Para la misma época, julio de 1976, fue secuestrado Carlos Santucho, hermano del jefe del ERP, en la empresa Aceros Atlas, del barrio de Recoleta, donde trabajaba como contador desde hacía veinte años.

Carlos Santucho
Carlos Santucho

Su hija había desaparecido en Monte Chingolo, tras el asalto al Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno. Él militaba en una agrupación peronista. Lo llevaron al centro de detención Automotores Orletti, prisionero. El 19 de julio, a él y a su hermana Manuela, también secuestrada, los hicieron leer la crónica de la muerte de su hermano Roberto Santucho en Villa Martelli. Y luego lo ataron al gancho que pendía de las cadenas colocadas en el techo y lo sumergieron una y otra vez en el tonel, hasta que se dieron cuenta de que estaba muerto. Su cuerpo apareció en un baldío de Ramos Mejía.

Otro caso es la desaparición de María Cristina Cournou, hermana del músico Víctor Heredia, y de su compañero Claudio Nicolás Grandi. Los secuestros, ocurrieron el 22 de junio de 1976 en la localidad de Moreno, cuando una patota del Ejército irrumpió por la fuerza en la calle Ciudadela 353 como parte de varios operativos que tenían por objeto desmantelar el aparato de prensa y comunicación del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo).

María Cristina Cournou y Claudio Nicolás Grandi
María Cristina Cournou y Claudio Nicolás Grandi

La “Negra” Cristina. En el momento de su secuestro, María Cristina tenía 28 años, estaba embarazada de cuatro meses y era un cuadro importante en la estructura de prensa del PRT. Trabajaba como maestra de grado en la Escuela Nº 19 de Moreno, había sido una de las impulsoras de la Casa de la Cultura del distrito, y tenía la voz cantante en las asambleas del gremio. Ese martes 22 de junio, la casa que compartía con Claudio Grandi, en la localidad de Paso del Rey, fue asaltada por un grupo de tareas vestido de civil, que se llevó a la pareja y dejó a Yamila, hija de ambos, en la vivienda de la familia Padín, vecina colindante.

Lo importante fue la conexidad. Las caídas fueron en cadena , y el hilo conductor lo marca el hecho de que todos los militantes secuestrados desarrollaban tareas de prensa y difusión en el PRT.

El aparato de prensa del ERP era una columna muy importante en la acción del grupo guerrillero.

En el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Jorge Emilio Arancibia era “Mario”, “Alejandro” o “Ernesto”. Había nacido en 1953, y después de alcanzar promedios altos en el nacional Mariano Moreno, empezó a estudiar Medicina. En 1974 lo echaron del Banco Nación, y se quedó sin el sueldo con el que mantenía el departamento que ocupaba con sus padres en San Telmo. El 10 de julio de 1976, mientras terminaba algunas tareas de militancia con un grupo de compañeros en Ecuador 160, de la localidad de San Andrés, partido de San Martín, una patota del Ejército asaltó la casa y asesinó a Jorge mientras estaba desarmado y rendido en el suelo. El cuerpo de Arancibia fue enterrado como NN, y pasados varios años se pudo reconocer el certificado de defunción con las fichas dactilares tomadas antes de la inhumación, pero sus restos no se han podido recuperar.
Al entrerriano Juan Carlos García Del Val, “Fantomas”, lo secuestraron el 9 de julio del ’76 en Caseros, en un operativo en el que también desapareció a su hijo Eduardo Rudyar, de 15 años. Como Arancibia y la treintena de militantes cuyos casos investiga el juez Daniel Rafecas, García Del Val formaba parte del aparato de prensa del PRT-ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), encargado de emitir comunicados y editar el periódico El Combatiente y la revista Estrella Roja.

