La tortura

 

En la cárcel, uno tenía por lo menos la

satisfacción de sentir que al fin tocaba fondo, vivía en

la realidad. La cosa se había materializado. Esa fue

mi primera reacción: “Ya estoy fuera de la zona de la

falsa libertad; ya estoy al menos en una verdad…”.

Victoria Ocampo, escritora, detenida cuatro

semanas durante el gobierno peronista.

Perón confiaba en la policía por encima de cualquier otra fuerza de seguridad. La Policía Federal había facilitado la concreción del hecho fundacional de su liderazgo. El 17 de octubre de 1945, su jefe, el coronel Juan Filomeno Velazco, desobedeció la orden de represión impuesta por el Ministerio del Interior y permitió que los trabajadores cruzaran el Riachuelo para reclamar la libertad de Perón, cuando este era prisionero de los militares. Ese día, la propia policía gritaba “¡Viva Perón!” al paso de los manifestantes.

Perón concibió la policía como un cuerpo político. En sus dos primeras presidencias, la policía vigiló, encarceló y torturó a dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles de la oposición; también fue un obstáculo para las conspiraciones internas de los militares contra el gobierno.

Perón simpatizaba con la fuerza que había sido creada en forma casi simultánea con su irrupción en la política y les otorgó a sus integrantes mejores sueldos, condiciones laborales y beneficios previsionales. Además, hizo realidad un reclamo corporativo: que la policía tuviese su propio Código de Justicia y sus conductas fuesen juzgadas por sus pares. Como sucedía con los militares.

El fundamento de esta decisión lo explicó así: “El policía es el hombre que actúa frente al delincuente teniendo este las mismas garantías que aquel. ¿Por qué? Así el poder siempre lleva las de perder. Para mí ha sido siempre anacrónico. Una cosa que me ha hecho sonreír… [es] saber que el vigilante —para poder utilizar su arma— tiene que recibir primero un balazo. Esto pone a esa pobre gente en una situación desgraciada”.

La “vieja guardia” de la Sección Especial de la Policía Federal del gobierno de Perón había hecho su experiencia en la Sección Orden Político comandada por Leopoldo Lugones (h) a inicios de los años treinta, durante la dictadura del general José Félix Uriburu. En el sótano de la cárcel de la Penitenciaría, donde prestaban sus servicios, habían torturado a radicales, anarquistas, comunistas, estudiantes, militares y gremialistas, entre otras víctimas. Esas prácticas se reprodujeron en la Sección Especial. La repartición estaba ubicada en un edificio anexo a la Comisaría 8a, Urquiza 556.

Cipriano Reyes: de la alianza política a la tortura y la cárcel

Uno de los visitantes más célebres de la Sección Especial fue Cipriano Reyes. El sindicalista había logrado el apoyo de Perón, al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, para enfrentar al comunista José Peter por la conducción del gremio de la carne. Para consolidar su imagen de “coronel de los trabajadores”, y en plena etapa de conquista del mundo fabril, Perón había caminado en varias oportunidades del brazo de Reyes por las calles de Berisso. Por entonces, la alianza entre el obrero del frigorífico Armour y el coronel parecía inquebrantable. Incluso Perón, en los funerales de su hermano Doralio Reyes, muerto tras un tiroteo con los comunistas, le afirmó: “Ahora sí somos soldados de la misma causa”.

Cipriano Reyes en un discurso
Cipriano Reyes en un discurso

Reyes retribuyó la lealtad de Perón y fue un hombre clave en la organización de la movilización popular del 17 de octubre. Después prestó su recién creada estructura política, el Partido Laborista, para la candidatura presidencial de Perón en las elecciones del 24 de febrero de 1946.

Pero tras el triunfo, la relación se modificó. Aun antes de asumir el poder, Perón demostró que su brazo político era circunstancial y nadie que no fuese él (o su esposa, Eva Perón) debía interferir en su liderazgo sobre el movimiento obrero.

En mayo de 1946, Perón ordenó la disolución de todas las agrupaciones partidarias que lo habían llevado al poder y las subordinó a otra estructura —el Partido Único de la Revolución Nacional, como lo denominó en ese momento—, que sería el sustento político de su gobierno. El nuevo partido estaba centralizado en su figura.

Reyes se negó a sepultar al laborismo. En forma casi inmediata, sus locales comenzaron a ser asaltados a mano armada. Por sus “desviaciones políticas”, y por oponerse a “la unidad”, el oficialismo lo consideró un traidor. El sindicalista conoció la soledad política. Fue perdiendo influencia entre los suyos y quedó solo en su “bloque laborista” en el Congreso. El resto se sumó al peronismo. Y como no pudo ser alcanzado por las políticas de cooptación —que ya habían aprehendido a muchos sindicalistas—, fue perseguido.

