LA HUELGA FERROVIARIA Y LA REPRESIÓN

Otro conflicto que fue in crescendo en forma simultánea al complot militar fue el de los obreros ferroviarios. Hasta 1949, la política de control de precios sobre los productos de consumo popular y los subsidios estatales del peronismo habían generado un aumento neto del sesenta por ciento en el salario obrero. Pero la economía empezó a presentar síntomas de agotamiento. El crecimiento industrial se detuvo, cayeron los precios de las exportaciones y se deterioraron el intercambio comercial, y también el consumo popular. La nueva redistribución del ingreso fue cada vez más difícil de sostener. Fue el fin de la prosperidad de posguerra.

Las demandas obreras no cedían y no bastaba el arbitraje oficial para contenerlas. La política laboral del peronismo se endureció: suspensión de convenios colectivos de trabajo, congelamiento de salarios, fin de subsidios a empresas.

Las comisiones internas de las fábricas que no aceptaban las nuevas reglas y reclamaban por las conquistas laborales fueron puestas bajo vigilancia.

La plantilla ferroviaria fue una de las más observadas. Para no quedar prisioneros del verticalismo peronista, se opusieron a la intervención de su gremio por parte de la CGT. En enero de 1951 se lanzaron a la huelga. Cuarenta dirigentes fueron cesanteados. Según Perón, la huelga comprometía la “seguridad del Estado” que había convertido en ley. La medida de fuerza fue encuadrada como un acto ilegal. Ya estaban prevenidos. “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, en cualquier forma, promoviere la declaración de una huelga de empleados u obreros que presten servicios en reparticiones oficiales o empresas semioficiales”.

Esto incluía a los ferroviarios: los trenes eran del Estado. Habían sido comprados a las compañías inglesas en 1947. Para los obreros de empresas privadas, las penas con prisión se extendían desde dos meses hasta tres años.

La huelga había dejado de ser un derecho de los trabajadores. Se había transformado en un crimen político.

Evita, que era la garante implícita de la relación entre Perón y los trabajadores, se involucró en forma personal en el conflicto ferroviario. En una oportunidad, secundada por tres autos negros, fue hasta la sede del gremio de la seccional Remedios de Escalada, en Lanús, para reclamar la vuelta al trabajo. Encontró las puertas cerradas: nadie la recibió. Entonces se dirigió a la estación de trenes, se paró en el andén y convocó a los obreros. Poco a poco fueron saliendo de los talleres para escuchar su palabra. Los de Remedios de Escalada estaban entre los más grandes del país. Trabajaban en ellos cerca de cinco mil personas. Evita les pidió que levantaran la huelga en nombre de Perón. Un obrero socialista la retrucó. Evita se ensañó con él. Los obreros, finalmente, rechazaron su propuesta. Evita los mandó a “la puta madre que los parió a todos”. Eso dijo. Les advirtió: “Aténganse a la represión”. Y se fue.

No era una amenaza lanzada al azar.

Al día siguiente, los huelguistas debieron soportar la razia policial que se abalanzó sobre ellos. Perón estaba indignado con la continuidad de una huelga que provocaban “dos mil agitadores” con la anuencia de 148.000 indecisos. El conflicto se militarizó. Los ferrocarriles se militarizaron. El que no fuera a trabajar sería procesado por violar la Ley de Seguridad del Estado y juzgado por el Código de Justicia Militar.

La movilización de tropas en los lugares de trabajo fue reduciendo la fuerza de la huelga. Hubo miles de despidos, cerca de dos mil detenciones. Trescientos obreros fueron encarcelados en distintos penales.

Pero la protesta se retomó algunos meses después. Los ferroviarios seguían en prisión desde principios de año; la sede gremial de La Fraternidad (socialista) había sido asaltada y saqueada. El descontento persistía con huelgas parciales, señales rotas, choques de locomotoras y trenes fuera de servicio.

En agosto de 1951 los civiles que conspiraban contra Perón buscaron la coincidencia entre la protesta ferroviaria, la agitación estudiantil y la insubordinación militar del Gral (RE) Benajmín Menéndez.