Jorge Emilio Arancibia
Jorge Emilio Arancibia
Juan Carlos García del Val
Juan Carlos García del Val

La seguidilla de operativos de la dictadura, llevados a cabo entre junio y julio de ese año, también incluyó el asalto a la imprenta que la organización tenía en el barrio Observatorio, en Córdoba, desde donde distribuía unos 70 mil ejemplares mensuales de aquellas publicaciones, para la provincia y todo el norte argentino. El taller estaba ubicado en Fructuoso Rivera 1035 (antes Achával Rodríguez), y era una “obra maestra de la ingeniería”, según el recuerdo del “Vasco” Carlos Orzacoa, importante cuadro que formó parte de aquella experiencia. Tomando como base lo hecho por los tupamaros uruguayos, considerados expertos en construcciones subterráneas, el ERP organizó un equipo de obreros que, tabicados y sin saber dónde estaban, durante un año y medio extrajeron 250 metros cúbicos del subsuelo de la vivienda, y confeccionaron un sótano de dos niveles a ocho metros de profundidad. Para no despertar sospechas en el barrio, la tierra que se iba sacando era tirada en bolsas de diez kilos, una por una, al río Suquía.
Para acceder a la imprenta cordobesa del ERP era necesario pasar por la cocina de la casa, y meterse –literalmente– en el bajomesada que simulaba guardar cubiertos y cacerolas. Un mecanismo corría el piso interior, por donde asomaba una escalera estrecha que iba hacia donde funcionaban las máquinas: dos Cabrenta, dos Rotaprints, una guillotina Krausse, mesas para diseño y foto composición, sistema de ventilación y depósito para tintas y papel. En el subsuelo, los responsables de la organización eran Miguel Ángel Barberis y Matilde Sánchez. Y en la superficie, Victoria Abdonur y Héctor “el Negrito” Martínez se ocupaban de ser una pareja de barrio que no llamara la atención. La pantalla era un taller de herrería que Martínez tenía en el fondo. Nunca nadie supo que en su camioneta de reparto de rejas y ventanas, un doble fondo escondía los paquetes de revistas y periódicos recién impresos para repartir en distintos puntos del país.
El 12 de julio de 1976 la imprenta cordobesa también cayó, tras un operativo encabezado por el teniente coronel Alfredo Carpani Costa. Los cuatro militantes, advertidos de la movida, pudieron escapar antes de la vivienda, pero al poco tiempo fueron secuestrados por grupos de tareas en otros lugares de la provincia.
Rocío Ángela Martínez Borbolla era “Ana” o “Sargento Ana”. Y su compañero Pedro Oscar Martucci era “Tato”. Vivían en un departamento de los monoblocks del Barrio Envión 3, en Haedo, junto con dos hijos de Rocío de un matrimonio anterior, Camilo y Bárbara, de 4 y 8 años. La pareja redactaba notas para El Combatiente, hasta que el 14 de junio de 1976 fue secuestrada en esa casa, de donde los captores robaron muebles, electrodomésticos y libros.

Un caso especial es el caso de  Ricardo Fermín Albareda quien era ingeniero electrónico, subcomisario de la policía de Córdoba a punto de ser ascendido a jefe de Comunicaciones y miembro del aparato de Inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desde 1972 y recién fue descubierta su vinculación en 1979.

Ricardo Fermín Albareda
Ricardo Fermín Albareda

Albareda ascendió en la estructura policial, cursó sus últimas materias y colaboró con la inteligencia del ERP. En pleno gobierno militar y en función de una foja de servicios impecable, Albareda llegó al grado de subcomisario en la Central de Comunicación de la Casa de Gobierno. “El lugar que ocupaba era clave para el desarrollo de nuestra lucha, porque en la central de comunicaciones él se enteraba de los procedimientos que hacían los grupos de la D2 y nos avisaba. Así logró que mucha gente se salvara de las garras de Raúl Telleldín y toda su banda de asesinos”, dijo a Página/12 Carlos Orzacoa, abogado y ex dirigente de la Regional Córdoba del PRT. “Nuestra estructura de inteligencia no estaba integrada por células, sino que respondían a un solo contacto. Ese tabicamiento del trabajo permitió que Albareda estuviera tanto tiempo dentro de la policía sin que nadie sospechara de él”, agregó Orzacoa. Elena del Carmen Germán Sueldo, ex integrante de la misma organización político-militar, secuestrada y torturada en la D2 junto a su marido Julio Oropel, también del PRT/ERP, reconoció en su testimonio ante la Justicia federal que luego de fugarse del país en 1975 “pudo tener esporádicas noticias sobre Albareda, a través de terceros, conocidos de ambos, logrando saber así que se hallaba bien y que continuaba su militancia en el partido, cortándose ya toda información hacia el año 1978”.