En la madrugada del 4 de julio de 1947, Reyes tuvo su advertencia. Una ráfaga de ametralladora le atravesó el chambergo cuando salía de su casa de La Plata. Él se salvó, pero en el ataque murió el chofer de un taxi.

Reyes persistió. Con su partido ilegalizado, empezó a promover su participación, y la del laborismo, en las elecciones por la reforma constitucional en 1949.

Entonces, como había sobrevivido a otros atentados en Tucumán, San Martín y Berisso, el gobierno decidió que para sacarlo de circulación había que revertir la táctica. Desplazarlo de su rol de víctima y enredarlo en un supuesto complot contra Perón para encarcelarlo.

La Sección Especial fue utilizada para este plan.

Por entonces, el país estaba bajo estado de sitio. Cada reunión política debía contar con autorización policial. Reyes solicitó permiso. El general Juan Bautista Molina, jefe de la Policía Federal, se lo concedió como un hecho excepcional, pero le pidió que le informara los detalles: el lugar, la hora y los nombres de los concurrentes.

Reyes se los proveyó. Quintana 24, primer piso, el domicilio de Walter Beveraggi Allende, vicepresidente del Partido Laborista.

Walter Beveraggi Allende
Walter Beveraggi Allende

Según Reyes, en el curso de la reunión, llegaron dos personas que se presentaron como “el teniente Pereyra” y un ayudante. Le informaron que existía un plan para derrocar a Perón. El movimiento lo comandaba el brigadier Vélez. Ya habían comprometido a varios oficiales del Ejército y la Marina; había armas, granadas. Faltaba que ellos, los laboristas, se decidieran a colocar a un jefe civil para que la revolución se iniciase. Los invitaban a una reunión con Vélez.

Era un “complot revolucionario” demasiado limpio como para resultar creíble, pero Reyes cayó en la tentación. Quiso saberlo.

La primera indagación al interior de la fuerza dio resultado positivo. El apellido Pereyra existía y el brigadier Vélez también. Sin saberlo, Reyes se fue acercando a la boca del lobo. Aceptó la invitación y, con algunos de su grupo, fue a la sede de la Aeronáutica Civil. Pereyra los hizo pasar. Les informó que el brigadier estaba en la oficina de al lado. Se demoraría sólo un momento. Pero finalmente Vélez no llegó.

La cita se postergó para el día siguiente, a la noche. Reyes sospechó del ardid y decidió no concurrir. Pero envió una comisión, liderada por el sacerdote Víctor Jorbán Farías, para dar por concluido el tema. Pero el tema acabaría con Reyes durante los siete años siguientes.

Esa misma noche, la del 23 de septiembre de 1948, ya tenía encima a un comisario con una orden judicial de allanamiento en Quintana 24. Una hora después torturaban a Reyes y a los miembros de su Junta Promotora en la Comisaría 17a.

Fue un procedimiento rápido. Un oficial de Marina, pariente de Beveraggi, que estaba de visita, también fue torturado. De golpe, apareció el teniente Pereyra en la comisaría. Desaliñado, parecía formar parte del lote de detenidos. “Cante Reyes, cuente todo”, le gritó. Los miembros de la Junta Promotora fueron cargados en un carro celular de la policía, encadenados. “¡A la horca! ¡A la horca!”, le gritaba a Reyes un grupo reunido en la calle.

Al día siguiente, se denunció el complot. La versión oficial decía que un espía norteamericano había contactado a un grupo argentino con el objetivo de matar a Perón, a Evita y a varios ministros. El atentado tenía fecha: sería el 12 de octubre, en la gala del Teatro Colón.

Perón convocó a un acto en la Plaza de Mayo ese mismo día. El pueblo respondió. Lo aplaudieron durante cinco minutos antes de que tomara el micrófono. Perón encuadró el supuesto atentado en la línea de los crímenes de líderes latinoamericanos como Augusto Sandino (Nicaragua, 1933) o Jorge Eliécer Gaitán (Colombia, 1948), que tuvieron intervención norteamericana. El plan abortado tenía el mismo origen: un asesinato pagado por el “oro extranjero”, en favor de los intereses de consorcios capitalistas que deseaban su muerte.