Uno de los apéndices civiles que intentó unir las partes fue Juan Ovidio Zavala,dirigente radical de procedencia universitaria.Zavala tenía un grupo llamado “Quinto Regimiento”. Su “comisión técnica”, integrada por estudiantes de Ingeniería y de Química, fabricaba bombas en un laboratorio céntrico.Zavala editaba periódicos clandestinos e interfería las ondas radiales. Ya había cometido varios atentados contra el peronismo: una granada —que no estalló—para descarrilar un tren de campaña que movilizaba a Perón en las elecciones de1946; una bomba de humo, guardada en una petaca, en una función de gala en el Teatro Colón para importunar la presencia de Perón y Evita; una bomba contra el consulado español y una herida de bala contra un policía, en medio de un cruce violento con militantes de la ALN.

Juan Ovidio Zavala
Juan Ovidio Zavala

Para la época de la huelga ferroviaria, en agosto de 1951, Zavala era uno de los referentes civiles de la insubordinación militar. Había pasado a la acción: colocó “caños” de gelinita sobre las vías y provocó destrozos.

El punto de partida del complot de Menéndez era detener a Perón y, si la situación se complicaba, matarlo. El presidente concurriría a un acto de la Escuela de Suboficiales el 28 de septiembre a las 8 de la mañana. Los sublevados lo cercarían. Menéndez evaluaba que, si Perón era detenido o muerto, la lealtad castrense se quebraría y los jefes militares preferirían unirse al golpe antes que ser víctimas de una represalia. Así obtendría nuevos apoyos.

General Benjamín Menéndez
General Benjamín Menéndez

El plan de Menéndez incluía la toma de treinta tanques Sherman de la Caballería Blindada de Campo de Mayo, con los que marcharía hacia el Colegio Militar. Calculaba que en El Palomar encontraría el aliento de la oficialidad todavía renuente a la sublevación.

Otro paso simultáneo del plan: que el Destacamento Mecanizado de La Tablada, con sus piezas de artillería, tomara la Séptima Brigada Aeronáutica de Morón. La distancia era de siete kilómetros. Las columnas podrían desandarlos con rapidez.

Bloqueada la posible reacción aérea en Morón, también había que sabotear el despegue de los aviones Gloster asentados en Villa Mercedes, San Luis, para el mismo fin. Se efectuaría en la noche previa al alzamiento. De este modo, el gobierno sólo mantendría operativas las bases de Mendoza y de Tandil. Pero, en ambos casos, los Gloster deberían realizar una parada de reabastecimiento antes de arribar a Buenos Aires.

Además, Menéndez contaba en favor del alzamiento con una docena de aviones de la base de la Marina en Punta Indio. El objetivo era tomar las bases de Morón, Palomar, Ezeiza, Quilmes y Aeroparque e impedir cualquier fuga de Perón, si lograba librarse de su asedio en Campo de Mayo.

El día 28 de septiembre de 1951, avanzada la madrugada, todo empezó a funcionar bien para el golpe de Estado. Bien en parte, porque Perón no concurrió a Campo de Mayo. Pero, de todos modos, el capitán Alejandro Lanusse tomó la Escuela de Equitación; la Escuela de Caballería también se sublevó y Menéndez accedió al Regimiento de tanques C-8 de unidades blindadas. Allí enfrentó el primer problema: no tenían nafta. El tiempo perdido en la búsqueda de un camión cisterna diluyó la sorpresa. El jefe del C-8 leal resistió la sublevación y se produjo un intercambio de disparos entre los oficiales rebeldes y suboficiales leales. El cabo Miguel Ángel Farina, soldado leal, cayó muerto de un tiro en el pecho cuando saltó de su tanqueta.

Apenas enterado del alzamiento, Perón decretó el estado de guerra interno a través de la Ley Marcial. Proclamaba que “todo militar que se insubordine o subleve contra la autoridad militar constituida o participe en movimientos tendientes a derrocarla o desconocer su investidura será fusilado inmediatamente”.

La salida rebelde de Campo de Mayo fue mucho menos limpia de lo que imaginaba Menéndez. Aunque pudieron cargar combustible en siete tanques, solo dos de ellos lograron transponer la unidad militar. El resto se fue deteniendo por distintas averías.

Menéndez prosiguió la marcha en sucarrier, secundado por tres unidades blindadas y cerca de doscientos hombres que galoparon en busca de apoyo hasta el Colegio Militar. El general Héctor Ladvocat se lo negó. Bloqueado el alzamiento en El Palomar, Menéndez intentó trasladarse a Morón. Entonces supo que la columna sublevada de La Tablada había sido neutralizada después del primer cañoneo de artillería, poco antes de llegar a la base aeronáutica.