A punto de ser ascendido a comisario, Albareda fue descubierto. Aunque nadie sabe quién lo entregó ni cómo, el testimonio de Carlos Moore, un ex guerrillero convertido en colaborador policial luego de su secuestro y cautiverio en la D2, es un aporte: “Desde 1975, Inteligencia se abocó a la búsqueda e identificación de un oficial de policía sindicado de militar en Informaciones del ERP. Luego de numerosos e interminables chequeos de fotografías de empleados de policías hechas visar por los secuestrados, finalmente a mediados de 1979 identificaron al oficial cuya suerte quedó librada a Américo Romano, quien ordenó su secuestro”.

Carlos Moore
Carlos Moore

A las diez de la noche del 25 de septiembre de 1979 un grupo de policías de la D2 lo detuvo en la calle, mientras manejaba su auto. Luego de forcejear con sus captores, el policía fue metido a un auto y trasladado a la Casa de Hidráulica en Carlos Paz. Minutos después llegaron el comisario Telleldín (el padre de Carlos, involucrado en el caso AMIA) y Romano, jefe de los operativos callejeros, acompañados por el agente Hugo Britos. Comenzaron la sesión de tortura junto a los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Después de varias horas, Telleldín llamó a uno de los tres policías que custodiaban la guardia del lugar, Roque Calderón, para que “vea lo que le pasa a los traidores”. Atado de pies y manos a una silla, mientras unos insultaban y degradaban a Albareda sacándole sus insignias, Telleldín proclamaba enfurecido que el escarmiento era para los “infieles a la fuerza policial”. Según el relato de Calderón que consta en la resolución judicial, el capo de la D2 “sacó un estilete del tipo bisturí, se colocó un par de guantes de cirujano y procedió a la castración de Albareda, quien indefenso daba horribles gritos de desesperación y dolor”. Como no aguantaba, Calderón le pidió permiso a su jefe para retirarse de la sala. Luego, los hermanos Carabante le contarían que Telleldín metió los testículos en la boca de Albareda, se la cosió y lo dejó sentado ahí, desangrándose, mientras ellos comían un asado en el patio de la casona. El cuerpo de Albareda, que nunca apareció, habría sido trasladado por Telleldín, Romano y Britos en un auto, obligando a los guardias a “limpiar todo con lavandina”.

LA CAÍDA DE LAS IMPRENTAS CLANDESTINAS.

La caída de las imprentas clandestinas 
Un golpe en el corazón del PRT-ERP 


Un golpe en el corazón del PRT-ERP La caída de la imprenta clandestina del Barrio Observatorio, en Córdoba, el 12 de julio de 1976 significó un durísimo impacto para el aparato de propaganda del PRT-ERP. 

Desde allí se distribuían aproximadamente 70.000 ejemplares de El Combatiente, periódico del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y de Estrella Roja, el órgano del Ejército Revolucionario del Pueblo, destinados a esa provincia y el resto del norte argentino.

Fue el segundo golpe en muy poco tiempo, ya que apenas veinte días antes, el 22 de junio, las fuerzas represivas habían irrumpido en la imprenta clandestina más importante que tenía el PRT, en la calle Ciudadela 353 de la localidad bonaerense de Moreno, desde donde salían casi cien mil ejemplares de El Combatiente, Estrella Roja y Juventud Rebelde, esta última órgano de prensa de la Juventud Guevarista, los cuales eran distribuidos en la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y otras regiones del centro y el sur del país. Ambas operaciones formaron parte de una escalada represiva ocurrida entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1976, destinada a destruir el aparato de prensa del PRT-ERP.