Perón no mencionó a Reyes. Pero hizo alusión a “un payaso que hace creer que lucha” por el pueblo trabajador y a otros usureros. Tampoco eran necesarios más datos adicionales. Los identikits de los complotados estaban publicados en los diarios de la mañana. Cipriano Reyes, su hermano Héctor, Beveraggi Allende, dos mujeres, dos capellanes de la Armada, un cura y un ciego. Ese era el grupo local, “los enemigos de adentro”, que formaban parte de la confabulación. La policía caracterizó a Reyes como “un sujeto de pésimos antecedentes personales y policiales, traidor a la Patria y al servicio del oro norteamericano”.

En ese momento, mientras Perón le hablaba a la multitud, el grupo laborista permanecía en la cárcel de la Penitenciaría. Llevaban dos días sin comer. El jefe de la unidad penal, Roberto Pettinatto, permitió a la prensa que les tomaran fotografías con sándwiches y bebidas que luego retiró de la mesa.

Roberto Pettinato
Roberto Pettinato

Eva Perón también se refirió a ellos desde el balcón. Hizo hincapié en la ley. Había que fiarse de la Justicia, como había dicho Perón. Pero había que tener en cuenta algo más: “Sepan que si ellos no obedecen la consigna de luchar por una Argentina libre, justa y soberana, el pueblo puede tomarse algún día la justicia por sus manos”. Ese día, si llegara, dijo Eva, ella estaría a la cabeza del pueblo si fuera necesario.

Después de su paso por la Penitenciaría, los detenidos fueron trasladados a la Sección Especial. Entonces les fueron colocando las cadenas, las vendas y las capuchas negras. Fueron pasando a una oficina de a uno, los colocaron en una mesa, los ataron de brazos y piernas con correas de cuero y los tuvieron en silencio, desnudos, por un largo rato.

Pero no los tocaron.

Esperaban al jefe. El jefe llegó. Reyes escuchó su voz persuasiva.

—¿Dónde tenés escondidas las armas? —le dijo—. ¿Cuántos son los militares comprometidos?

A cada pregunta la acompañaba con la aplicación de la picana eléctrica. En la oreja. En la planta de los pies. Los gritos de Reyes se apagaban con música. Pero Reyes se ahogaba, se hundía, se iba. Le oprimieron el pecho, trataron de extraerle la lengua para salvarlo.

Reyes reaccionó. Le desataron las correas, lo incorporaron, le tomaron el pulso. Cuando ya estaba mejor, volvieron a golpearlo.

El jefe de la Sección Especial, el comisario Cipriano Lombilla, en el oído, le susurraba que confesara todo lo que Reyes no sabía. Lo dejaron tirado en el calabozo.

Lombilla recomendó que no le dieran agua. Reyes usó su sombrero de almohada. Parecía muerto. Parte de la dirigencia laborista atravesó experiencias parecidas a la suya. El algodón en los ojos, el vendaje, la mesa de tortura, las preguntas sin respuesta, el alambre electrificado —dos alambres en algunos casos—, el amplificador con música, los gritos ahogados, el desmayo, el calabozo, la sed. El radiólogo Luis Eugenio García Velloso no se salvó del vendaje, pese a ser ciego. Le movieron la mano para que firmara una declaración en la que se autoincriminaba.

Cuatro días después de la detención, llegó a la repartición policial el juez Oscar Palma Beltrán para indagarlos. El juez pidió el nombre de todos. Eran catorce. La mitad de ellos había sido torturada. Algunos supusieron que actuaría en su defensa y denunciaron los tormentos. Recibieron puntapiés. La policía ya les había advertido que debían hacer silencio. El magistrado prosiguió. Les indicó que los había hecho reunir en la Sección Especial para facilitar la actuación de la Justicia.

Después, se acercó a Reyes: “Viejito, aquí no ha pasado nada. Vos sos lo suficientemente vivo como para no querer volver allá arriba, ¿no es cierto?”, le dijo, en referencia a la mesa de torturas.

En el lugar estaba el oficial principal Salomón Wasserman, que revistaba en la Sección Especial. Unos días atrás, los laboristas lo habían conocido como “el teniente Pereyra”.

Excepto Reyes y el sacerdote Jordán Farías, que hicieron una pasada por la enfermería de la Penitenciaría para ser restablecidos, el resto fue a la cárcel de Devoto. La esposa de Reyes estuvo ocho meses detenida sin proceso judicial.

El juez no encontró elementos para condenarlos. Pero la Cámara revirtió la sentencia. En el lapso entre una instancia judicial y otra, Beveraggi Allende se escapó del país. Reyes, en cambio, no saldría en libertad hasta la caída de Perón, en 1955.