Antes del mediodía, Menéndez decidió entregarse en el Colegio Militar ante el general que pensaba sublevar. Los pilotos de la Infantería de Marina alcanzaron a levantar vuelo, pero, enterados de los sucesos, hacia el mediodía, retornaron a Punta Indio y se mantuvieron a la expectativa.

La CGT convocó a la Plaza de Mayo. A las 15.30, Perón ya estaba en el balcón de la Casa de Gobierno con sus ministros. En ese momento, Punta Indio tenía veinte aviones con motores en marcha dispuestos a bombardearlos. Pero el discurso de Perón fue demasiado corto y la escuadrilla aérea desvió su vuelo al Uruguay.

Al día siguiente, mientras ya comenzaban las misas de oración por su salud, Evita reunió a la CGT en su lecho de enferma y dispuso dinero de su fundación para la compra de cinco mil pistolas automáticas y mil quinientas ametralladoras, para ser entregadas a “las milicias populares”.

El fracaso de la sublevación le permitió a Perón afianzarse en el poder y tener mejor controlado el ámbito castrense. Intentó que las fuerzas armadas se “peronizaran” y sus cuadros mantuvieran una mayor identificación ideológica con el presidente y el movimiento justicialista.

Sin embargo, no logró depurar a sus enemigos de la oficialidad. El tribunal militar que juzgó a los sublevados no los sancionó con la pena capital, como esperaban las organizaciones peronistas. Menéndez recibió quince años de condena y la expulsión de la fuerza, y otros oficiales del Ejército, de cuatro a seis años.

 

El mes anterior a la sublevación militar,Zavala había sido detenido por la huelga ferroviaria. La represión había impactado contra los obreros socialistas. Muchos volvieron a prisión, otros se exiliaron en el Uruguay. Zavala no la pasó bien. Lo condujeron a la comisaría de Boulogne,donde lo esperaba el interrogatorio policial con su soporte técnico: los algodones, las ligaduras de cuero, la mordaza en la boca, la batería, la dínamo, los cordones eléctricos y la picana, con su extremo en punta.

Zavala estaba desnudo sobre la mesa. Se sentía un animal muerto. Un médico, que se había colocado a un costado de la sala, cada tanto examinaba su corazón para ver si respondía. El comisario inspector Juan Simón Etchart, jefe de la seccional Boulogne, le recomendaba que no se confiara. Más de una vez, un torturado se le había ido por no poder contener sus impulsos. Etchart había ganado fama por usar la picana siempre con la compañía de un vaso de vino tinto. Torturar le producía excitación. Zavala, en cambio, prefería morirse. La idea de estar muerto lo aliviaba. Le hacía relajar el cuerpo. Pero no. Cada nueva pregunta cargaba más electricidad. Lo interrogaban por Emilio Gibaja, José Azarosa Gil, Félix Luna, por los dirigentes obreros que había alojado en su casa, por los volantes de apoyo a la huelga ferroviaria, por las bombas. También por su tío, el diputado radical Miguel Ángel Zavala Ortiz. Sentía un dolor tan lacerante que quería decir hasta lo que no sabía. Pero tenía la boca tapada y después, cuando la picana cesaba, lo atormentaba pensar cómo lo oprimiría la conciencia si perdiera el control y revelara nombres y hechos. Calló lo que sabía sobre el comando que organizaba la insubordinación militar, calló sus diálogos con “Puchi”, como llamaba al coronel Luis Leguizamón Martínez. Dos veces perdió el conocimiento. Lo llevaron al calabozo. El médico que le vigilaba el corazón le aseguró que no lo torturarían más. No podían seguir arriesgándose por tres o cuatro datos. La huelga ferroviaria ya había sido abortada.

Al quinto día de detención, el 18 de agosto, Zavala ya estaba en la cárcel de Olmos. Allí, en la enfermería, encontró a Gibaja y a Luna. Habían sido detenidos en el allanamiento al sótano de la Facultad de Derecho. Gibaja, el presidente del centro de estudiantes de la facultad, también fue torturado. Lo mismo sucedió con Luna, quien al cabo de pocos años trascendería como historiador. Muchos años más tarde entrevistó a Perón en su exilio de Madrid. Este le requirió que le nombrase a un solo opositor que hubiese sido torturado durante su gobierno. Uno solo. Luna dijo “yo”.

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