Esas operaciones, todas ellas perpetradas por patotas del Ejército, dejaron también como saldo la desaparición de por lo menos 32 militantes de la organización revolucionaria armada conducida por Mario Roberto Santucho.

En la concepción de guerra revolucionaria del PRT, la propaganda en general y la prensa partidaria en particular ocupaban un lugar central. “Para los militantes del PRT el periódico partidario El Combatiente era su arma más poderosa, al punto que el presupuesto de propaganda era mayor que el militar”, explicó a Miradas al Sur Daniel De Santis, miembro del Comité Central del PRT.

En las resoluciones del Comité Central de Partido Revolucionario de los Trabajadores de febrero de 1973, se establecieron claramente las funciones que cumplían la propaganda y la agitación, tanto por “su rol organizador” cuanto como “vehículo de la penetración de las ideas revolucionarias entre la vanguardia y las masas”.

“El periódico se constituía en un medio que formaba parte de la vida de los militantes, aspirantes, simpatizantes, colaboradores y contactos. Era algo más que un portador de ideas, era un organizador colectivo.

Se trataba de realizar una práctica social de comunicación emparentada con una lógica de trabajo, que haría posible conocer lo que pensaban sus destinatarios al respecto de lo que leían, establecer dónde llegaban sus publicaciones, quiénes las comentaban y cómo practicaban esa lectura –en grupos, en círculos o de manera individual–.

Para esto, el contacto cara a cara se constituía en una tarea fundamental, de la misma manera que la venta directa del periódico; el hecho de involucrarse en una actividad partidaria de intercambio de ideas y el de movilizar todos los recursos humanos disponibles para ese cometido, facilitaba la comunicación entre los obreros y los ayudaba a observar los resultados de un trabajo organizado”, analiza Sandra Santilli en “La prensa clandestina: un estudio de caso sobre el PRT-ERP”.

Por eso, el desarrollo del área de propaganda de la organización –aún en la clandestinidad– era tan importante que provocaba la admiración de los revolucionarios cubanos. “Ustedes, en la clandestinidad, tienen mucha mejor prensa que la que nosotros tenemos en el poder”, llegó a decirle, a mediados de la década de los ’70, un importante dirigente de la Revolución Cubana a otro integrante del Comité Central del PRT.

En ese contexto, el descubrimiento y desactivación por parte de las fuerzas represivas de la dictadura de las dos imprentas más importantes de la organización pegaron en un centro neurálgico del accionar del PRT. Pero no fue un golpe mortal.

“Tan tremendo golpe se logró superar por la aguerrida militancia perretista y porque teníamos importantes imprentas regionales. El Combatiente sólo dejó de salir una semana, a la siguiente nos llegaron a la Regional Sur una cantidad mayor que la habitual. Una célula de Lanús decidió esparcir los sobrantes en la puerta de ‘su’ fábrica.

Unos días después me encontré con un militante montonero de esa zona que me contó el hecho, y no paraba de decirme: ¡Qué tenacidad que tienen ustedes! ¡Qué tenacidad que tienen ustedes!…

¡Qué tenacidad que tienen ustedes!

Pese a ese y otros tremendos golpes, en el año 1976 fueron publicados 47 periódicos El Combatiente, uno más que el año anterior en el apogeo del PRT”, recordó De Santis. Siete días después de la irrupción del Ejército en la imprenta del Barrio Observatorio de Córdoba, el 19 de julio de 1976, el secretario general del PRT, Mario Roberto Santucho, caería en combate junto con Benito Jorge Urteaga, otro miembro del buró político de la organización, resistiendo la irrupción de la patota del Ejército que los encontró en un departamento de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires.

Ese mismo día, un tercer miembro de la dirección del PRT, Domingo Menna, fue secuestrado en la calle y trasladado al centro clandestino de detención de Campo de Mayo, donde permaneció varios meses antes de ser asesinado.