Las consecuencias de la autonomía sindical

Mientras Perón ponía en marcha las reformas sociales, que representaban una demanda histórica de los trabajadores, el movimiento obrero se fue convirtiendo en el agente político del gobierno, la base de la movilización popular. Pero aquellos sindicatos que quisieron mantener su autonomía frente a las políticas de la CGT y el Estado padecieron la amenaza, la persecución y la tortura.

En 1949, los afiliados telefónicos luchaban por mantener sus derechos gremiales, despojados luego de la intervención de la CGT, alineada con el sindicalismo “vertical” peronista. Los telefónicos se declararon en huelga. En respuesta, el gobierno aplicó su política de “trato duro” con los gremios disidentes para dar por terminado el conflicto.

En la madrugada del 1o de abril, un grupo de la Sección Especial allanó sin orden judicial cuarenta domicilios de empleados telefónicos. Decían que entraban para buscar documentos que habían sido hurtados de las oficinas. Veinte detenidos fueron transportados a Urquiza 556.

El episodio obtuvo notoriedad, sobre todo porque las torturadas fueron operadoras telefónicas. Una de ellas, Nieves Boschi de Blanco, además, estaba embarazada.

La sacaron de su casa, la llevaron a la comisaría de Ramos Mejía y luego Lombilla, junto al oficial principal José Faustino Amoresano y otros cuatro policías, se ocuparon de interrogarla. Le tiraron de los pelos y le golpearon la cabeza contra la pared. Después la acostaron en una camilla y le aplicaron la picana eléctrica con una intensidad que variaba entre los cincuenta y los cien voltios, en principio sobre la ropa y luego sobre su cuerpo.

La tortura desvaneció a la empleada telefónica, pero, apenas se restableció, Amoresano persistió con su rutina en las partes más sensibles: oído, senos, vientre, ingle, genitales y piernas. Para ahogar el sonido de sus gritos, colocaron un disco de jazz en el fonógrafo. “Te vamos a hacer largar el hijo antes de tiempo”, le advirtieron.

La operadora fue trasladada a un calabozo del Departamento Central de Policía. Le tomaron fotografías, legalizaron su detención y luego fue liberada. En la Sala de Primeros Auxilios de Ramos Mejía le comunicaron que había perdido el hijo.

Algunos gremios y partidos opositores reclamaron la supresión de la Sección Especial y la reincorporación de empleados telefónicos, dejados cesantes tras las torturas.

Pero no hubo lugar a los reclamos. Por el contrario, desde la presidencia de la Nación se destacó el desempeño de Lombilla y otros funcionarios en “la pesquisa destinada a identificar a los integrantes de un grupo de comunistas que bregaba constantemente para producir una atmósfera de intranquilidad y descontento ante el personal de Teléfonos del Estado”.

Otro caso de torturas, pero seguido de muerte, ocurrió en Tucumán, a partir del conflicto de los azucareros, en 1949. Los trabajadores estaban agremiados en FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera). El sindicato, afiliado a la CGT, apoyaba al peronismo, pero aun así mantuvo su activismo y su conflictividad. La explotación estacional de la fuerza laboral los convertía en mano de obra barata para la industria azucarera.

Durante los primeros años de su gobierno, Perón subsidió los aumentos salariales para evitar conflictos que afectaran la estructura socioeconómica del norte argentino. Pero hacia 1948, los subsidios se cancelaron, los ingenios azucareros redujeron los salarios y los obreros reclamaron que se los equiparara con otras industrias.

Fueron a la huelga durante cinco días. Hubo cientos de detenidos. En una de las redadas cayó Carlos Aguirre, que organizaba tareas de solidaridad del gremio. Fue secuestrado, llevado a la Casa de Gobierno de Tucumán. Sometido a golpes por un grupo de civiles y policías, un golpe de puño en el cuello le provocó la muerte. Entonces debía resolverse qué hacer con su cadáver. Lo retiraron de la Casa de Gobierno por un balcón, lo cargaron en un jeep, apagaron las luces de las calles céntricas y lo trasladaron hasta el cerro Aconquija. Lo sepultaron en un pozo en una de sus laderas, y lo cubrieron de cal. Pero a los pocos días, mientras se denunciaba su desaparición, los lugareños señalaron el sitio para que el cuerpo pudiera ser desenterrado.

El subjefe de policía y otros funcionarios fueron condenados a prisión con penas mínimas —de dos a cuatro años—, pero fueron liberados antes de cumplir la pena.

 

 

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