EL GOLPE A LAS ESTRUCTURAS DE INTELIGENCIA Y FINANZAS

El relato de Luis Mattini refleja las circunstancias que terminaron con el ERP.
En la causa en la que está siendo juzgado el capitán del Ejército Héctor Vergez, por cuatro desapariciones, Kremer detalló la estructura del PRT–ERP y cómo algunas de las víctimas colaboraban secretamente con la organización.

Es difícil esto, pero cuando apareció el secuestro clandestino y la desaparición nosotros no teníamos ningún tipo de orientación. Incluso nos basábamos en la experiencia internacional. Recuerdo que consulté con especialistas cubanos que nos dijeron que era imposible: ‘No hay Estado que pueda ocultar campos de concentración’. En ese momento creí que era así, que era una ley. Hoy con más de 75 años creo que era una opinión. Cuando la esposa de Osatinsky lo denunció desde el exterior, fue una sorpresa para nosotros, una sorpresa real.”

En aquella época, Juan Arnold Kremer era Luis Mattini, la persona que sucedió a Roberto Santucho en la dirección del PRT. Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 le tomaron juramento en la causa por la caída de “Pancho” Javier Coccoz, el jefe del aparato de inteligencia de la organización secuestrado en mayo de 1977. Kremer intentó darle cuerpo a la figura de Coccoz, que en este expediente enlaza al resto de las víctimas. Mientras las preguntas avanzaban, buscó dar cuenta una y otra vez de los roles y la información fragmentada de contactos de una red tendida en una época con buena parte de los protagonistas perdidos, miles de tabicamiento y en medio de la debacle del partido que en ocasiones parece hacer de la reconstrucción una tarea imposible.

“¿Usted dijo que Coccoz era el jefe del aparato de inteligencia?”, preguntó la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Coccoz no tuvo la posibilidad de asumir plenamente la jefatura sino que lo hizo de forma interina –dijo Kremer–. El tema es que en ese momento había que resolver un caso, pero no alcanzábamos a resolverlo porque las caídas se precipitaban unas tras otras y asume esa función en forma interina. Después de esa caída nunca pudimos reconstruir la jefatura.”

–¿Qué pasa con la estructura de Inteligencia después de la caída de Coccoz?

–No era más que la caída de otra serie de compañeros. Se produjo cuando se inicia la derrota total del PRT. Tapábamos agujeros, perdón por la expresión, pero salíamos a cubrir lo que él sabía, a las personas que él contactaba, pero caía otro y salíamos a cubrir los contactos de este otro, y no alcanzábamos a organizar todo, estábamos actuando en la emergencia.

La red

Coccoz fue secuestrado el 17 de mayo de 1977 y lo llevaron a Campo de Mayo. En la causa se investigan otras tres caídas asociadas: su compañera, Cristina Zamponi, secuestrada con su hijo y luego exiliada. Y el secuestro y desaparición de dos hombres del mundo de las finanzas y los negocios: Julio Gallego Soto, que integró la resistencia peronista, fue hombre de confianza de Juan Perón y a esa altura, pese a mantener contactos con un sector de los militares, estaba cerca del PRT. La otra víctima es Juan Carlos Casariego del Bel, ex funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a la maniobra de nacionalizar la ex Italo impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz. Casariego del Bel cayó el 15 de junio y Gallego Soto el 4 de julio. Se supone que los dos eran parte de la red del PRT.

Julio Gallego Soto
Julio Gallego Soto
Juan Carlos Casariego del Bel
Juan Carlos Casariego del Bel

 

El juicio lleva como único acusado al ex capitán del Ejército Héctor Vergez, agente de Inteligencia del Batallón 601, trasladado a Buenos Aires después de dirigir el centro clandestino de La Perla para encargarse de “doblar” a Coccoz en busca de su red de contactos, según la hipótesis que sostiene la fiscalía. Los datos que enlazan a Coccoz con cada una de las víctimas son parte del dilema del juicio: son necesarios para condenar a Vergez, pero formaron parte de los secretos más guardados del PRT.

“Yo cumplí la sencilla tarea de reemplazar a Santucho como secretario general del partido –ironizó Kremer–. Muchas de las cosas que conozco tienen que ver con lo que me llegaba de los compañeros. Conocí a Coccoz brevemente. Sabía muy bien quién era, pero por mis funciones casi no tuve contacto.” Coccoz “cumplía funciones en lo que llamábamos aparato de inteligencia”. El aparato estaba dividido en dos secciones: información y operaciones. Coccoz era el jefe operativo. La información sólo se la daba a Santucho y pudo haberla compartido con Benito Urteaga. “Manejaba información delicada; ese tipo de información era tabicada, no la manejábamos todos: en la dirección colectiva nunca se informaban los detalles; lo que manejábamos colectivamente era el resultado de esa información. El ERP era tremendamente vertical”.

Sobre esos datos sensibles avanzó la audiencia. Los fiscales y querellas creen que Casariego del Bel y Gallego Soto eran parte de la estructura de informantes “conscientes o inconscientes”, como dijeron los testigos, que la organización desplegó. Tenían contactos en el campo de la economía y del aparato militar para saber qué sucedía al interior de las Fuerzas Armadas, explicó Kremer. En un momento, mencionó el Banco Central como parte de esas redes. Explicó que “en general, con ese tipo de organizaciones del aparato del Estado el vínculo primero venía por la vía sindical. Seguíamos en la organización de los sindicatos, era una fuente de información y eso nos podía llevar a otros vínculos, pero del Banco nos interesaban esas cosas que se supone que son secreto, que mantienen las maniobras económicas del gobierno: teníamos que estar al día, era información vital desde el punto de vista político”.

Habló de Julio Gallego Soto y de Alicia Eguren de Cooke, que en esta historia aparece como la persona que puso en contacto a Soto con uno de los hermanos de Santucho y así con Coccoz. “Nadie que haya conocido a esa mujer puede olvidarse de ella –dijo Kremer–. Teníamos acuerdos políticos porque ella pertenecía al peronismo revolucionario. Ella no era montonera. La frecuenté muchas veces, era una mujer muy destacada.”

Alicia Eguren de Cooke
Alicia Eguren de Cooke

Sobre el Gallego Soto dijo: “Era un militante, alguien de nuestra organización”. “Y me suena porque siempre decíamos que tal cosa lo decía el Gallego y cuando preguntaba qué Gallego me decían Soto. Tenía una función importante y es probable que haya tenido vinculación con Coccoz.”

Una de las líneas subterráneas del juicio ata el expediente al caso de Rafael Perrota, director de El Cronista Comercial. Su causa sigue en etapa de instrucción. La fiscalía siguió preguntando. En este caso, Sosti quiso saber si el PRT hizo tratativas para comprar el diario.

Rafael Perrota
Rafael Perrota

“Ya habíamos tenido la experiencia de El Mundo. Nosotros mismos nos criticamos y después hicimos tratativas para comprar El Cronista Comercial. Cuando se produjo el secuestro de Perrota estábamos en eso.”

–¿Cuál era la relación de Perrota con el partido?

–Lo que nosotros podíamos llamar… era simpatizante, estuvo muy interesado por la experiencia del PRT, creo que fue desaparecido por eso. Y nuestra idea con el periodismo era que él siguiera dirigiendo el diario, que no se convirtiera en un panfleto. Si La Nación, por dar un ejemplo, era el diario de la oligarquía terrateniente y Clarín, el de la industria, que él nos representara a nosotros.

–¿Era informante?

–Informante es una manera de decir. No era un informante en el sentido de que daba información, que puede ser consciente o inconsciente. Perrota era colaborador, no sólo informaba sino que daba opinión.

–¿Perrota con quién se veía?

–Eso lo manejaba el buró político. Una parte lo manejaba Susana Viau. Santucho no se podía encontrar todos los días, era muy buscado.

 

 

 

Fuente : Fuimos todos.Cronología de un fracaso, Juan B. Yofre

Los 70.Una historia violenta,Marcelo Larraquy

Recopilación personal de información.

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